Si bien no confirmó la aplicación de estado de excepción constitucional en Los Ríos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que entregará la información recabada ayer, en reuniones con distintos actores, en la sesión semanal de evaluación de estado de excepción -que se realiza hoy- donde se analizará la situación de la región para tomar una decisión.

Al respecto, dijo que siempre será una opción usar todas las herramientas que el Estado de Derecho le otorga al gobierno, "y, por eso, para evaluar la aplicación de esas herramientas, entre las cuales está el estado de excepción, hoy día estoy aquí por mandato del Presidente de la República y de la Ministra del Interior", indicó durante su visita a la zona.

A su vez, precisó que hay otras medidas que sí están definidas. Una de ellas, es el establecimiento de tres puntos de control en la región que -dijo- son estratégicos para prevenir, controlar o, eventualmente, detener a personas que cometen hechos de violencia rural. Precisó que Carabineros dispondrá de recursos para implementar esos tres puntos y que la institución está coordinando ese plan.

Otra medida -detalló- está vinculada con mejorar las condiciones de seguridad en un tramo estratégico de la Ruta 5 Sur. Esta acción considera la instalación de cámaras de televigilancia y térmicas, así como de pórticos de lectura de patentes.

Con el fin de concretar esta última medida, anunció que la próxima semana vendrá a la zona el subsecretario de Obras Públicas con el objetivo de iniciar el trabajo relativo a las modificaciones al contrato de concesiones de la Ruta 5 Sur.

Por otra parte, informó que también la próxima semana llegará a la región el jefe del Departamento de Acción_Social, quien se reunirá con las víctimas de hechos de violencia para analizar cómo ir en ayuda de éstas, a través del Programa de Reparación de Víctimas de Violencia Rural y, finalmente, señaló que el gobierno está trabajando en la creación de un seguro complementario destinado a las víctimas.

El subsecretario comprometió una nueva reunión para la semana del 1 de agosto, con los representantes de la región, en conjunto con los ministerios de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, y la Conadi, para abordar las problemáticas que afectan al territorio. "Vamos a mejorar las condiciones de seguridad de la región de Los Ríos, que es la principal preocupación que nos han planteado en el marco de estas reuniones", enfatizó Monsalve.

Situación regional

Acerca de la situación en la región, el subsecretario Monsalve puntualizó que los ataques incendiarios ocurren hace, a lo menos, diez años.

Y en cuanto al último periodo, detalló que "en octubre de 2021 hubo diez hechos de violencia rural; en noviembre, seis; en diciembre, nueve; en enero de 2022, antes de que asumiera el gobierno, ocho; o sea, los hechos de violencia rural estaban presentes desde hace tiempo".

Afirmó que "el gobierno se quiere hacer cargo de esa realidad y, desde esa perspectiva, nos parece importante, primero, escuchar a los actores de la región" y añadió que "antes de tomar cualquier decisión es necesario saber qué piensan los ciudadanos y quienes los representan democráticamente".

Su agenda en la región, comenzó con una reunión con el fiscal regional Juan Agustín Meléndez. Respecto de ésta, sostuvo que "junto con tomar medidas preventivas, como a veces son los estados de excepción, lo que interesa es que quien comete el delito pueda ser identificado y sancionado, y esa tarea de persecución penal del delito y de los autores de los delitos no la hace el gobierno, la hace el Ministerio Público y nos interesa colaborar con éste, porque en la medida que se detiene a quienes cometen esos delitos , se incautan las armas que utilizan, entonces efectivamente se está golpeando a la actividad criminal".

En el encuentro, el fiscal regional expuso la evolución delos delitos de violencia en Los Ríos desde 2009 a la fecha.

Las cifras del Ministerio Público dan cuenta de un aumento, el que en los dos últimos años es significativo. Según precisó Meléndez, "los hechos que presentamos de violencia rural el año pasado son 55 versus 53 que llevamos a la fecha, vale decir, estamos a punto de llegar a la misma cantidad de hechos de 2021 estando a mitad de año".

A juicio de Juan Agustín Meléndez, es evidente que ha ocurrido un desplazamiento de la violencia hacia Los Ríos, lo cual -dijo- está avalado por la cantidad de hechos ocurridos, especialmente, en el último tiempo. Y afirmó que ese aumento en los casos preocupa a la Fiscalía y que para enfrentar esos delitos la institución requiere de mayores capacidades técnicas, así como de la presencia de peritos especializados en la materia; sobre esto último, indicó que en muchos de los casos que se investigan en la región concurren peritos de la Araucanía y Puerto Montt.

