Verónica Salgado

Vecinos y dirigentes del sector de Francke cuestionan la toma ilegal de terrenos a un costado del puente Chaurakawín por familias pertenecientes a la comunidad indígena "Kuifi Newen Mapuche", quienes desde 2019 se instalaron en la ribera norte del río Rahue para reclamar como un espacio ancestral y ceremonial bajo la Ley 20.253 de Pueblos Originarios.

Los habitantes del sector denuncian que obstaculizaron arbitrariamente con portones el acceso a una cancha de fútbol, al camino de tierra alternativo para llegar al otro lado del puente en el mismo Francke, que están dañando áreas verdes y construyendo viviendas sin ningún permiso ni control de parte de las autoridades, entre otros temas irregulares.

Aseguran que han transformado la superficie pública en privada con el beneplácito de las autoridades locales y regionales, pese a las denuncias formales ingresadas por los vecinos afectados a distintos organismos públicos.

Los dirigentes también denuncian la circulación de camiones de alto tonelaje con ripio desde y hacia los terrenos tomados ilegalmente, sin que exista claridad de la procedencia del material pétreo, sumado al daño que esto genera en algunas calles, entre ellas Ancón, de las poblaciones Punta Gruesa y Teniente Merino, emplazadas en el acceso al barrio local.

La comunidad denominada "Kuifi Newen Mapuche" fue la única que reclamó esa porción de terreno como "una recuperación territorial indígena" (no tienen escrituras ni títulos de dominio para acreditar que son los dueños legales).

Los terrenos en cuestión tienen documentación legal que establece como propietario al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), a lo que se suma una porción que pertenece a un privado, que también tiene los documentos legales como dueño.

Vecinos y dirigentes

Los vecinos y dirigentes del sector aseguran estar cansados de situaciones que atentan contra todas las normas y que las autoridades dejen actuar en la impunidad al grupo de personas perteneciente a la comunidad indígena que se tomó el terreno en la revuelta de 2019.

Una de las primeras en alzar la voz públicamente fue Meri Fuentealba, presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo de Francke, quien hizo presente el problema a distintos organismos regionales, así como al municipio local.

A esto se suma la realización de una consulta ciudadana donde participaron 400 personas y donde se evidencia la necesidad de contar con un acceso provisorio para mejorar las condiciones viales del sector.

"Es en este punto donde aparece la problemática con esta comunidad, ya que parece insólito e irregular que un grupo de familias pueda impedir mejorar la calidad de vida y la locomoción colectiva de todo el sector de Francke. Lo que ningún organismo estatal puede explicar es porqué tienen derechos que nosotros los ciudadanos comunes no, ya que debemos cumplir con una serie de normas y apegarnos a las leyes, por ejemplo, al momento de construir", expresó la dirigenta.

Hernán Carmona, presidente de la junta de vecinos de la población Punta Gruesa, explicó que lo que manda es la documentación legal que acredita la propiedad de un terreno y en este caso la comunidad huilliche no los tiene.

"Primero, acá no estamos en contra de las comunidades huilliches ni nada por el estilo, estamos en contra del abuso en nombre de situaciones que son difíciles de demostrar, como la propiedad ancestral de un terreno que por décadas no tuvo ninguna reclamación hasta que justo comenzó el 'estallido social' de 2019. Nos sentimos pasados a llevar, porque todos luchamos por la vivienda propia, pero por la vía legal, y no tomando un terreno. Aún quienes son indígenas tienen normas que cumplir. Acá nadie vino a conversar con nosotros o los vecinos. Simplemente obstaculizaron el paso y nos quitaron la cancha de fútbol, nuestras áreas verdes y pasaron a llevar a la gente", reclamó el dirigente.