Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello, la ley 20.422, que entró en vigencia hace ya 12 años, promueve la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es por lo tanto deber de todos (ciudadanos, empresas y Estado) contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.

Si bien es necesario reconocer que ha habido importantes avances, aún falta mucho para conformar una sociedad tolerante e inclusiva.

La delantera en este tema la llevan los organismos del Estado, en todos sus niveles. Hoy es posible ver cómo las municipalidades se han preocupado de disponer los correspondientes rebajes de soleras en las esquinas, para el paso de las sillas de ruedas, o bien se han habilitado semáforos con sonido, que ayudan a las personas ciegas a desplazarse de manera autónoma por algunos lugares de la ciudad. Asimismo, los edificios de servicios públicos, habitacionales y centros comerciales han construido accesos desnivelados, aunque todavía son muchas las construcciones particulares que no los tienen. Así como también falta desarrollo en esta materia en los barrios, donde hay veredas irregulares, falta de pavimento u otras falencias que es necesario corregir para, de alguna manera, ir nivelando la cancha.

Es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero aún falta, en especial respecto a la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.

La democracia conceptualmente es un sistema político donde se reconoce la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. Esta expresión donde se practica de manera irrefutable es en las votaciones para elegir a las autoridades políticas o plebiscitos ciudadanos, al que prontamente estamos llamados a pronunciarnos sobre una nueva constitución para el país.

Es bueno hacer memoria y rememorar el plebiscito de octubre de 2020, con un resultado histórico por la alta participación y la contundente ratificación que se acercó al 80% para el cambio constitucional, y que se redactara por una convención constitucional.

La crisis política y social profunda que se manifestó en las calles a fines del 2019, expresó un descontento profundo del país que habíamos construido. Fueron millones los que salieron a marchar.

La respuesta fue una lección de democracia, estableciendo un proceso para generar una nueva Constitución, dejando en claro en las urnas una convención constituyente sin parlamentarios y una votación de constituyentes sin políticos tradicionales. Hoy ellos, representantes políticos, se arrogan la capacidad de mejorar la propuesta y establecer las mejoras que en décadas no estuvieron dispuestos a cambiar.

El escenario es incierto a menos de dos meses del plebiscito de salida, lo único que no está en duda es que la Constitución de 1980 ya no es el instrumento jurídico que nos debe dar la hoja de ruta de las próximas décadas. Frente a ello, ¿son los conglomerados políticos de los últimos 40 años quienes deben definir cuál es la ruta?

Políticos importantes como ex Presidentes se han manifestado en favor del rechazo con argumentos plausibles, que apuntan a que la propuesta no es el camino a seguir. Pareciera no importar que el cambio de Constitución es respuesta a una crisis social por demandas sociales insatisfechas e históricas desigualdades, donde el país exigió un cambio real en el modelo de desarrollo del país.

Aún estamos a tiempo para informarnos y reconocer las bondades de la propuesta, pero también de ser críticos y reconocer que es perfectible. La democracia es y ha sido la mejor respuesta en tiempos de crisis y ejercer el derecho a sufragio informado, definirá si las expectativas de la ciudadanía se logran satisfacer en la propuesta de nueva Constitución en septiembre próximo.

Óscar Garrido, rector Universidad de Los Lagos