Hay un conjunto de factores que se unen y propician la ocurrencia de derrumbes de edificaciones. Entre ellos, las características del lugar; los emplazamientos de las viviendas, como quebradas, rellenos no controlados, zonas de riesgo o terrenos erosionados; por agentes climáticos o edificaciones que fueron realizadas fuera de norma, sin criterios de seguridad, que presentan deterioro estructural, además construcciones que son muy antiguas que cumplieron su vida útil.

Entre los signos, plantea Manuel Díaz, director de Construcción Civil de la Universidad de Las Américas, sede Viña del Mar, que pueden alertar que una edificación puede colapsar o derrumbarse (detectables mediante inspección visual) están las grietas estructurales de cimientos, pilares, vigas, paredes y muros; evidencia de deslizamientos de la vivienda; degradación o erosión del suelo, tanto por humedad como por sequía en largos periodos, entre otros. Es importante estar atentos y hacer seguimiento a estos problemas, procediendo con anticipación para evitar un colapso de la edificación. Sobre las responsabilidades de estos hechos, son compartidas. Los municipios deben velar por el cumplimiento de los instrumentos que regulan los suelos en sus comunas, haciendo más efectivos los pro-cesos de fiscalización y promoviendo la construcción en lugares menos riesgosos. Pero, además, debe existir responsabilidad de los propietarios quienes deben revisar posibles fallas en sus terrenos y construcciones, haciéndose asesorar por especialistas del área para prevenir accidentes.

Ellos podrán hacer un diagnóstico para definir una posible solución. También es fundamental informar al departamento de emergencias municipal, a la dirección de obras o al Serviu para recibir asesoría y promover la coordinación entre las autoridades y la ciudadanía para evitar este tipo de situaciones.

El proceso constitucional sigue sin entusiasmar a la ciudadanía. Un buen ejemplo son los resultados del proceso de participación. El buen despliegue profesional de la Secretaría, que contó con meses de planificación, amplia cobertura comunicacional, recursos abundantes y que no tuvo detractores dentro del Consejo, muestra sin embargo un magro balance: 1.309 iniciativas populares de norma presentadas -algo más de la mitad que las de la Convención- y 31 que reunieron los 10 mil apoyos necesarios, frente a 78 la vez anterior.

En la Convención participó prácticamente un millón de personas en el proceso, ahora se llegó apenas a 236 mil. La agenda de las iniciativas que ingresan al debate resultó equilibrada en cuanto a las posiciones conservadoras y las transformadoras o progresistas. ¿Está considerando este factor la mayoría conservadora del Consejo?

Se solicitaron cerca de 2 mil audiencias (5 mil en la Convención). De ellas se realizaron 1.136 (18 en Los Lagos), un 30% menos que la vez anterior, a pesar de la participación de 40 universidades dispusieron de 75 recintoques para su realización. Audiencias e iniciativas muestran también un fuerte sesgo "santiaguino" y de personas con educación superior completa. La Consulta Ciudadana en línea reunió 38 mil personas y los Diálogos cerca de 11 mil. Por otra parte no ha habido ni habrá la indispensable consulta indígena.

El escaso tiempo de ejecución contemplado para el proceso participativo impidió que la buena organización tuviese logros significativos. Pero, más importante aún, se aprecia el desapego ciudadano respecto del actual proceso constitucional. Sea porque las urgencias hoy día son otras, porque el proceso se aprecia como muy controlado "desde arriba" o, finalmente, porque la hegemonía incontrarrestable de un sector lo vuelve poco atractivo para los demás.

Lo concreto es que el proceso continúa sin lograr adhesión ciudadana suficiente, lo que plantea enormes desafíos futuros para que este logre dar cuenta de la crisis que le dio origen y permita configurar un nuevo escenario. No se advierte que la dinámica del actual Consejo Constitucional esté logrando dar los pasos necesarios para ello.