La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros que mantienen bloqueos en rutas del país a pesar de que los dirigentes de los principales gremios firmaron un acuerdo con el Ejecutivo para terminar con las movilizaciones.

"El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos, como consta públicamente, por evitar este conflicto. El día lunes se hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas, un esfuerzo muy importante por dar una respuesta concreta a varias demandas de los transportistas", dijo la jefa de gabinete, entre ellas mayor seguridad y congelar el precio del combustible.

"Pese a ello, ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas, a la circulación, el abastecimiento de distintos puntos del país. No es aceptable, no lo vamos a tolerar", agregó Tohá y confirmó que La Moneda decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado: "Es un hecho. Esta decisión ha sido tomada. Se han sostenido varios esfuerzos adicionales. En lugar de avanzar hacia una solución de este problema, lo que han hecho algunos de los grupos que firmaron el acuerdo del lunes es plantear nuevas demandas, totalmente desproporcionadas para la realidad del país".

"Responsabilidad"

Esa desproporción la detalló el ministro de Hacienda, Mario Marcel: "El costo fiscal de reducir un 30% los precios de los combustibles, a través del Mepco, y mantenerlo por seis meses, es del orden de los 2.500 millones de dólares, si es que los precios de internación se mantienen como están hoy".

"El bono de invierno que se entregó en agosto pasado costó 1.000 millones de dólares, es decir, la estimación más conservadora del costo de la medida que está planteando esta organización es equivalente a dos y media veces un beneficio que alcanzó a 7 millones de personas. Otra comparación posible es con el presupuesto de la salud primaria, que es de 3.000 millones de dólares; es decir, esta demanda equivale prácticamente a todo este presupuesto", dijo Marcel.

Incluso la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada por Juan Sutil, llamó a los camioneros que se encuentran en paro a deponer la movilización.

"Conocemos las dificultades que enfrenta el sector (…), sin embargo, ninguna de estas situaciones justifica el paro convocado por la Confederación de Transportistas Fuerza Norte y otras organizaciones. En un Estado de Derecho, bajo ninguna circunstancia se puede vulnerar el derecho de todos a transitar libremente por las carreteras, con todos los perjuicios que ello trae al normal funcionamiento del país", expresó el organismo.

Más tarde, el propio Sutil respaldó la acción iniciada por el Gobierno: "Creo que esta circunstancia lo amerita".

Postura de rebeldes

Ante el aviso del Ejecutivo, Marcelino Pérez, líder de los camioneros de Paine, que mantienen bloqueos parciales, reclamó que "no hay terrorismo. ¿Por qué no lo hace en La Araucanía, donde hay terrorismo? ¿Por qué lo hace con la gente humilde?".

Ese grupo anunció que se mantendría en su protesta, al igual que el presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso, Iván Mateluna, quien dijo que "si nos amenazan de esa forma nos veremos en la calle".

Al cierre de esta edición, y mientras se esperaba un balance del ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, en Arica se informó del despeje de las rutas obstruidas por parte de Carabineros. Cuatro personas fueron detenidas y unos 600 camiones pudieron por fin salir del país.

El gremio de Tarapacá, sin embargo, anunció que se mantendría movilizado.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas, Iván Marambio, afirmó que a causa de los bloqueos de camioneros "la situación se ha tornado crítica para nuestras exportaciones de frutas" pues "se afecta la entrega para su embarque en buques", particularmente en Valparaíso. Otro gremio que acusó graves afectaciones fue el se los supermercados, cuya presidenta, Catalina Mertz, planteó que uno de los principales problemas tiene que ver con el quiebre de la "cadena de frío" de alimentos que necesitan refrigeración. El gremio de Alimentos y Bebidas también declaró serios perjuicios.

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, llamó a las fuerzas políticas a "ceder" posiciones en los diálogos para habilitar un nuevo proceso constituyente, pero también aseguró que en su sector no hay espacio para apoyar que el eventual nuevo órgano redactor tenga más de 50 integrantes.

El mecanismo mediante el cual se elaborará la nueva propuesta de Constitución tras el fracaso de la que elaboró la Convención, rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre, se ha alzado como la gran piedra de tope en las conversaciones: el oficialismo (Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad) y la Democracia Cristiana propusieron un "cabildo constituyente" con 90 miembros más nueve escaños reservados, mientras en la derecha abogan por 50 cupos, número similar a la cantidad de senadores.

Frente a ello Chahuán planteó en radio Cooperativa que "no somos partidarios de un órgano 100% electo; siempre hemos hablado de expertos o un sistema mixto". Y añadió que el número de 50 redactores "no es un capricho, porque también dice relación de cuántos votos disponemos de nuestros parlamentarios en el Congreso" para garantizar la aprobación de las reformas que habiliten el proceso.

"Más de 50 no tengo espacio, no tenemos espacio para ceder. Vamos a hacer una nueva conversación con diputados y senadores, y tendremos que ver si hay espacio en las bancadas, pero no veo espacio alguno", puntualizó el senador.

El diputado de Evópoli Francisco Undurraga apoyó la posición: "Hemos sido muy categóricos en señalar que lo que nosotros proponemos desde Chile Vamos es una Convención lo más cercana al Senado, o sea 50 personas y estudiemos qué van a hacer los expertos".

Soto: Órgano mixto

El diputado Raúl Soto (PPD), quien como presidente de la Cámara Baja encabezó las negociaciones, afirmó a La Segunda que "el que hubiera un proceso que fracasó rotundamente obligó a todos los sectores a internalizar y analizar primero las causas, para ir corrigiendo errores y evitar nuevamente una inestabilidad institucional y los temores. Ha sido un proceso lento".

"Creo que la única salida en este momento para ir cerrando un acuerdo constitucional en las próximas semanas, es que todas las partes se abran a un órgano mixto que incorpore participación ciudadana a través de personas electas, y también expertos que permitan dar las certezas que requiere el futuro proceso a través de su capacidad técnica", continuó el legislador.

De esta forma descartó la propuesta de Amarillos por Chile sobre una comisión de expertos designada por el Congreso y puntualizó que "la ciudadanía lo que mejor recibiría sería una mixtura entre ambos elementos. Cuando tienes propuestas distintas, lo razonable es transitar por un camino del medio".

Y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, argumentó que "cuando uno quiere llegar a acuerdo para tener una nueva Constitución que es el fin que todos tenemos que resguardar, tenemos que tener al menos el ánimo de flexibilidad nuestras posiciones, por tanto, hoy no tenemos que descartar ninguno de los escenarios".