En enero de 2023, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un aumento mensual de 0,8% y un alza de 12,3% en doce meses. Las alzas de productos alimenticios, como el pan, han sido las que han tenido mayor peso en el movimiento de este indicador.

Las altas variaciones que ha tenido el IPC en los últimos meses, revelan que el fenómeno inflacionario está más complicado de lo que se pensaba. El aumento de la inflación en el país desde el año pasado se explica principalmente por el alto precio del petróleo, las alzas de los productos alimenticios y la depreciación del peso chileno con respecto al dólar, lo que ha encarecido todos los bienes importados.

Si bien el mundo cruza por un complejo panorama cambiario, dado los temores de una recesión global que impulsa el apetito por el dólar de parte de los inversionistas, la caída de los metales, como el cobre, trae un doble golpe a la divisa en Chile que en el último año estuvo también presionada por la incertidumbre del proceso constitucional y debates por reformas estructurales, como la tributaria, que podría desembocar en una fuga de capitales hacia el exterior.

Son los consumidores con menos ingresos los que absorben las consecuencias mayores del sostenido aumento en el costo de la vida. Los expertos han sugerido a las familias comparar precios, buscar sucedáneos a algunos productos, aprovechar ofertas, comprar frutas y verduras en las ferias, más baratas que en los supermercados y, sobre todo, ser muy cauteloso con las compras con tarjeta, ya que el aumento de tasas de interés encarece con más fuerza el dinero plástico. Este escenario exigirá a las familias adaptarse a estas condiciones, lo que para resulta complejo, ya que los rubros que más alzas presentan son los más demandados por los hogares.

Un estudio realizado por Activa Research y Worldwide Independent Network of Market Research reveló que el 65% de los hogares en Chile declara que le cuesta llegar a fin de mes, por la inflación, el 62% ha reducido sus gastos en meses pasados, y un 22% señala que está planeando reducir gastos en los meses que vienen como resultado del aumento del costo de la vida.

Una persona cualquiera, en tanto habitante de la República, puede ser sujeto de una investigación penal. Ese mismo ciudadano, en tanto contribuyente, puede ser objeto de persecución tributaria, además. Y, si aquella persona también es un funcionario de la administración, puede ser sumariado. Todos estos casos son expresiones de la facultad sancionatoria del Estado, que busca atribuir responsabilidades de distinta naturaleza, pues quien es responsable penalmente no necesariamente tiene responsabilidad administrativa. A este caso quisiera dedicar tinta.

Lo que sucede, es que el sumario administrativo es uno de los procedimientos aplicables a los funcionarios del Estado para determinar derechos en beneficio de ellos, para pronunciarse sobre temas pecuniarios y para establecer responsabilidad e imponer una sanción ante una conducta infractora del sumariado. Esta última modalidad no ha estado exenta de controversia pues se parece mucho a lo que hace el Estado cuando persigue delincuentes, pero sin tantas garantías del debido proceso.

Por tal motivo, durante el año pasado se publicaron una serie de reformas tendientes a modernizar y agilizar la tramitación de sumarios, facilitando el acceso digital al expediente o permitiendo presentaciones digitales, prescindiendo del típico papel. Sin duda, avances.

Pero, hay un punto que aqueja sobre todo a Carabineros y dice relación con el nuevo artículo 84 ter de su ley orgánica y que suspende el sumario administrativo cuando su caso se ventila en tribunales penales. Esto es complicado pues un caso penal puede durar años para concluir en su inocencia mientras el carabinero se encuentra dado de baja a la espera del sumario; y cuando se reanuda, ¿cómo sortea el fiscal administrativo los desafíos probatorios que le impone el paso del tiempo? Difícilmente un testigo recuerde bien lo que pasó hace años. Y esto es solo uno de los tantos desafíos.

Por consiguiente, es oportuno revisitar avances legislativos que estando bien inspirados, pueden ocasionar indefensión en la práctica.

Juan Carlos Claret, Colegio de Abogados de Osorno