Teniendo como escenario Puerto Montt, el Presidente Gabriel Boric anunció hace unos días, en el segundo y último día de su visita a la zona, el proyecto con el que se pretende incrementar los recursos regionales, reemplazando el actual Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por un Fondo Permanente de Equidad Interregional. De acuerdo a lo que adelantó, el nuevo sistema (que ha de presentarse formalmente y aprobarse luego en el Congreso Nacional) permitirá aumentar la toma de decisiones de la región en cuanto a las iniciativas con cargo a las platas locales, además de un incremento en los recursos, que según las estimaciones del gobernador Patricio Vallespín podría acercarse a un 30% del monto actual del FNDR.

De materializarse en los tiempos presentados por el mandatario y con las intenciones ya declaradas, tal iniciativa representará una señal concreta en la anhelada regionalización, que ya dio un paso sustantivo cuando hace un par de años se eligió por primera vez a los gobernadores, autoridad que en teoría representa realmente los intereses de cada zona y no los del Poder Ejecutivo, que era lo que ocurría con la figura de los desaparecidos intendentes. Así, a la instancia formal de poder se le agregaría ahora una mayor capacidad de autonomía en lo que respecta al uso de los recursos regionales, que al día de hoy siguen contando con una evidente discrecionalidad desde los distintos ministerios.

No obstante, ha de tenerse presente que a mayor autonomía en la toma de decisiones, mayor será la responsabilidad. Tanto el gobernador como el Consejo Regional dispondrán, con el pretendido "Fondo Permanente de Equidad Interregional", una billetera más grande, lo que significará más presiones, más intereses en juego y con toda probabilidad una insistencia más evidente de parte de los municipios, que querrán la aprobación de iniciativas para sus respectivas comunas. En este sentido, las autoridades regionales tendrán que actuar en conciencia, propiciando siempre el diálogo y la presentación de todos los antecedentes técnicos pertinentes, velando para que la destinación de los recursos contribuya a un desarrollo armónico y equitativo de toda la región.

El mercado laboral se encuentra hasta este momento en una olla a presión, a la cual no podemos estar indiferentes, en resumen, les puedo describir que al día de hoy los datos nos están hablando y describiendo un escenario contradictorio a todas aquellas iniciativas que propician cambios en el mundo laboral chileno.

Desempleo de un 8,8% en el último trimestre enero marzo de 2023, mala señal, y que se puede inferir que es a causa de que existe una mayor cantidad de personas que buscan trabajo por primera vez, y que se encuentra determinada por la masa de personas inmigrantes que ingresan al mercado laboral buscando nuevas oportunidades.

Además, el aumentar nominalmente el ingreso mínimo en el corto plazo, como también la aplicación de una reforma previsional que propone subir la tasa de cotización para los empleadores, pone de manifiesto que existirán consecuencias negativas en el empleo. Considerando por último la disminución progresiva de las jornadas de 45 a 40 horas semanales.

Sin duda alguna el mejorar las condiciones laborales de los trabajadores con un ingreso mínimo adecuado a los nuevos tiempos, recoge la incertidumbre de las altas tasas inflacionarias, y pone de manifiesto que dicho factor en la cual se determinan políticas públicas se trasponen en los distintos sectores políticos como herramientas de uso electoral y que provocan una ceguera intelectual respecto a la generación y aplicación de esas medidas.

Además, es importante señalar que el Gobierno se abrió a una mesa de diálogos transversales, con distintos sectores generadores de empleo, tales grandes empresas, algunos gremios afines al a autoridad política, y actores adicionales como Corfo y Sence. Pero me quiero detener en las conversaciones y acuerdo que se hizo en específico con la CUT apurando la aplicación de un nuevo ingreso mínimo, en este caso no se habló con los gremios de las pymes, quienes son los que pagan.

Debemos recordar que las pymes generan más del 80% del empleo formal en nuestra economía, y generar un golpe hacia ellos demuestro un verdadero fracaso en este proceso tan relevante para nuestro país. En este caso, los gremios solicitan y de manera justa, un subsidio de $122.000 que permita a las mipymes alcanzar la propuesta del Gobierno y la CUT.

El factor trabajo, debe ir encaminado en mejorar nuestra economía con precios justos al capital humano, mejorar la productividad en su conjunto, incentivando los niveles de inversión, disminuyendo las incertidumbres, fomentando la innovación y mejorando el desarrollo para todos los chilenos.