Perú no ve salida a la crisis: Machu Picchu cierra indefinidamente y la policía desaloja universidad que albergaba a manifestantes
VIOLENCIA. Muertos ascienden a 60, detenidos en el desalojo son más de 200 y de madrugada fueron incendiados una comisaría y un centro aduanero. Gobierno acusa que detrás de las protestas hay una "acción planificada" que busca "chantajear" al Ejecutivo.
La ciudad de Machu Picchu y el Camino del Inca permanecen cerrados desde ayer y por tiempo indefinido debido a las protestas contra el Gobierno de la Presidenta Dina Boluarte que se registran desde diciembre en Perú y cuyo ministro del Interior, Vicente Romero, atribuye a "una acción planificada y concertada" contra el Ejecutivo. En respuesta a la gran convocatoria de manifestantes que el jueves llegaron a Lima desde todas las regiones, ayer la autoridad ordenó el desalojo de una sede universitaria que era usada de albergue.
"Frente a la actual coyuntura social en la que se encuentra nuestra región y el país, se ha dispuesto el cierre de la Red de Caminos Inka y la Llaqta de Machu Picchu, desde el día 21 de enero de 2023 hasta nuevo aviso, para salvaguardar la seguridad de los turistas y la población en general", indicó un comunicado oficial.
Junto con indicar un correo al cual se podrá escribir para obtener más información sobre el cierre del monumento, el texto detalla que "se brindarán todas las facilidades a los turistas nacionales y extranjeros que se vean afectados para el uso de los boletos, desde el 21 de enero hasta un mes después de concluidas las movilizaciones sociales o solicitar la devolución del monto del ticket".
El acceso por tren al Machu Picchu quedó también bloqueado debido a las protestas, por lo que la empresa concesionaria Ferrocarril Trasandino S.A. anunció la suspensión "hasta nuevo aviso" de las operaciones entre Cuzco y Machu Picchu por el "persistente bloqueo de la vía férrea por manifestantes y el daño ocasionado a esta en diferentes puntos".
Mientras el Gobierno tomaba estas medidas, la policía detenía a más de 200 personas tras el desalojo del campus de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, donde cientos de manifestantes que llegaron de todo el país acampaban desde el miércoles para participar en las protestas, informó un vocero del Ministerio Público.
El fiscal superior provisional y coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito, Alfonso Barnechea, dijo además que recibió denuncias por parte de la casa de estudios sobre agresiones y robos a las fuerzas del orden por parte de manifestantes que acampaban en el citado campus.
De madrugada, con una tanqueta, la policía hizo ingreso a la universidad para hacer efectivo el desalojo, generando un violento enfrentamiento que ha sido condenado por legisladores peruanos y organismos internacionales de DD.HH.
El ministro Romero acusó que detrás de las protestas "existe una acción planificada y concertada que obedece a intereses políticos principalmente, que quiere chantajear al Gobierno de turno".
Y enfatizó: "Estas acciones evidencian que se quiere desatar el caos, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, buscando víctimas".
Incendios en puno
La tensión se disparó cuando un grupo de manifestantes atacó y quemó la comisaría del municipio Zepita, en Puno, informó el Gobierno.
Lo mismo ocurrió con el centro aduanero Desaguadero, en la frontera con Bolivia, ante lo cual la Cancillería peruana expresó "su más firme rechazo y condena a los actos delincuenciales que produjeron el incendio".
Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, remarcó que las Fuerzas Armadas tienen por misión "seguir protegiendo los activos críticos e infraestructura estratégica".
aumentan los muertos
La situación es crítica y la muerte de un hombre de 62 años en la región de Puno elevó a 60 los fallecidos en medio de una escalada de violencia que no ve una salida, pues los manifestantes exigen la dimisión de Boluarte, la disolución del Congreso, el llamado a elecciones y a una asamblea constituyente.
"Seguimos insistiendo en nuestro propósito de que este conflicto se resuelva de manera pacífica, no podemos seguir perdiendo más vidas", dijo el ministro del Interior.
Las manifestaciones comenzaron en diciembre luego de que el expresidente Pedro Castillo intentara dar un autogolpe de Estado, fuera destituido por el Parlamento y enviado a prisión peventiva mientras espera enfrentar a la Justicia.