Reacciones

Durante su visita a Valdivia, el subsecretario se reunió también con alcaldes de las comunas mayormente afectadas por delitos de violencia, asimismo con representantes de gremios, policías, gobernación regional y servicios públicos.

Tras las reuniones, algunos de los participantes hicieron un balance de los compromisos y conversaciones sostenidas con la autoridad nacional. Al respecto, la gobernadora regional subrogante, Paz de la Maza, quien valoró la disposición del gobierno para poder escuchar y recoger las distintas voces que existen en la región, sostuvo que "la idea es consensuar una posición regional, que nos permita avanzar hacia decisiones que apunten al corazón de las situaciones complejas que hoy día estamos viviendo como región".

En tanto, el alcalde de Lanco, Juan Rocha, señaló que "los alcaldes dimos cuenta de la situación real que vivimos las comunas;_por otra parte, el gobierno hace una propuesta para seguir dialogando". Agregó que "estamos en contra de toda la violencia que se ejerza en nuestra región y en nuestra comuna", y en ese sentido se mostró a favor de un trabajo preventivo, "y será el gobierno el que evalúe a futuro si es necesario o no (un estado de excepción)". Detalló que en la comuna se requiere de mayor vigilancia a nivel territorial y, en esa línea, destacó el anuncio realizado por el subsecretario con relación a la implementación de nuevos puntos de control.

El alcalde de Máfil, Claudio Sepúlveda, también destacó los anuncios en materia de control y seguridad en la Ruta 5 Sur. Frente a una eventual declaración de estado de excepción, el jefe comunal planteó que "voy a estar de parte de lo que las autoridades nacionales adopten; en lo personal creo que no ha dado tantos resultados en la zona de la Araucanía, así que yo dejo esta decisión en manos de quienes tienen que tomarlas a nivel del Ministerio del Interior".

El alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, dijo que ésta era una reunión necesaria y que la comuna no ha estado exenta de esta problemática, registrándose -recordó- " varios atentados en 2017 y este año también (...) Ha habido empresas que se han retirado de la comuna producto de estas mismas situaciones que han sido bastante complejas ".

Sobre la declaración de estado de excepción, señaló que es una decisión que debe evaluar el subsecretario y las policías, "nosotros solamente planteamos los problemas que tienen nuestras comunas, nuestros sectores y velamos por la sana convivencia con los vecinos".

Enfatizó en la necesidad de contar con mayor dotación policial y recalcó que "necesitamos, por supuesto, que la PDI también tenga oficina permanente en la comuna", lo cual fue planteado a las autoridades.

Multigremial del sur

Desde la Multigremial del Sur, en tanto, su asesor jurídico Cristóbal Grünwald manifestó que "lo que no escuchamos y echamos mucho de menos fue que se digan las cosas por su nombre, se sigue hablando de violencia rural cuando en realidad todos sabemos que esto es terrorismo. La explicación que siempre se da es que es más difícil acreditar el delito de terrorismo que otros delitos y eso es así, lo que no implica que uno no pueda presentar la querella por delito de terrorismo y, eventualmente, si se configuran otros delitos se puede perseguir por otros".

Agregó que: "Tampoco se habló de estado de excepción. Hubo mucho relato de víctima, mucho reclamo en especial de los contratistas forestales; por nuestra parte, pedimos, además de hablar de terrorismo, dos cosas bien específicas: respaldar el accionar de Carabineros, han existido circunstancias en que la autoridad regional ha dado señales equívocas a la autoridad policial (...) y que debe, a todas luces, haber una señal muy fuerte de tratar de lograr los procedimientos en flagrancia, esto simplifica la labor de Fiscalía y de nosotros como querellantes, ya que tenemos imputados individualizados, también facilita la labor de Carabineros que no tiene que perder recursos teniendo que implementar medidas de protección para resguardar predios tomados...".

Un tercer punto que abordó la Multigremial en la reunión -según indicó Grünwald- es que si el gobierno no reconoce la existencia de terrorismo en la zona y si no hay resultados con relación a las medidas abordadas en la visita del subsecretario orientadas a frenar la escalada de violencia, "estamos evaluando tomar acciones a través de recursos de protección y también vamos a evaluar nosotros presentar las querellas por los delitos".