Desde las 9 de la mañana, en el exCongreso en Santiago, está programada una reunión entre las diferentes fuerzas políticas y los líderes del Parlamento, para retomar la discusión y negociaciones para buscar un nuevo acuerdo que defina el itinerario para continuar con el proceso constituyente luego del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

Después de una semana en que se paralizó el diálogo, ahora se retomará con algunas diferencias, en especial por la ausencia de Ana Lya Uriarte, ministra secretaría general de la Presidencia, quien prefirió no asistir tras la molestia de Chile Vamos por declaraciones de secretarios de Estado que consideraron un "pauteo".

A pesar de que el Gobierno no tendrá representante en la mesa, tal como pidió la oposición, ayer el Presidente Gabriel Boric, de viaje en Nueva York, presentó en el World Leaders Forum de la Universidad de Columbia y, junto con analizar la coyuntura latinoamericana, fue consultado por el marco que él visualiza para el nuevo proceso constituyente.

"Es una pregunta muy sensible, porque las negociaciones en el Congreso para decidir cómo seguimos adelante y el Gobierno tiene una opinión sobre cómo deberíamos proceder", contestó el Mandatario y recalcó que su rol como Ejecutivo es "facilitar el acuerdo".

Reiteró que el 25 de octubre de 2020 se votó "por una nueva Constitución escrita por un órgano especifico 100% electo para ese fin". "Por lo tanto, la idea de que a la nueva Constitución se pueda llegar solamente entre un acuerdo de los partidos políticos o de un grupo de expertos designados por los partidos me parece que no respondería al mandato que el pueblo de Chile estableció en el Plebiscito de entrada. Yo creo que eso es un consenso bastante general", dijo.

Luego comentó que "lo que espero que pase es que tengamos una nueva Convención con bordes más claros, que eso lo tienen que definir en la conversación que se está teniendo en el Congreso, con plazos quizás más acotados, tomando en cuenta la experiencia anterior, y con apoyo de comités de expertos o de gente que contribuya a hacer la discusión más fácil y digerible para todos".

Agregó que le gustaría una "constitución más general Creo que la Constitución no tiene que abordar cada una de las demandas identitarias que existen en la sociedad. Tiene que ser un marco común que permita a la política hacerse las preguntas que todavía no nos hemos hecho".

Junto con pedir que se dé un consenso "rápido", Boric dijo que "por lo menos los partidos de derecha que históricamente han sido más reacios a estos cambios se comprometieron con Chile a que también querían una nueva Constitución. Así que espero que esta sea una oportunidad para lograr un consenso".

Al mismo tiempo en Chile, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, manifestó después de una reunión con la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) que "estamos en el proceso de diálogo para generar un mejor clima y, tal como lo señalamos, nadie puede ser excluido, nadie debe ser excluido del proceso de diálogo para la nueva Constitución, ningún actor político y, por cierto, tampoco el gobierno", cuyo representante el legislador espera que se integre en las próximas reuniones.

¿PLEBISCITO a la vista?

Por su parte, el senador Rafael Prohens (RN), sostuvo en TvSenado que la nueva Convención "lo más probable es que esto sea una cosa mixta" y opinó que "no podemos cometer el mismo error de proponer cualquier cosa".

El legislador Indicó que "más allá del primer semestre del año 2023 no puede pasar (el proceso)" y que un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar un nuevo texto, debería realizarse en "agosto a más tardar, pensando en los dos meses de difusión, de informar a la gente de qué se trata y que pueda votar lo más informado posible respecto a la propuesta que se estaría haciendo".

Por otro lado, el Partido de la Gente (PDG) insistirá en tener un plebiscito de entrada con voto obligatorio, indicó su secretario general, Emilio Peña, a Emol. A la reunión de hoy, agregó, "vamos con la postura definitiva", aunque están "explorando posibilidades con la paridad de entrada y no de salida. Escaños reservados lo estamos analizando y (también) la injerencia de organismos internacionales dentro del debate".

Tras regresar de emergencia de Estados Unidos, donde era parte de la delegación que acompaña al presidente Gabriel Boric, la ministra de Defensa, Maya Fernández, se reunió ayer con los comandantes en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, de la Fuerza Aérea, general Arturo Merino Núñez, y de la Armada, almirante Juan Andrés De La Maza.

El objetivo de la cita fue definir el plan de acción y medir los alcances de un hackeo y filtración de decenas de miles de correos electrónicos que se conoció luego de que un grupo de ciberpiratas denominado Guacamaya publicara un comunicado afirmando que pudieron penetrar sistemas militares y policiales de inteligencia de México, Perú, El Salvador, Chile y Colombia.

Tras la reunión, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Guillermo Paiva, presentó su renuncia al cargo.

Poco antes, el diario La Segunda reveló que Paiva tenía conocimiento de la situación desde mayo y que había advertido a la ministra Fernández , pero de manera informal. La cartera explicó al diario que el antecedente "se entregó de manera verbal y no a través de un oficio formal, como corresponde en estos casos , (y se informó) que existían problemas de eventuales peligros informáticos y que se necesitaban más recursos para esa área. En ningún caso se comunicó la magnitud que hoy conocemos".

Más temprano, Defensa había anunciado un sumario interno para establecer las responsabilidades.

El citado medio también aclaró que si bien la información secreta de Defensa no se maneja a través de correos electrónicos, recién después de revisar los cerca de 400 mil emails (360 gigas) podrán saber si no hay riesgo de filtración de información reservada.

Qué contienen los correos

Radio Biobío reveló un informe interno del Estado Mayor en el que se habla de que en Argentina, con fecha de abril, hay "un 46% de probabilidades de que se produzcan alteraciones a la seguridad nacional y al normal desarrollo de las relaciones diplomáticas bilaterales, a razón de exhibir un escenario anormal".

En otro texto, se menciona que la Armada y el Ejército desembolsaron más de 1.200 millones de pesos como gastos operaciones de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Excepción en las regiones del Biobío y La Araucanía entre octubre de 2021 y abril de 2022.

En otro documento se lee que el general de brigada del Ejército, Luis Sepúlveda Díaz, que en ese momento lideraba la Defensa de La Araucanía, reconoció que "la Inteligencia sigue siendo una debilidad".

En tanto, Ciper Chile publicó que "también quedaron al descubierto aspectos del plan de monitoreo satelital de comunicaciones desplegado por Chile en sus fronteras desde 2018 en adelante. Uno de los documentos describe el funcionamiento del sistema y explica la función que cumple cada uno de los equipos utilizados".

También "aparece detallado el mecanismo mediante el cual el Ejército, la FACh y la Armada, pueden interceptar comunicaciones por ondas de radio".