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"No sólo construyeron sus casas, que no son precisamente viviendas de emergencia como en los campamentos, también tienen vehículos y camiones de alto tonelaje que circulan con ripio que no sabemos de dónde sale, si lo compran o lo sacan del mismo río Rahue. Es algo que tampoco se fiscaliza y que nosotros hemos planteado a la municipalidad. Esta situación está destruyendo calles que mejoramos con mucho esfuerzo, como Ancón, que fue gracias a proyectos participativos hace más de 10 años", explicó el dirigente que tiene una reunión fijada para hoy con autoridades municipales.
Eliana Catrilef, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, precisó que la toma de terrenos es ilegal, independiente de las razones que argumentan las familias.
"En muchos casos son personas que realmente están en condiciones de pobreza extrema, pero este no es el caso, dado que las viviendas construidas son casas mejores que las de muchos vecinos. Además, están obstaculizando el acceso a una zona que es pública y emplazados en un área inundable del río. Es decir, tienen libertad de incumplir todas las normas y pasar a llevar a los vecinos en nombre de una situación que no está clara. Los reclamos son muchos, pero la gente igual tiene temor de alzar la voz porque los acusan de rechazar a las comunidades huilliches y no es así. Es cortar con el abuso en nombre de algo", manifestó la dirigenta.
Comunidad indígena
Jaqueline Rumián, vocera de la asociación y comunidad indígena "Kuifi Newen", que tiene tomado el terreno en Francke, explicó que "somos personas que venimos del sector rural y no le llamamos toma, tenemos el concepto de reivindicación territorial, porque es un lugar histórico para nosotros como pueblo, como comunidad, por lo que decidimos darle vida a este lugar que era un sitio eriazo donde ocurrían delitos. No hemos tenido una mala relación con los vecinos de Francke, bajo ningún punto de vista, y tenemos comunicación con dirigentes. No tenemos conocimiento que llegaron reclamos al municipio, con el cual tenemos una excelente relación. Somos una comunidad pacífica de 26 familias (partieron 50 en 2019)".
Rumián, quien también fue candidata a convencional indígena y trabajó en el municipio de San Juan de la Costa por 10 años, agregó que han sido un aporte cultural regional y local; y puso como ejemplo la realización de un festival el pasado 4 y 5 de febrero en el mismo terreno (tomado ilegalmente), evento que obtuvo financiamiento de fondos regionales.
"Queremos hacer un centro educativo a futuro. En 2019, cuando iniciamos la reivindicación en este sector, fue para proyectarnos a nuevas ideas y cosas respecto al tema cultural, educativo y territorial. Nos motiva que somos familias que no tenemos terrenos en la zona rural y que nos vimos en la obligación de emigrar a la ciudad. Estamos convencidos además de tener documentos que estos terrenos son ancestrales. Esto se puede considerar ilegal por normas, pero tenemos la Ley Indígena, el Convenio 169 OIT, entre otros", específico.
Aclaró que sólo van a "reivindicar" el espacio que hoy ocupan las 26 familias, "reclaman que no dejamos pasar automovilistas, pero este no es un camino público y bajo ningún motivo dejaremos pasar vehículos, porque instalamos un portón por seguridad de nuestras casas, para evitar mal uso. Es más, los guardias municipales nos han dicho que no dejemos entrar personas. Además, tenemos una zona ceremonial. No hemos visto camiones de ripio ni tenemos camiones. Estamos dispuestos como siempre al diálogo, porque nos vamos a mantener acá".
El alcalde Emeterio Carrillo declinó de inmediato, y de forma muy tajante, referirse al tema de la toma ilegal por parte de la comunidad indígena y el reclamo de los vecinos de Francke.
2019 diciembre un grupo de más de 50 familias huilliches se instalaron ilegalmente a orillas del puente Chaurakawín, asegurando que se trata de una "reivindicación territorial".
2 propietarios cuentan con documentación asociada a los terrenos, el Serviu y un privado. La situación está siendo verificada y aclarada por los organismos correspondientes.
20.253 Ley de Pueblos Originarios es la que están invocando las familias que se tomaron ilegalmente el terreno y generar en este punto un espacio con pertenencia.