El candidato a la reelección y actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió ayer contra los sondeos que lo sitúan por debajo del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y volvió a cuestionar el sistema de votación que el país usa por cerca de 30 años.

El jefe de Estado acusó, en entrevista con una radio local, a dos de las empresas encuestadoras más importantes del país, Datafolha e Ipec, de "ayudar" a Lula "a tener más votos" de cara al balotaje del próximo 30 de octubre.

"Datafolha es una vergüenza" e "Ipec no acierta nada, se equivoca, pero influye en el voto", dijo el líder de derecha.

Los últimos sondeos de ambas firmas otorgan a Lula, parte de un frente progresista que ha sumado fuerzas de centro y centro-derecha, una intención de voto de casi 50%, con una ventaja sobre Bolsonaro de entre cinco y diez puntos.

Bolsonaro recalcó que en general no se cree lo que dicen los sondeos, aunque sí alabó la metodología del instituto Veritá, la única que hasta ahora lo sitúa adelante de Lula.

Las empresas encuestadoras están en el punto de mira del Gobierno, que llegó a ordenar investigarlas a partir de sospechas surgidas en sus encuestas sobre la primera vuelta de las elecciones del 2 de octubre, que ganó Lula con el 48,4% de los votos.

El presidente brasilero logró el 43,2% de los sufragios, un resultado mejor del esperado por los sondeos, varios de los cuales incluso vaticinaron de forma errónea un triunfo de Lula en primera ronda.

Urnas electrónicas

Por otro lado, el actual gobernante volvió a cuestionar la legitimidad de las urnas electrónicas que el país usa en sus procesos electorales desde 1996.

Ese sistema de votación es elogiado por observadores internacionales y desde su puesta en marcha no ha sido objeto de denuncias por presunto fraude, si bien Bolsonaro dijo hoy que es "anticuado y está "obsoleto" porque "es de los finales de los 90".

"No existe sistema electrónico que sea perfectamente blindado. Si nunca presentó problemas, llegará el momento en que los tendrá. Lo que buscamos es una capa más de transparencia", manifestó.

El líder derechista volvió a sembrar dudas sobre la actuación del Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano responsable por los comicios en Brasil y al que acusó de favorecer con sus decisiones a Lula.

Lluvia de insultos

Pocas horas antes, el domingo en la noche, se realizó el primer debate televisivo entre ambos candidatos, con un formato muy libre que permitió largos cruces entre ambos que derivaron en insultos, golpes bajos, mentiras y palabras soeces.

En este sentido, Lula llamó a Bolsonaro "pequeño dictadorcito", "mentiroso" y "caradura", mientras que el actual jefe de Estado dijo que su predecesor es "una vergüenza nacional" y un "ladrón".

En tono irónico, Lula le recordó a Bolsonaro, capitán en la reserva del Ejército, que cuando era diputado lo "adulaba" y "sentía orgullo" de tenerlo como presidente, por su trato con los militares.

A su vez, Lula desgastó a Bolsonaro con su criticada gestión de la pandemia, la grave situación económica que vive la capa de la población más pobre, o a la destrucción de la selva amazónica.

Del otro lado, Bolsonaro puso en aprietos a Lula tras sacar a relucir la corrupción en los gobiernos del PT, entre 2003 y 2016.

Al respecto, Lula admitió corrupción en la petrolera estatal (Petrobras), pero dijo que todo se descubrió por la transparencia de su Gobierno.

Bolsonaro aprovechó el tramo final del debate del domingo para sacar a relucir la relación de Lula con presidentes latinoamericanos, como el nicaragüense Daniel Ortega, a quien vinculó con la detención de sacerdotes, cierre de iglesias y de medios de comunicación. Lula respondió que la situación política de Nicaragua le corresponde resolverla a los nicaragüenses, y agregó que "si alguien se cree imprescindible, está naciendo un dictador. Pero si Ortega está equivocándose, que el pueblo nicaragüense lo castigue. Si Maduro está equivocándose, que el pueblo venezolano lo castigue".

Grecia presentará ante la ONU el caso de los 92 refugiados desnudos que rescataron las autoridades helenas y Frontex junto al río Evros, que hace frontera natural con Turquía, anunció el ministro de Migración Notis Mitarakis a la cadena privada Skai.

