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Los súper sueldos
Una de las mayores aspiraciones como testigos de nuestro tiempo es concebir una sociedad más simétrica y especialmente con quienes respecto se supone tienen vocación de servicio público. Siempre se cuestiona que nuestra clase política vive desconectada de la realidad, porque no sufre los sinsabores y las angustias o el estrés que significa viajar en el transporte público, usar los servicios de salud en un hospital del Estado, o coexistir hacinado en una vivienda social. Se cuestiona además que la política sea en algunos privilegiados un instrumento para ganarse la vida, porque una vez insertos en el mundo político viven encapsulados en una realidad idílica gracias a las asignaciones, dietas, regalías y remuneraciones que el mismo aparato estatal, al más alto nivel, se provee y autoimpone.
Cuando se está en política (la verdadera), una de las más aconsejables virtudes a robustecer es la empatía que debe ser promovida como una fuerza subterránea que subyace a todas nuestras decisiones, capaz de mover a la clase política al otro lado de la vereda, no dejándola indolente de sus electores.
En otros países con democracias más evolucionadas, es casi una obligación forzada o moral que la clase política sea usuaria y consumidor de los servicios que ellos mismos diseñan, porque es la mejor manera de forzar políticas públicas de ascenso social y promover marcos institucionales capaces de solventar las necesidades básicas que dé evidencias de una redistribución algo más justa.
Todo lo anterior va de la mano con otra realidad donde otros altos funcionarios distribuidos en distintas reparticiones públicas en "cargos de confianza" son muy bien remunerados, dizque, para no ser sujetos, ni objeto de actos de corrupción y defraudar al fisco; sin embargo, la realidad puede ser contrastante.
El Estado chileno replica en sus sueldos la disparidad de ingresos existente en la economía. Así nos encontramos con jefes de prensa, periodistas o asesores comunicacionales; jefes de gabinete, asesores de gabinete de ministros o subsecretarios, coordinadores de asesores o áreas, asesores legislativos, asesores en general y directores de programas. Otro grupo incluye jueces de la Corte Suprema, parlamentarios, senadores, empleados del Banco Central, incluyendo a sus consejeros y algunos funcionarios de las universidades estatales, médicos y directivos de hospitales; los presidentes de las Cortes de Apelaciones, los jueces y fiscales de las Cortes de Apelaciones. Incluyan también a funcionarios del Senado y la Cámara, por último, incorporen en otro sector a los altos mandos militares de las tres ramas y muchos otros más, es decir, toda la grasa del Estado, o más bien dicho, la burocracia dorada.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son claras: la mitad de los trabajadores chilenos recibe un ingreso mensual de $420 mil o menos y sólo el 1,2% alcanza un salario superior a $3,3 millones, hasta $17.726.632 cada mes, eso sin considerar la plana ejecutiva de Codelco, cuyo presidente percibe $60.767.399 brutos mensuales, saque usted la relación a cuántas veces al sueldo mínimo equivale eso.
Es de indispensable importancia ejecutar una reingeniería remunerativa en el aparato estatal, porque sin menoscabar sus capacidades, la pregunta es: ¿cuántos en el sector privado estarían interesados en reclutar todo ese desborde de talento, eficiente, proactivo, ejecutivo, eficaz, ágil, resolutivo y meritocrático?... Mi llamado entonces es a dejar de normalizar las cosas, porque hasta lo incuestionable se puede cuestionar.Pier Maguiña Rojas, Universidad del Desarrollo
Hidrógeno verde: oro del futuro
Chile tiene una oportunidad de oro: convertirse en potencia mundial de hidrógeno verde. Este es un elemento que ofrece la oportunidad de abastecer al mundo entero de forma totalmente sustentable, limpia y segura con el medio ambiente.
El Estado sabe de esta situación, por lo mismo se están dando todas las facilidades gubernamentales para ello. Sin ir más lejos, la Corfo creará un comité especial para desarrollar el plan con miras a esta meta.
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, esta futura industria requerirá inversiones por unos US$5 mil millones hacia el año 2025 para generar 5GW de electrólisis. Esto posibilitará que el país pueda alcanzar exportaciones de hidrógeno verde y derivados por unos US$2.500 millones al 2030.
Los primeros proyectos ya están en marcha y consideran otro polo sumamente estratégico como son los puertos. Chile tiene diversos puertos muy cercanos a grandes ciudades, por lo que el transporte de los insumos necesarios desde y hacia la costa no es algo complejo. Es más, ya existen conversaciones con importantes puertos del país para avanzar en la materia.
Subirse a esta ola es inminente para todos los involucrados. Si nos unimos como país y gremio, no cabe duda de que lograremos los objetivos propuestos. Víctor Opazo Carvallo
Que no sea por la cuota
Recientemente se cumplieron cuatro años desde que entró en vigencia la ley 21.015, más conocida como "Ley de Cuotas", cuyo objetivo es incentivar la incorporación de Personas con Discapacidad (PcD) a entornos laborales abiertos. Sin duda, esta normativa vino a plantear desafíos a la cultura laboral chilena, toda vez que mandata la reserva de un porcentaje de la dotación total de una empresa para PcD. De esta manera, durante los dos primeros años, se observó un incremento en la contratación de este colectivo que históricamente estuvo marginado de oportunidades laborales.
Si bien inicialmente los resultados no cumplieron las expectativas proyectadas por las autoridades, de igual manera el balance fue positivo, observándose un progreso en materia de inclusión laboral indiscutible. Al cumplirse el primer año desde la promulgación de la normativa (2019), se habían alcanzado casi 13 mil contrataciones, materializándose más de 32 mil contratos al 2021, según un informe elaborado por los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda.
Ahora bien, llama la atención un dato en particular. Mientras las inserciones laborales inclusivas aumentaban, también lo hacían los contratos terminados, pasando de 1.377 en el 2019, a algo más de 11.200 en 2021. Así, la proporción entre contratos vigentes y terminados se fue equiparando en la medida en que la ley se instalaba.
Entonces, cabe preguntarse si el impulso inicial por contratar PcD respondía exclusivamente a la necesidad de cumplir la ley o, si en efecto, como sociedad hemos alcanzado un grado de madurez tal, que aprendimos a valorar la diversidad como una fortaleza de los equipos de trabajo. Espero que sea lo segundo y no sea sólo "por cumplir la cuota". Alejandra Ríos Urzúa, directora Diploma en Habilidades Laborales UNAB Viña del Mar