Vivir su infancia es el derecho prioritario de los niños, proclamado por los organismos internacionales. Sin embargo, para una parte importante de la población infantil esos derechos se ven coartados. En Chile, el maltrato infantil es una realidad más común de lo que pensamos, ya que siete de cada diez niños manifiestan que alguna vez han recibido algún tipo de maltrato de parte de sus padres.

La violencia al interior de las familias es la principal causa por la que algunos niños son desvinculados del lado de sus padres, para ser puestos bajo el cuidado de organizaciones. Y el 34% de los niños que son separados de sus familias, se debe a situaciones de maltrato, que provocan impactos negativos a corto y largo plazo en la salud física y mental de los menores. Esto afecta su autoestima, educación, desarrollo de su capacidad cognitiva y -lo más preocupante- es que un niño maltratado tiene mayores probabilidades de sufrir, aceptar y reproducir la violencia en su vida adulta. Además de los métodos violentos de disciplina utilizados en algunos los hogares, la violencia hacia los niños puede comprender otras situaciones, tales como abandono, negligencia y agresiones sexuales, siendo esta última la forma de violencia menos denunciada.

Un estudio de Unicef reveló que el 71% de los niños chilenos menores de 14 años ha sufrido algún tipo de violencia de sus padres.

La violencia causa impacto en diferentes ámbitos de la vida de los niños y niñas, que afecta su desarrollo y crecimiento. Son menores predispuestos a desconfiar de otros adultos y a limitar sus posibilidades de exploración del mundo externo. Muestran mayor agresividad en las relaciones con sus padres y tienden a vivir como amenazantes las situaciones de acercamiento, lo que los hace estar a la defensiva permanentemente.

Además de tener una peor relación con sus padres, tienen menor rendimiento escolar, un mayor consumo de medicamentos para mejorar su desempeño y comportamiento escolar, una relación regular con sus compañeros y han estado más expuestos al consumo de alcohol y drogas. De ahí que es un problema al que hay que darle la necesaria atención.

La justicia es una virtud que no es natural, precisa de un esfuerzo humano. Históricamente, a ese esfuerzo le hemos llamado Estado, y que cumpla su función equilibrando y no desnivelando la balanza, es lo que está en juego en la Convención Constitucional. La columna anterior la dediqué a profundizar aquello.

En esta ocasión, quisiera desarrollar un tema que va de la mano y tiene que ver con la utilidad que presta una carta fundamental.

Sucede que una Constitución "constituye" la política, de ahí su nombre. Es decir, diseña instituciones que permiten el juego democrático, donde los jugadores tienen claro sus roles y límites. Si lo comparamos con un partido de fútbol, el rayado de cancha es la Constitución, de tal forma que entrega libertad a sus jugadores para que se luzcan dentro de ella, pero si se extralimitan saliendo de la cancha, se está fuera del juego.

De esta manera, excesivas reglas no hacen sino sofocar a los jugadores impidiendo que el juego se desarrolle, quitándole interés al rol que estos desempeñan en los acontecimientos. Dicho de otro modo, una Constitución maximalista arriesga hacerle a la política lo mismo que el VAR al fútbol. Los constituyentes parecen no advertir esto cuando ya van en más de 300 artículos aprobados.

Por otra parte, ausencia de un rayado de cancha o que estas se inclinen en favor de un equipo, desaniman el interés en lo que sucede ahí, pues el resultado ya se conoce antes que comience el juego. Este es precisamente el mayor problema de la Constitución vigente, pues da lo mismo tener o no mayorías parlamentarias, si al final los cambios necesarios son declarados fuera del juego, o sea, inconstitucionales.

No digo que alcanzar un equilibrio sea fácil, pero sí está claro que de cara al plebiscito de septiembre, a ambos equipos les falta mirar el juego completo. A la convención aún le queda tiempo, aunque poco. Finalmente, una Constitución también sirve para limitar el poder, pero es un asunto a tratar en una próxima columna.

Juan Carlos Claret, Colegio de Abogados de Osorno