Impuesto específico de los combustibles
Este tributo se originó en 1985, cuando el país necesitaba reparar con urgencia la infraestructura vial dañada por el terremoto de marzo de ese año. En las últimas semanas, producto del alza sin freno de los combustibles, se ha levantado cada vez con más fuerza la petición para evaluar el impuesto.
Rebajar o eliminar el impuesto específico a los combustibles se ha planteado con fuerza en los últimos meses, debido a los altos precios que han alcanzado las gasolinas. Incluso, hay proyectos que han presentado parlamentarios y que se encuentran detenidos en el Congreso. La última de estas exigencias ha sido hecha por los camioneros, durante las protestas recientes.
En abril, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al Presidente Gabriel Boric eliminar de manera permanente o transitoria el impuesto específico, en atención a las alzas en los precios de las bencinas y el diésel. Según la iniciativa, de eliminar el tributo en cuestión, la rebaja del precio de la gasolina sería superior a 400 pesos.
En los últimos meses las gasolinas no han dado tregua. Chile importa casi la totalidad del crudo que consume y ENAP fija semanalmente el rango, que corresponde a una actualización de cuánto cuesta importar esos productos y las variaciones del dólar. De ahí que existe inquietud por estas alzas, considerando que los combustibles tienen un efecto multiplicador, ya que no sólo afectan a los automovilistas, sino que se traspasan a los mayores costos del transporte de pasajeros y de carga.
La cuestión de fondo es que alrededor de la mitad del precio de las gasolinas que pagan los conductores corresponde a impuestos, donde una fuerte incidencia la tiene el tributo específico, que nació en 1985, con carácter de temporal, cuando el gobierno de la época requería recursos para que el Estado reconstruyera las carreteras y los puentes que fueron dañados por el terremoto de marzo de ese año.
Este tributo ya cumplió su objetivo. Es más, como hoy las carreteras son concesionadas y las reconstruyen consorcios privados, se condena al automovilista a una doble carga: a pagar peajes a las empresas que hicieron las obras y a pagar el impuesto específico de beneficio fiscal. El impuesto específico en las actuales condiciones deteriora aún más la condición de desempleo y caída de los ingresos de las familias. Es un problema que requiere de una solución definitiva ahora y no de paliativos momentáneos. Para una situación de emergencia cumplió su cometido hace décadas y es momento al menos de una evaluación.