A propósito de la entrada en vigencia de la ley N° 21.523, conocida popularmente como "Ley Antonia", es que escribo este artículo. La mencionada ley es conocida por introducir nuevos tipos penales, como lo es la inducción al suicidio y el suicidio femicida. Pero más allá de ello, y de la razonable crítica que se le pueda realizar a estos nuevos delitos, la Ley Antonia, como tantas otras reformas penales, vino a introducir una nueva restricción para la concesión de penas sustitutivas en nuestro ordenamiento.

La mencionada ley introdujo nuevas "excepciones" (que ya es difícil continuar denominándolas así) a la ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas, estableciendo que a los autores de los delitos consumados de estupro y abuso sexual propio, impropio y agravado, no se les concederá pena sustitutiva alguna, ni tampoco procederá, respecto de ellos, la pena mixta. En otras palabras, toda persona condenada como autor de un delito consumado de estupro o abuso sexual (con excepción del abuso sexual por sorpresa) deberá cumplir su pena privado de libertad.

Sin llegar a discutir la proporcionalidad o no de la reforma antes indicada, esta modificación refleja una nueva restricción a las facultades con que cuentan los jueces para verificar la conveniencia o no de otorgar una pena en libertad a un condenado. Esta medida adoptada por el legislador no es nueva, pero hasta el año 2012 era excepcionalísima.

Dicho año se estableció la imposibilidad de otorgar penas sustitutivas a diversos delitos, entre ellos, los delitos de violación propia e impropia, parricidio y homicidio calificado. Posteriormente, se fueron adicionando otros tipos penales, como el homicidio simple y varios delitos de la ley de control de armas (estos últimos con algunas contra excepciones).

La rigidez legal antes descrita, limita severamente la libertad del juez para poder analizar la conveniencia o no de otorgar una pena en libertad al condenado, pues, pese a que éste estime que el encartado merecía el otorgamiento de alguna pena sustitutiva, en razón de las características del caso y del sujeto en particular, el legislador le impide que pueda plasmar en su sentencia la convicción arribada. Esto último es lo que se critica de las actuales reformas penales, el hecho de que el legislador venga en sustituir al tribunal en esta importante y decisiva decisión de privar o no de su libertad a una persona.

Chile será sede de los juegos "Parapanamericanos", un evento deportivo que reúne a atletas con discapacidades físicas, visuales o intelectuales de todo el continente americano.

Esta cita deportiva se celebra cada cuatro años y fue creada en 1999 en Ciudad de México con el propósito de promover la inclusión y el deporte para personas con discapacidades en el continente.

"Esta iniciativa permitirá ver a figuras relevantes de la discapacidad participando en 18 disciplinas deportivas, quienes se darán cita en nuestro país para dar cuenta y mostrarnos como llevar al máximo las capacidades físicas y psicológicas al momento de competir en iguales condiciones", explica Alan Martínez, académico de la Escuela de Kinesiología de la U. Andrés Bello.

Este evento es el de más alto nivel que le ha tocado organizar a Chile en esta materia (hubo un acercamiento con Paraodesur 2014), pero el nivel de los participantes, la cantidad deportistas, delegaciones, el interés internacional dan cuenta de una experiencia de mayor jerarquía.

En los Juegos Parapanamericanos 2023, Chile contará con un número mayor de deportistas nacionales participando en más disciplinas, además de tener el apoyo del público local, por lo que el país podría tener más opciones y obtener un número mayor de medallas.

Con todo, a partir del 17 de noviembre, se inicia esta fiesta del deporte que marca un hito para nuestro país y para las personas con discapacidad.