Las distintas policías han alertado respecto de nuevos y antiguos métodos de estafa que se han detectado, como es el caso de la "la estafa de los seis números", que permite a los autores apoderarse de la cuenta de WhatsApp de la víctima y, por consiguiente, de su identidad, para poder cometer otros delitos.

La Brigada Investigadora del Cibercrim ha explicado en varias oportunidades que con este procedimiento, los antisociales no sólo se apoderan de la cuenta de WhatsApp sino también de las fotos, videos y contactos que puedan tener registrados en ella, con el fin de obtener, mediante engaño, dinero de parte de los contactos de la víctima.

Otro modo de operar es al momento de ofrecer un producto a la venta por redes sociales. Aquí el delincuente, mostrando interés en concretar la venta, envía el código de seis dígitos aduciendo que es para "activar" el GPS y poder llegar a ver el producto en cuestión.

El ataque más recurrente en Chile es el ransomware, una técnica utilizada por los hackers para bloquear dispositivos bancarios y exigir un rescate a cambio de recuperar el acceso.

Desde hace tiempo que se viene planteando que hay falencias en la seguridad de los datos bancarios y comerciales. Este tipo de ataques son provocados por bandas organizadas y con conocimientos, lo que obliga a tener una actitud proactiva y continua en cuanto a la protección de datos para mitigar los riesgos. Las instituciones realizan inversiones para protegerse de esos ataques, pero también se requiere que las personas sean cuidadosas, considerando que esas entidades financieras nunca les pedirán que den a conocer sus claves.

Durante este mes se celebra el Día de los Patrimonios, fecha en que resulta clave reflexionar en torno a la conservación y protección de lugares de alto valor arquitectónico, histórico y cultural, fundamentales para mantener la memoria y la identidad en Chile.

Como país, estamos orgullosos de nuestro patrimonio en sus distintas manifestaciones: celebramos expresiones artísticas tradicionales, protegemos sitios de significación cultural, se realizan recorridos y designan "patrimonios culturales vivos". También se entrega la calificación de monumentos o zonas típicas a lugares de valor excepcional, según los lineamientos de la Unesco. Sin embargo, se trata de reconocimientos vía de decreto y no hacemos nada para la recuperación de los mismos.

La Ley de Monumentos Nacionales vigente, que data de 1970, no entrega ninguna herramienta para promover la conservación de los bienes muebles e inmuebles declarados monumentos o de interés de conservación. Es ampliamente conocido que esta norma no fomenta la protección de los lugares, sino que por el contrario, se pone trabas a esta tarea.

Desde el año 2005, los bienes declarados como Monumento Nacional están exentos del pago de contribuciones cuando no tienen fines de lucro, pero esto no es suficiente para incentivar su conservación y, prácticamente, todos los inmuebles que tienen esta calificación terminan en la ruina. Así por ejemplo, cuando esta declaratoria recae sobre un lugar -edificios, casonas o iglesias y otros- no es fácil realizar transformaciones, pues se debe contar con la burocrática aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales.

Como vemos, resulta una paradoja que la ley que pretende conservar el patrimonio se transforme en el "verdugo" que lo liquida. Todos quienes han pasado por algún proceso relacionado con la conservación patrimonial ya tienen claro el diagnóstico, el que ha sido planteado reiteradamente a los gobiernos y a la sociedad civil. Los esfuerzos por mejorar la ley han quedado en nada.

La modificación de la norma que buscaba ampliar la tipificación, descentralizar la gestión e incentivar la protección de los bienes valiosos mediante la inyección de recursos, fue dilatada por la entonces oposición, impidiendo que se aprobara la iniciativa.

El proceso fue truncado a comienzos del año pasado, cuando se pidió realizar una consulta indígena previa, la que se encuentra en pausa. Dada la total inactividad de este proyecto de ley, lo más probable es que este no logre ver la luz en el actual período de gobierno. Sin estos cambios, cualquier restauración arquitectónica se estanca, invalida y finalmente se pierde.

Es urgente retomar el debate parlamentario para contar con una ley que no sólo proteja, sino que incentive la protección del patrimonio, dando al mismo tiempo valor a nuestra historia y, particularmente, a la identidad del país.