Redacción

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, volvió a desafiar al Gobierno al reivindicar los sabotajes y atentados como "forma de lucha" en la Macrozona Sur, en una entrevista con el medio Werkén Noticias.

"La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido", afirmó Llaitul.

También comentó que con estas acciones no pretenden atacar a trabajadores y campesinos: "No es un tema de dejarlos sin trabajo o quemar la máquina de sus dueños, no tiene que ver con afectarlos directamente a ellos, es un tema que nosotros hacemos defensa de esa forma, de nuestras reivindicaciones para ponerle un pare al extractivismo, para frenar tanta devastación y tanta injusticia contra nuestro pueblo".

El líder de la CAM dijo que los ataques que perpetran "son hacia insumos, hacia maquinarias, y por eso lo que deben retratar los medios de comunicación es que nosotros respetamos a los trabajadores".

Esto fue rechazado de inmediato por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien ayer en radio T13 afirmó que "sacar a un adulto mayor de una casa con un arma, bajar a un conductor de un camión y amenazarlo con un arma de fuego, no entiendo cómo puede ser considerado respetar a los trabajadores. No comparto para nada las afirmaciones que hace Héctor Llaitul, que quiere mostrar una política de respeto a las personas, cuando las personas que viven en la zona se sienten amenazadas y viven con miedo".

"Nosotros estamos contra todo ejercicio de violencia que no se justifica en un régimen democrático. Hay un problema profundo en el sur de Chile. El Gobierno considera que hay un problema político que requiere una salida política, que tiene que ver con una demanda histórica de derechos por parte del pueblo mapuche, pero eso no justifica la comisión de hechos de violencia que afectan a las personas y en muchos casos, quitan la vida de las personas", añadió.

Falta querella

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) rechazó "categóricamente las afirmaciones del dirigente de la organización Coordinadora Arauco Malleco, en cuanto constituyen una grave amenaza al estado de derecho, la seguridad y el orden público", y llamó al "Gobierno y los organismos del Estado correspondientes, reaccionen en forma inmediata para evitar que se hagan efectivas sus amenazas". El líder de los empresarios, Juan Sutil, indicó que "la extrema gravedad de las declaraciones del dirigente de la organización violentista CAM exige que el Gobierno actúe de manera urgente para proteger la vida de las chilenas y chilenos; es su responsabilidad".

El fiscal nacional, Jorge Abbott dijo que para poder actuar se necesita una acción de parte del Ejecutivo: "La verdad es que se requiere, para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad el Estado, una denuncia o una querella por parte del Gobierno".

Ante ello el diputado Eric Aedo, jefe de bancada DC, indicó que "el líder de la CAM habla abiertamente de sabotajes en los próximos días. Por este motivo emplazo al Gobierno a que nos diga con claridad, a todos los chilenos y chilenas, si va a tomar acciones contra el líder de la CAM invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado".

"No puede dejar de aplicar la ley porque, de lo contrario, la única señal que está dando es que la seguridad de los chilenos les importa nada", agregó .

Al cierre de esta edición, sin embargo, la ministra vocera Camila Vallejo descartó una acción de este tipo: "Hemos fijado una posición y en esto no hay cambios al respecto. Hay investigaciones en curso y hay querellas presentadas, y por lo tanto esperamos que respecto a estos delitos o posibles delitos sea la Fiscalía la que determine las acciones y las responsabilidades".

Vallejo añadió que "el Ministerio Público ya se encuentra con una investigación producto que el Gobierno de Chile ya es querellante respecto a las sanciones de la CAM. Lo importante al final es que si hay delitos de incendios, daños a propiedad, maquinaria, etcétera; eso está tipificado en el Código Penal, y eso tiene penas y sanciones y están siendo investigadas. Esperamos que la justicia avance en las investigaciones pendientes".

