Oposición va al TC por siete indultos: Gobierno defiende que todo fue legal
SEGURIDAD. Uno de los argumentos de Chile Vamos y Demócratas es la "vulneración de la igualdad ante la ley", ya que "no hay ninguna justificación" de la medida por reos comunes. La Moneda llamó a "tener cuidado con las estrategias de demolición".
Representantes de Chile Vamos y Demócratas fueron ayer al Tribunal Constitucional (TC) para ingresar un requerimiento con el objetivo de revocar los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric al ex frentista Jorge Mateluna y otros seis condenados en el marco de delitos cometidos tras el estallido del 18 de octubre de 2019, que cuentan con un amplio prontuario delictual previo y carecen de razones humanitarias como una enfermedad terminal, lo que han argumentado mandatarios anteriores. La ministra vocera, Camila Vallejo, respondió que "no hay ningún elemento jurídico que ponga en cuestión la legalidad de los indultos".
Aparte del exfrentista Mateluna, quien fue encarcelado por el robo a un banco, los indultos cuestionados son a Ignacio Campos, Nicolás Romero, Jordano Santander, Luis Castillo, Brandon Rojas y Eduardo Santana, quienes en el marco de las manifestaciones de octubre de 2019 participaron de saqueos, barricadas y hasta el intento de homicidio contra un funcionario de la PDI. A esto se suman causas previas por robos a lugares habitados y deshabitados, amenazas y violencia intrafamiliar, etc.
El líder de la UDI, Javier Macaya, dijo en la puerta del TC que "el Presidente sigue teniendo una oportunidad para revocar los indultos", mientras que su par de Demócratas, Ximena Rincón, agregó que la solicitud interpuesta "no es un requerimiento que persiga una disputa política, sino que lo que persigue es que se respete la ley".
La senadora explicó que "hay una vulneración de la igualdad ante la ley, se les da indulto a personas sobre otras y no hay ninguna justificación", sumado a que "hay una desviación de poder, acá se revisaron sentencias (donde luego Vallejo señaló que "si el Presidente hubiera tenido los elementos a la vista, la situación habría sido distinta"), se puso en tela juicio la supremacía del Poder Judicial por parte del Presidente (al decir que no hubo debido proceso), hay un trasfondo político en esto".
Indultos anteriores
El jefe de senadores Evópoli, Luciano Cruz-Coke, se refirió a los indultos otorgados por expresidentes, como Sebastián Piñera, en los que "no hemos tenido inconvenientes respecto a situaciones de carácter humanitario, de salud, pero cuando un indulto se entrega por consideraciones políticas entra en una contradicción".
El ministro de Justicia, Luis Cordero, respondió en Tele13 Radio que "más de alguno podría abrir una discusión jurídica -dependiendo del argumento formal que pueda tener éxito en esos ámbitos- si esos indultos otorgados bajo idea de excepcionalidad se ajustaban o no a la legalidad, (...) por eso creo que hay que tener cuidado con las estrategias de demolición, porque cuando uno pretende demoler, hay que tener cuidado que puede demoler sus propias fundaciones".
Su par de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, agregó que "tal como dije el lunes anterior, en el día de mi vocería, no hay ningún elemento jurídico que ponga en cuestión la legalidad de los indultos" y, "al momento de tener esta discusión en la Contraloría y hoy en el Tribunal Constitucional, ya la discusión es netamente jurídica".
"Tal como dije el lunes anterior, no hay elemento jurídico que ponga en cuestión la legalidad de los indultos".
Camila Vallejo, Ministra vocera
"No hemos tenido inconvenientes respecto a situaciones humanitarias, de salud".
Luciano Cruz-Coke, Senador Evópoli
Avanza acusación contra Ríos
La revisión de antecedentes de la acusación contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos, por el indulto a 13 condenados siguió ayer en la comisión parlamentaria con la ausencia del exsecretario de Estado Jaime Campos, quien en 2018 rechazó la salida del exfrentista Jorge Mateluna; y el abogado Davor Harasic, que hace unas semanas respaldó la medida. El abogado UDI Máximo Pavez luego cuestionó que "la ministra no sabía de los antecedentes (penales previos), o si sabía firmó igual" los decretos.