Los migrantes, que habían sido abandonados totalmente desnudos, fueron transportados a la región en tres vehículos de las autoridades turcas y más tarde intentaron cruzar el río en botes de plástico, declararon ellos mismos a la policía griega.

"Turquía se encuentra en una posición difícil por el incidente de los 92 migrantes en Evros. Desafortunadamente, fueron sometidos a un trato humillante. He solicitado y veré al presidente de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, he informado a la Comisión y les mostraré fotos y vídeos", señaló Mitarakis.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó ayer su preocupación por unas imágenes "impactantes", condenó el incidente y pidió una investigación completa sobre lo ocurrido.

Según el ministro, Turquía está usando a los migrantes como herramienta para ganar el apoyo de la opinión pública turca ante la proximidad de las elecciones generales y presidenciales en un periodo difícil para Recep Tayyip Erdogan.

El domingo, el director de comunicación de Erdogan calificó las acusaciones griegas de "noticias falsas".

Los 92 migrantes, procedentes en su mayoría de Afganistán y de Siria, fueron trasladados por las autoridades helenas al centro de detención de Filakio.

Ayer, el Gobierno de Turquía rechazó de forma rotunda las acusaciones. "Para intentar aparecer como teniendo la razón, cuando no la tiene en absoluto, como hace Grecia, hay que ser realmente inconsciente y tener poca vergüenza", dijo el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlüt Çavusogluquien recordó que "en las devoluciones en caliente, Grecia despoja a los migrantes de todo, no solo de sus documentos, sino también de su ropa, para que no vengan más".

"Es natural que Grecia, que tiene un historial muy abultado de estas vulneraciones de la ley internacional, intente calumniar ahora a Turquía acusándola del mismo delito", dijo el ministro y acusó a Atenas de "modificar las coordenadas" de incidentes en el Egeo para hacer ver que tienen lugar en aguas turcas.

El Gobierno conservador británico revocó ayer cerca de la totalidad de su plan fiscal presentado el 23 de septiembre a fin de recuperar la confianza de los mercados, aunque el cambio de rumbo dejó debilitado el liderazgo de la primera ministra, Liz Truss, pues constituye todo un bochorno a menos de dos meses de haber asumido.

Truss, que enfrenta una gran presión para dimitir dentro y fuera de su partido, acompañó en la Cámara de los Comunes, sentada con cara de circunstancias, a su nuevo ministro de economía, Jeremy Hunt, quien anuló la mayoría de los recortes impositivos con los que su jefa quería fomentar el crecimiento.

Hunt, que el pasado viernes sustituyó a Kwasi Kwarteng, cesado tras el fiasco de la estrategia económica inicial, reconoció que ha tenido que tomar decisiones "difíciles" e indicó que se avecinan recortes del gasto público a fin de reducir a medio plazo la deuda neta acumulada.

Con el objeto de calmar la apertura de los mercados, la nueva autoridad dijo en la mañana de ayer que los cambios que planea incluyen la formación de un consejo económico que asesorará al Gobierno.

Entre las revocaciones más importantes, Hunt anuló la rebaja prevista del 20 al 19 % a partir de abril de la banda básica del impuesto sobre la renta, después de que a principios de octubre ya se eliminara la del 45 al 40 % contemplada para la banda alta.

Además, dijo que se restringirán al inicio del nuevo ejercicio fiscal en abril, las ayudas para limitar el precio de la factura energética en hogares introducidas este mes y que debían durar dos años.

Asimismo, Hunt avisó que se cancelará el recorte previsto de 1,25 puntos porcentuales del impuesto sobre los dividendos así como las compras exentas del IVA para los visitantes extranjeros, como parte de los cambios que tienen, un valor de 32.000 millones de libras; unos 37.000 millones de euros al año.

Al informar el viernes la salida de Kwarteng, Truss ya había revertido su decisión de congelar el impuesto de sociedades, que ahora subirá en abril del 19 al 25%, excepto para las pequeñas empresas, tal como había dispuesto el anterior Gobierno.

Del plan de su predecesor, Hunt solo mantuvo congelar las contribuciones a la seguridad social y la rebaja del impuesto a la compra de viviendas, ya aprobadas por la legislación.