Los diputados de la UDI Sergio Bobadilla, Flor Weisse y Juan Antonio Coloma ingresaron una querella en Concepción para que se investigue un eventual vínculo por la asignación de convenios por trato directo a la fundación Urbanismo Social por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Biobío.

El libelo es para indagar dineros pagados a empresas recién creadas que emitieron sus primeras boletas para brindarle servicios al Gobierno como asesoría en instalación de viviendas de emergencias. Bobadilla señaló que "están identificadas las empresas que han emitido estas facturas" y añadió que "son dos empresas que, a nuestro entender, no tienen experticia ni trayectoria en estos servicios que van a prestar y eso es lo que nos llama la atención".

"Por eso pedimos que se cite a declarar a la delegada presidencial (la militante de RD Daniela Dresdner), porque creemos que existe tráfico de influencias y situaciones que podrían ser sancionadas desde el punto de vista legal, y creemos que la delegada debe responder por esto", sentenció.

Ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, habló sobre el caso Convenios y dijo que a la fundación Democracia Viva "se ordena la restitución de los dineros y la liquidación del contrato. Dicha liquidación se debe realizar en los próximos cinco días (contando desde el lunes) y Democracia Viva tiene un plazo de 30 días para la restitución de los fondos en arcas fiscales".

El gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, es investigado en calidad de imputado por presuntas transferencias irregulares a la Fundación Local por más de $ 1.200 millones para ejecución de proyectos turísticos. "Cualquier persona en contra de quien se presente una denuncia tiene la calidad de imputado por disposición de la ley y, obviamente en este caso, por haberse presentado una denuncia contra él, (Rivas) tiene esa calidad", afirmó el fiscal regional, Roberto Garrido.

La Acusación Constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila generó una división dentro de la oposición, ya que algunos diputados se descolgaron y rechazaron el libelo acusatorio.

Sobre este tema, el extitular de la cartera durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Raúl Figueroa, dijo en EmolTV que presentar la acusación "fue una torpeza".

"Es una herramienta extrema que debe usarse en casos muy acotados donde es evidente que existe una vulneración a la Constitución o a la ley y no es un juicio político", afirmó, recordando que cuando él estuvo en el gobierno fueron muy críticos.

El otrora secretario de Estado sostuvo que "cuando se presentan acusaciones que no cumplen con esas exigencias, los temas de fondo y relevantes quedan en un segundo plano y se llena todo de una politiquería bastante básica y los que quedan atrás son los ciudadanos que esperan que las autoridades gobiernen".

"El origen de la acusación es entendible frente a un Mineduc que lo ha hecho lamentablemente muy mal en su gestión", destacó.

Sobre la molestia dentro de la oposición por los descolgados que rechazaron el libelo, comentó que "la reacción de quienes acusaron es entendible, lo que pasa es que si vas a presentar una acusación tienes que levantar un caso fuerte, coordinarlo adecuadamente y no tienes que dar espacios para expresiones que desvirtúan cualquier debate y que significaron la lápida al intento de la acusación constitucional".

Polémica en chile vamos

La decisión de diputados de Evópoli generó un conflicto dentro de Chile Vamos que escaló rápido.

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, dijo en radio ADN que solicitó una reunión de urgencia "entendiendo que es necesario una coalición 2.0".

Por otro lado, el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma aseguró que no hay" un quiebre", aunque agregó "que estamos golpeados sí, obviamente estas cosas causan efectos. Más allá de legítimas diferencias en la votación de ayer, que yo no comparto, creo aquí que lo más importante es que los chilenos están rechazando un gobierno y nosotros estamos mandatados como oposición a hacerle ver al país una forma distinta de cómo podemos hacerle ver las cosas y por eso es que las votaciones de ayer (miércoles) duelen".

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, resaltó que "si bien estos incidentes generan ruido en el momento, no alteran la relación de largo plazo y la institucionalidad con que tenemos que seguir adelante con nuestro proyecto político".

"No hay un quiebre dentro de Chile Vamos, por supuesto pedimos que se respete la autonomía de nuestros parlamentarios, pero no hay nada que cambie el escenario del proyecto político que compartimos".

ávila y junaeb

El ministro Ávila, tras superar la acusación constitucional, habló en Tele13 de la denuncia del exdirector de Junaeb, Cristóbal Acevedo, sobre un pago del organismo por 3.500 millones de pesos por 30 colaciones en 2022.

"Jamás los ministros firman convenios asociados a alimentaciones", remarcó el secretario de Estado, insistiendo en que "jurídicamente no pasa por el Ministerio de Educación".

La Gobernación regional de Biobío hizo una millonaria transferencia a la Fundación Horizonte Ciudadano de la expresidenta Michelle Bachelet para un proyecto encabezado por María Estela Ortiz, denominado "Niños, Niñas y Adolescentes: voces del Bío Bío para vivir sin violencia".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ayer habló sobre el traspaso de 389 millones de pesos y dijo que "por el momento no es claro si constituye una irregularidad".

"Una cosa son las asignaciones que se transfieren desde el gobierno central, donde hemos tomado acciones ante cualquier irregularidad o eventuales denuncias serias para iniciar los procesos correspondientes. Lo que tenga que ver con la justicia, se entrega a la justicia", afirmó.

La secretaria de Estado agregó que "estos casos de gobiernos regionales corresponden a las acciones por parte de ellos. En muchos casos hubo respuestas clarificando que se ajustan a procedimientos normados y de concurso que tiene cada uno".

"Para nosotros lo más importante es que exista una convicción en todas las autoridades y equipos de que, frente a denuncias fundadas de irregularidades, se tomen las acciones. Aquí no es corrupto quien ante un hecho de corrupción no solo se indigna, sino que responde y actúa", manifestó Vallejo.

Por último, la ministra enfatizó que "si se detecta una eventual irregularidad administrativa, correspondería para el GORE proceder con su regla y su investigación administrativa para determinar si constituye una irregularidad. Por el momento, no es claro".

Desde la oposición ya avisaron que estudiarán si corresponde presentar una querella por el caso.