El más poderoso

Pablo Urquízar, ex coordinador de la Macrozona Sur durante el Gobierno de Sebastián Piñera, reprochó que "la inacción e indiferencia completa del Estado transforman a Llaitul en la persona más poderosa de Chile. Ni el Tren de Aragua, ni Jalisco Nueva Generación ni el Cartel de Sinaloa se atrevieron a tanto".

El abogado señaló que "la CAM lleva adjudicado entre el 2014 y el 2022 más de 156 atentados graves a familias mapuche y no mapuche. Aquí está en juego la democracia", cerró.

Las recientes declaraciones de Héctor Llaitul -"la prioridad nuestra, dijo, es canalizar la violencia hacia el sabotaje, uno muy bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinaria"- configuran un obvio ilícito. Y es de veras incomprensible que, hasta ahora, el gobierno asista a ellas con actitud impasible.

Un estado democrático, se ha dicho una y mil veces pero vale la pena reiterarlo, admite todos los fines y todos los propósitos, incluida la pretensión de autonomía de una comunidad, a condición que se intente conseguirlos por medios pacíficos y con exclusión de la violencia. La exclusión de los medios y la admisión de todos los fines es, por decirlo así, el principio básico de la democracia.

¿Infringe Llaitul ese principio e incumple su deber el gobierno al tolerar que lo haga sin ejercer acción alguna en su contra?

A primera vista pudiera sostenerse que lo de Héctor Llaitul no son más que palabras, simples declaraciones como alguna vez sugirió el presidente, opiniones que no están a la altura de las acciones y que solo estas merecen ser perseguidas.

Pero basta detenerse a pensar un momento para advertir que esa actitud impasible (apenas alterada por declaraciones de condena a la violencia) descansa en un error.

Es verdad que una sociedad abierta y un estado democrático no debe perseguir a nadie, ni sancionarlo, ni coaccionarlo, por las opiniones que emita o por el punto de vista que manifieste. Manifestar opiniones o puntos de vista, incluso cuando ellos resultan incómodos u opuestos a las convicciones democráticas (como si alguien solo declarara que sería mejor una dictadura o cosas así) está amparado por la libertad de expresión.

De eso no hay duda.

Pero una opinión debe ser distinguida de una incitación a actuar contra las instituciones por medio de la violencia organizada. Una opinión es un punto de vista que puede incidir causalmente en la acción, pero quien emite una simple opinión no pretende que ello ocurra, ni emplea medios idóneos para lograrlo. Una incitación, en cambio, es un discurso o un conjunto de acciones significativas que invitan e instan inequívocamente a ejecutar determinados actos, en este caso delitos violentos, y lo hacen de una manera que se muestra idónea. Y ocurre que una incitación no está amparada por la libre expresión ni por ninguna otra garantía de aquellas que son propias del debate público.

Y lo que ha hecho reiteradamente Llaitul no está amparado por las reglas del debate democrático (como el presidente parece creer), lo que hace Llaitul, y lo hace casi sistemáticamente, no es opinar: es incitar e instar a la violencia contra el orden constituido. Y lo hace de una forma eficaz como lo prueban los incendios y atentados que se ha atribuido y los que, sin atribuirse, ha incitado. Y eso un estado democrático no debiera -como desgraciadamente está ocurriendo entre nosotros- permitirlo.

Tratar las palabras de Llaitul como si fueran opiniones en medio del debate democrático es simplemente absurdo y si no fuera trágico para quienes padecen la amenaza, sería hasta risible. Porque lo que Llaitul pretende en los hechos no es participar del debate democrático, sino suprimirlo.

Creer que la legitimidad de los propósitos de Llaitul (suponiendo que la autonomía de los pueblos originarios la posea y que además sus integrantes quieran alcanzarla) autoriza el empleo de la violencia o la incitación a hacer uso de ella, no solo es cometer un obvio error intelectual (consistente en creer que se trata de meras opiniones) sino que es incurrir en el incumplimiento de un deber que pesa sobre la autoridad pública y que consiste en hacer cumplir las reglas.