Cuando se habla de los derechos ciudadanos, es frecuente que surja la pregunta ¿y cuáles son los deberes? Sin embargo, a nivel constitucional ellos están muy poco especificados. Actualmente el artículo 22 establece que "Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena (…)".

En el proceso de la Convención -cuyo texto fue rechazado el 4 de septiembre de 2022- hubo una iniciativa de norma que establecía además los deberes de "(…) proteger, promover y respetar los derechos humanos y fundamentales; proteger y conservar la naturaleza, los bienes públicos y el patrimonio histórico y cultural, material e inmaterial. Son deberes además el respeto por la diversidad, la especial atención a grupos desvalidos (…)".

La propuesta de la Comisión Experta que ahora debe estudiar el Consejo Constitucional contempla que: "Todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente, honrar la tradición republicana, defender y preservar la democracia, y observar fiel y lealmente la Constitución y la ley. Deben contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile; (…) proteger el medio ambiente y prevenir la generación de daño ambiental (…), respetar a Chile y a sus emblemas nacionales, honrar a la patria. Todos los ciudadanos que ejercen funciones públicas tienen el deber de desempeñar fiel y honradamente sus cargos (…) Combatir la corrupción es un deber de todos los habitantes de la República". Además, incluye: "Los habitantes de la República tienen el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos. Por su parte, ellos tienen el deber de respetar a sus padres, madres y ascendientes, y de asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando éstos los necesiten. Toda persona, institución o grupo debe velar por el respeto de la dignidad de los niños".

La discusión es interesante y, sin duda, marcará la forma de convivencia futura al interior de nuestro país. Por ello, el llamado es a informarse y a participar en los espacios de opinión que ya están abiertos en Los Ríos.

Durante la reciente cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, la idea de "reforma tributaria" fue mencionada en más de diez ocasiones. Si bien no fue recurrida directamente como un objetivo, llamó la atención que el logro de gran parte de las propuestas estuviese supeditada a la aprobación de una nueva reforma tributaria.

Dado lo anterior, es válido preguntarse qué es primero, ¿el huevo o la gallina?, o dicho de otra manera, ¿es necesario aprobar la reforma para continuar con las demás expectativas, o bien se pueden lograr sin depender de ella?

Está claro que todas las iniciativas implican cierto nivel de financiamiento; sin embargo, tampoco se debe olvidar que en los últimos gobiernos ya se han realizado grandes cambios a nivel de impuestos: el fin al FUT y renta atribuida, de Michelle Bachelet; y los nuevos regímenes planteados por Sebastián Piñera, posteriormente.

La certeza tributaria es un elemento vital para el desarrollo económico de un país. De esta manera, los inversionistas pueden evaluar sus ideas de negocios en un contexto de certidumbre impositiva, potenciando la creación de nuevas empresas o ampliaciones de las existentes. En caso contrario, se produce incertidumbre y la inversión se contrae. Desde esa óptica, haber tenido dos reformas tributarias en los últimos años genera un ambiente de liviandad en las decisiones políticas relevantes. No quiero decir con esto que no sean necesarios ajustes en nuestra legislación; sin embargo, plantear una nueva reforma es arriesgado. Más aún, condicionar promesas de gobierno a la aprobación de esta.

El desempleo ha sido medido en un 8,8% para el primer trimestre del año 2023. Por otro lado, el Imacec lleva una constante baja. En ese escenario, desde mi punto de vista sería más relevante, antes de priorizar subir impuestos, generar una agenda pro crecimiento, pro inversión.

En la medida que la actividad económica se reactive, por definición deberían aumentar la recaudación de impuestos y con ello, mejorar el flujo de caja del Estado. El alza de impuestos puede ser una solución sencilla para lograr aumento de recaudación; sin embargo, no se debe olvidar que desde el punto de vista técnico, los impuestos generan distorsión en los mercados y la actividad tiende a la baja. De hecho, la reforma de Michelle Bachelet, que era pro impuestos, bajó la recaudación efectiva de un 12,4% a un exiguo 3,7% en régimen.

Desde mi perspectiva, las prioridades están claras, por lo que la solución, lejos de pasar por una reforma tributaria, pasa por gestionar de forma más eficiente los recursos disponibles y tratar de crear más, no por la vía de impuestos, sino que de crecimiento, que es la vía sostenible en el largo plazo.