Un estudio del Ministerio de Transportes, realizado luego del desconfinamiento tras la pandemia de covid-19, dio cuenta del aumento en las velocidades de desplazamiento de los vehículos en las áreas urbanas del país. Según la investigación, al haber menos automóviles en las calles los conductores tendían a desplazarse a velocidades más altas, lo que, lamentablemente, incide en el mayor número de accidentes de tránsito.

Si bien no hay datos recientes que digan que esta mala costumbre se retiró, lo cierto es que es común ver por las calles de distintas comunas a vehículos circulando a velocidades por sobre las permitidas en áreas urbanas, cuya máxima es de 50 kilómetros por hora.

A ello hay que agregar las características propias de esta época del año, que inciden complejizando aún más el escenario por donde se desplazan los automóviles, disminuyendo la visibilidad de los conductores y haciendo más resbaladizas las pistas de circulación.

Como consecuencia de esto a diario se registran colisiones, algunas de las cuales son producto de vehículos que impactan a alta energía, justamente por la imprudencia y el exceso de velocidad.

De ahí que sea necesario volver a insistir en que guiar un vehículo motorizado requiere, además de habilidades técnicas, altos grados de responsabilidad ciudadana, toda vez que se trata de una acción que se desarrolla en el espacio público y en la que de no mediar el respeto irrestricto a la normativa y el cuidado que indica el sentido común, puede generar daños a las personas.

Esta semana hemos conocido el caso de la Fundación Democracia Viva que habría recibido millonarios aportes injustificados por parte del Estado para efectos proselitistas en Antofagasta. Los antecedentes están en la justicia y, sin lugar a duda, debe ser investigado con la mayor rigurosidad para que haya castigos ejemplificadores. Sin embargo, a partir del razonable escándalo que esto ha generado, quisiera detenerme en algunas declaraciones destempladas de personas con poder, que es necesario no dejar pasar.

En efecto, a partir de este caso, no han faltado quienes han aprovechado de promover que se rompa la relación público-privada o, derechamente, pasar a hacer aportes directos al bolsillo de las personas para solucionar así los problemas públicos. Soluciones peores que la enfermedad.

Lo que sucede, es que entre las personas y el Estado existen los denominados grupos intermedios, asociaciones que son erigidas por personas naturales aglutinadas con propósitos específicos, que constituyen una personalidad distinta al de los individuos que lo componen. Es decir, son el resultado de un esfuerzo colectivo por materializar alguna necesidad. Iglesias, Universidades, Partidos Políticos, clubes deportivos, fundaciones y ONGS, son algunos ejemplos. Como este derecho es anterior a la existencia misma de los estados y cumplen propósitos que los estados no saben o no pueden satisfacer, éstos los reconocen y se obligan a promoverlos, dando pie a recursos económicos.

Por otra parte, un buen Estado es el principal instrumento de cambio social, pues es el resultado de un esfuerzo humano por doblar el destino natural de las personas. En efecto, en condiciones naturales, el fuerte suele imponerse al débil. Con un buen Estado, hay reglas claras, hay emprendimiento y crecimiento económico, y el débil tiene cómo tutelar sus derechos.

Es importante recordar ambas situaciones porque cuando se pide romper con la cooperación público-privada, o se termina promoviendo un insano estatismo suponiendo que el Estado es capaz de solucionar los problemas con pertinencia y una eficiente gestión de recursos, o se termina promoviendo un corporativismo olvidando que dichas entidades velan por sus intereses sociales o de sus asociados y no necesariamente en la armonía que requiere un país.

Por otra parte, comenzar a solucionar problemas en base a transferencias al bolsillo de cada uno, no asegura el buen uso de los recursos, ni su transparencia ni que se aproveche el conocimiento y experiencia que muchas asociaciones, más allá de Democracia Viva, hacen por el bien del país. ¡Vaya paradoja! Lo que ha hecho esa fundación es promover agendas de quienes buscan todo menos mantener viva una democracia.