Sergio Silva Vásquez

Siete eran los menores que albergaba el Hogar Catalina Keim, dependiente de la Fundación Niño y Patria, afectado por el incendio intencional la tarde del lunes. De este grupo, sólo cinco estaban a la hora de la emergencia, ya que los otros dos se encontraban en un proceso de pre egreso del sistema.

Dicho inmueble era monitoreado por el Poder Judicial, mediante un equipo de profesionales del Tribunal de Familia, que realizaba permanentes visitas a los recinto de menores de la comuna.

Tras el incendio ocurrido la tarde del lunes y donde falleció un interno de 15 años y otro se encuentra grave (ver nota secundaria), la magistrada Lorena Riquelme, juez titular del Juzgado de Familia de Osorno, arribó al inmueble y expresó que "esta era una casa provisoria, nosotros en reiteradas ocasiones veníamos a supervisar y decir que no estaba apta para tener niños de esta naturaleza y de esta complejidad".

Alcohol y droga

La complejidad pasa por un tema de conducta de los menores, y los incidentes que se venían suscitando desde hace algunos años, como daños al mismo inmueble, al cuartel de Carabineros que colinda con la residencia, barricadas incendiarias, peleas entre menores y agresiones o amenazas al propio personal.

"El perfil de los adolescentes que está ingresado a dicha residencia, el 95% es infractor de Ley. Además existe un 80% de ellos que son consumidores de droga y alcohol. El manejo de dichos adolescentes es muy complejo por parte de los funcionarios de trato directo", profundizó ayer la magistrada del Tribunal de Familia de Osorno, Claudia Oyarzún.

La representante del Poder Judicial indicó que el perfil actual de los menores no era el que debía existir en el recinto.

"El nivel de conflictividad que existía ameritaba un nivel de profesionales más experimentado para poder atenderlos de manera adecuada, y su atención se tornaba muy difícil por las conductas destructivas de algunos de estos jóvenes que venían muy dañados desde sus hogares de origen. Existieron riñas entre ellos y también conductas agresivas con quienes los cuidaban o resguardaban, no se trata de atribuir una culpa o responsabilidad a estos jóvenes, sino que están insertos en un ambiente que no está preparado para atenderlos adecuadamente", expuso Oyarzún.

Cambio de residencia

La magistrada recordó que tras el incendio ocurrido el año 2020, los menores fueron reubicados en una casa en la puntilla de calle Freire con Prat, desde donde vecinos reclamaron por el comportamiento, lo que generó que debieran dejar dicho inmueble y llegar al de Manuel Rodríguez.

La vivienda siniestrada este lunes iba a ser entregada. Y es que la Fundación encontró una inmueble en el sector oriente de la comuna, la cual iba a ser habitado a contar de la próxima semana. Ante la emergencia debieron anticipar su traslado, dijo a este medio la directora ejecutiva de la entidad, Erica Ponce.

"Nos demoramos bastante en encontrar una casa más adecuada a las necesidades de los adolescente con que trabajamos y esta semana nos entregaban la casa y el lunes o martes nos íbamos a cambiar. El espacio que hoy teníamos no nos permitía tener más de cinco niños", expuso.

Sobre la complejidad del hogar, Ponce manifestó que es una realidad que no se puede desconocer.

"Venimos trabajando hace más de 60 años con menores y sabemos que los niños han pasado por situaciones altamente complejas que presentan daños y que desde pequeño son usuarios del sistema. Algunos tienen transgresión de normas y eso hace que el espacio residencial se complejice dada las situaciones por las situaciones de vulneración por las que han pasado", detalló la directora ejecutiva, quien llamó a la comunidad a realizar una reflexión y no comparar los niños de hace 30 años atrás con los que se atienden en la actualidad.

"Hay situaciones más complejas, como el acceso a la droga, armas y en presencia de comunidades altamente violentas que repercuten en los niños con los que hoy trabajamos. Esta no es solo la labor de la fundación, aquí hay mas actores involucrados, pero cuando se habla de una bandera de lucha de los mal nombrados "niños del Sename", a la hora que quieres insertar en la sociedad, a las personas o vecinos no les gusta", recalcó.

MEJOR NIÑEZ

La directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, confirmó que ellos como entidad realizaron la denuncia por incendio.

" Nosotros hicimos una denuncia sobre la situación del incendio y ya se inició su investigación. Estamos a la espera de esas diligencias, como también que el organismo colaborador ponga todos los antecedentes para aclarar los hechos que dejaron un menor fallecido y otro en estado grave", sostuvo.

La profesional recorrió la jornada de ayer junto a directora ejecutiva de la fundación el nuevo recinto del hogar.

"El nivel de conflictividad que existía ameritaba un nivel de profesionales más experimentados para poder atenderlos de manera adecuado"

Claudia Oyarzún, Magistrada Tribunal de Familia

2 casas han servido como residencia de menores desde el incendio del 2020 y se alista una tercera.

7 eran los menores que albergaba el recinto, dos de los cuales estaban en proceso de pre egreso.

En una audiencia privada se realizó pasado el mediodía de ayer la formalización del menor de 16 años, quien fue detenido por su participación en el incendio intencional que destruyó en un 90% la casa donde funcionaba el Hogar Catalina Keim, siniestro en el que un menor falleció y dejó a otro en estado grave al presentar quemaduras en su cabeza y cuello, además de una funcionaria con lesiones.

El menor imputado fue detenido la tarde del lunes por Carabineros y ayer enfrentó la justicia.

Según los antecedentes, el joven habría rociado el inmueble con un acelerante -cera líquida- y luego procedió a encender el fuego, lo que generó una rápida propagación de las llamas por la casa.

"El adolescente quedó en internación provisoria por estimarse que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Se ordenó que la internación se cumpla en el centro Las Gaviotas en Valdivia, por contar con una unidad de salud mental, ya que existían antecedentes que así lo justificaban. Fue formalizado por el delito de incendio, donde resultó otro adolescente fallecido y otras personas con quemaduras de consideración", expresó Pablo Álvarez Solís, magistrado del Juzgado de Garantía de Osorno.

Se decretó un plazo de 60 días de investigación para el caso formalizado.