Correo
Denuncias en la Iglesia de Osorno
Hace una semana su diario informó la denuncia contra el diácono Víctor Correa, quien pasa a ser el sexto caso informado por el obispado de Osorno tras Roberto Koll, Pablo Böcker-Schepers, Antonio Pérez, Francisco Corral y León Bastián.
En su comunicado de prensa y en entrevista con ustedes, el obispo Jorge Concha señaló que la Iglesia local recién tomó conocimiento de la denuncia por boca del mismo Correa hace unos días. Sin embargo, aquello no es efectivo.
Lo cierto, es que el obispado de Osorno tenía esos antecedentes contra el diácono ya el 13 de septiembre de 2018, día en el que el Ministerio Público allanó el obispado e incautó documentación. Una de las diez carpetas era la del Sr. Correa Barría. Entonces, cabe preguntarse ¿Cuándo se recibieron las denuncias? ¿Quién era el obispo en ese entonces? ¿Por qué si la denuncia es de un menor de edad, no se informó a la comunidad ni tomaron medidas cautelares? ¿O la cautelar fue trasladarlo desde Francke a la Catedral sin que la gente supiera? ¿Es creíble que el obispo actual diga no haber conocido los antecedentes si el allanamiento fue cuando ya llevaba tres meses en Osorno? Y aunque así fuera, ¿no preguntó qué carpetas se llevaron los fiscales? ¿Nunca le preguntó al padre Rudy si había antecedentes graves? ¿O quienes sabían nunca le dijeron? Porque sucede que sí, había muchos más antecedentes hasta ahora no reconocidos por el obispado local.
En efecto, aparte de la carpeta de Correa Barría, el Ministerio Público incautó los procesos canónicos contra Carmelo Márquez que es un caso informado por la Fiscalía y prensa local hace varios años. También, el acuerdo extrajudicial alcanzado por los hechos de Rodrigo Romero, otrora párroco de San Leopoldo Mandic, pero que dicen relación con una víctima de Purranque. También, la del proceso contra el sacerdote Joe Navarrete, quien se desempeñó en Río Negro y fue repentinamente trasladado a Isla de Pascua.
Además, una nueva denuncia contra el religioso Miguel Ángel Soto mientras se desempeñaba en Purranque. También constan los antecedentes de la Aldea Juvenil por los hechos de Böcker-Schepers y el franciscano Hugo González. Asimismo, las acusaciones contra el sacerdote Juan Catrilef, quien ahora se desempeña en otra diócesis. Finalmente, consta un proceso canónico que no aparece rotulado con el nombre del imputado, por lo que queda la duda si es contra el carmelita Mario Mancilla por su paso en Riachuelo o la denuncia contra un catequista y músico en la capilla Santa Clara de la parroquia Jesús Obrero.
Casi todos los casos mencionados son anteriores al obispo Concha, pero antes que se vaya a Temuco, tal vez sea oportuno que eche luz sobre esa oscuridad informando los hechos y dé cuenta de la gestión de esas denuncias ya sea antes de su llegada a Osorno o durante su administración. Esa fue promesa del Papa, de todos los obispos y del obispo Jorge en particular.
Juan Carlos Claret, abogado
Invisibles
En Chile hay 16.112 personas mayores de 60 años que experimentan múltiples dificultades, como problemas para caminar, concentrarse, vestirse y comunicarse, de acuerdo a datos entregados por CIPEM (UDD- Los Héroes). Muchas de ellas necesitan asistencia para realizar y satisfacer esas necesidades básicas y no quedar aislados. A mayor dificultad, mayor nivel de dependencia.
Dentro de ese total, hay 10.095 personas de 60 años o más que tienen todas estas dificultades y que no conocen a ninguna persona que les brinde apoyo. No tienen a nadie que los ayude a vestirse, por ejemplo. No cuentan con asistencia para poder desplazarse. No tienen un interlocutor que los ayude a decir lo que piensan. Este nivel de dependencia, pero sobre todo la falta de ayuda, coarta su inserción en la sociedad, aislándolos cada vez más.
Pareciera que tampoco hay un Estado que se preocupe de ellos. Si bien el Servicio Nacional del Adulto Mayor cuenta con el "Programa de apoyo a los adultos mayores con dependencia severa" esto pareciera no ser suficiente.
Entonces, ¿cuándo nos haremos cargo de las personas mayores con dependencia, que aislamos por falta de políticas públicas enfocadas a ellos? Son más de 10 mil personas mayores. Están, existen y nos necesitan.
Yamil Tala, investigador CIPEM, Facultad Gobierno UDD
Indultos
A propósito de los indultos y de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, creo pertinente volver a "poner la pelota en el piso" y puntualizar lo siguiente:
Primero. Sólo se indulta a quienes han cometido delitos, o sea, a los delincuentes. Se trata de personas que fueron condenadas por los Tribunales de Justicia y que estaban cumpliendo sus condenas.
Segundo. No es aceptable que desde la vocería del Gobierno se diga que el Presidente de la República no tenía todos los antecedentes a la vista cuando tomó la decisión de liberar a los condenados. Tampoco se ve bien que su colega de Justicia, quien asumió el cargo con posterioridad a la liberación de los presos, señale lo contrario. El Gobierno debe explicar por qué los indultó y no confundirnos.
Tercero. Aun cuando no conocemos todavía los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional, que rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad formulado, vale la pena señalar que la potestad para indultar (indultos particulares) sólo pertenece al Presidente de la República y que, en este caso, lo solicitado por la Oposición era y es bastante discutible en derecho. En nada ayudan los exabruptos de uno de los ministros del TC, quien además no cree en la democracia representativa, denominada por él "partitocracia".
Cuarto. Respecto de varios de los indultados, el Presidente tomó la decisión de liberarlos en contra de lo recomendado por Gendarmería de Chile, institución que había manifestado que los solicitantes del beneficio tenían riesgos de reincidencia altos o muy altos y una falta de conciencia de los delitos cometidos.
Quinto. Ahora bien, ¿por qué lo hizo? Estoy convencido -y esta es mi opinión- que los liberó porque estaba de acuerdo con las acciones que ellos habían desarrollado durante los días del "Octubrismo", esto es, la vandalización de las principales ciudades de nuestro país. No hay otra respuesta plausible y no resulta aceptable que se legitime la violencia.
Jorge Eduardo Vives, abogado