Redacción

Entre el 1 de julio y fines de septiembre, tendrá lugar el período de marcha blanca de la nueva Ordenanza General de Medio Ambiente que comenzará a regir en Puerto Varas y que busca que se ejecute una mejor gestión de residuos en el comercio local.

Con esta medida, se busca generar, en el mediano plazo, un adecuado manejo de los residuos que se generan en la comuna, favoreciendo a quienes promuevan prácticas de reciclaje que disminuyan el volumen actual que impacta seriamente en el servicio de recolección comunal.

Para ello, la nueva normativa busca gravar a quienes excedan el promedio de disposición de basura que arroja un domicilio. La idea es que no supere los 60 litros diarios y que de ocurrir -hasta los 660 litros diarios- se vea gravado por el mayor gasto de recursos que significa para la comuna y para los contribuyentes, en cuanto a su retiro y disposición final en el Relleno Sanitario La laja.

Así lo indicó el encargado de Medio Ambiente del municipio, Marcelo Bustos, quien señaló que "se definió que a contar del 1 de julio de este año se comience a extraer los residuos, en un volumen no superior a los 660 litros diarios, y los sobreproductores que estén en el rango de 60 y 660 litros, estarán encasillados en una tarifa diferenciada que, según el tramo, va a requerir un pago adicional a lo que hoy cancelan por este servicio.

Gradual

En cuanto a la implementación de esta nueva ordenanza, se informó que se desarrollará de manera gradual por los meses de julio, agosto y septiembre, tiempo en que se notificará y discernirá el volumen de basura diaria que arroja cada usuario, para que, y por indicación del alcalde Tomás Gárate (Independiente), a contar de octubre de este año, los usuarios sobreproductores paguen el costo adicional, según el tramo en que se encuentren, pero con una rebaja del 50% hasta que entre en vigencia el nuevo contrato de recolección en febrero de 2023, momento en que comenzará a regir la ordenanza tal y como quedó definida.

Nuevo contrato

El encargado de Medio Ambiente agregó que el nuevo contrato de recolección comenzará a regir a partir de febrero y considerará esta política de cobro diferenciado, con la salvedad de que a partir de julio del próximo año la recolección máxima de residuos para los sobreproductores volverá a reducirse desde los 660 litros diarios actuales hasta los 200.

"Será nuestro máximo de lo que vamos a recoger y por lo tanto los usuarios van a tener un año para que puedan ir reduciendo sus residuos buscando alternativas de reciclaje. Las que excedan los 200 litros van a tener que generar su propia gestión de residuos, como lo hacen hoy día varias empresas a nivel comunal y provincial" finalizó.

Los objetivos y el detalle de la nueva ordenanza han sido socializados con representantes de gremios del comercio puertovarino y en diferentes instancias para su puesta en marcha a contar del primero de julio.

1 de julio comenzará el período de marcha blanca de la ordenanza, el que se extenderá por tres meses.

2023 es el año en que la ordenanza comenzará a regir tal y como quedó redactada en la ciudad lacustre.

Dos mil quinientas familias de la agricultura familiar campesina de la Región de Los Lagos serán beneficiarios directos, luego que el Ministerio de Agricultura (Minagri) decretara la extensión de la emergencia agrícola por déficit hídrico en marzo pasado.

De esta forma, la cartera transferirá recursos directo a 23 municipios del territorio que solicitaron apoyo para pequeños agricultores no acreditados como usuarios de INDAP.

Al respecto, la seremi de Agricultura, Tania Salas, expuso que "momo Ministerio de Agricultura estamos apoyando a aquellas familias que normalmente no reciben ayuda directa de los servicios del agro, al no estar inscritas en INDAP. Para esto, a través del Programa Siembra Por Chile, impulsado por el Presidente Gabriel Boric, estamos firmando convenios con los municipios de la Región de Los Lagos, ya que son estas puertas las que habitualmente tocan los agricultores", detalla.

Además, detalló que durante las conversaciones que "hemos tenido en toda la región, se ha hecho patente la urgente necesidad de generar ayudas que puedan disminuir el impacto del alza de los insumos, especialmente del precio de los fertilizantes, daño en praderas y falta de alimentación para bovinos, ovinos, entre otros".

En esa línea, agregó la autoridad del agro, "a través de los municipios, transferiremos recursos para apoyar con un bono de 300 mil pesos a los agricultores más afectados".

Daño a praderas

Y si bien el nivel de precipitaciones registradas durante los últimos meses permitió subsanar el déficit hídrico que afectó al territorio las dos últimas temporadas, aún persisten daños en las praderas, sobre todo en predios de la agricultura familiar campesina, que tras la falta de lluvias debió lidiar con el alza en el precio de los fertilizantes e insumos agrícolas.

El Minagri decidió extender la emergencia agrícola hasta el 31 de junio del presente año en la región y otras ocho regiones del país, lo que permitirá entregar apoyo directo.