Los municipios del país concentraron hasta el 31 de marzo buena parte de su acción en atender la renovación de los permisos de circulación. Si bien se instalan puestos en los lugares de mayor afluencia de público, es probable que la mayoría de los automovilistas hayan realizado los trámites por internet, lo que se acentuó desde que se declaró la pandemia.

Marzo se ha convertido, sin duda, en el mes de mayores gastos para las familias, considerando primero la compra de los uniformes y los útiles escolares, el pago de matrículas, la contratación del servicio de transporte escolar y el inicio de los estudios superiores, en algunos casos, con traslado de estudiantes a otras ciudades y el consiguiente pago de pensión o arriendo de departamento, que ponen en jaque el presupuesto del hogar.

También en este período suelen manifestarse los reajustes en algunos compromisos anuales, como los arriendos. Y ahora en abril se agregará el pago de la primera cuota de las contribuciones de bienes raíces.

Por eso, analistas vienen cuestionando desde hace años que el pago de los permisos de circulación vehicular y todos los anexos que ello significa tengan que realizarse en marzo, cuando las familias vienen de regreso de las vacaciones y, por lo mismo, se cuenta con menos recursos para enfrentar estos compromisos. Sólo una minoría de los padres realiza las compras de útiles escolares y uniformes en vacaciones y la mayoría concentra los gastos en marzo, al regresar de las vacaciones. Tal vez sea una de las explicaciones por las cuales una buena parte de los automovilistas deja el trámite de renovación del permiso para última hora.

Ya en 2009 la entonces senadora Soledad Alvear propuso -apoyada por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Agrupación de Automovilistas Unidos de Chile- postergar de marzo a junio el pago de los permisos de circulación, con el objeto de aliviar la carga de compromisos y hacer una mejor distribución de ella, iniciativa que no tuvo el avance que se esperaba. Tal vez sea el momento de retomar el tema y adoptar una decisión.

Esta semana visitó la región el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar, y nos invitó a reflexionar sobre los desafíos de nuestra región para dar solución a las problemáticas locales, en un trabajo conjunto de las universidades públicas, con los gobiernos regionales y la demás institucionalidad pública.

La ciencia no es una tarea simple, requiere de recursos para poder consolidarse en el tiempo y generar desarrollo, lo que se ve dificultado en regiones al concentrarse el gasto, los investigadores y las empresas de base científica-tecnológica en la Región Metropolitana.

Sólo algunos datos que reflejan esta realidad: El presupuesto público a financiar I+D el 51% se ejecuta en la RM (Los Lagos el 4,3%); del total de investigadores, el 58% se concentra en la RM (Los Lagos el 3,6%); el gasto en I+D representa el 0,34% del PIB, en relación a un promedio OCDE de 2,3%; el año 2021 del total de publicaciones ISI, el 78% se generan en Ues del Consejo Rectores, de ellas el 51% las generan las universidades públicas estatales.

Las asimetrías se van replicando en un modelo de desarrollo que nace en la década de los '80, que afectó la formación de capital humano y el curso del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, sin una política permanente que pudiese dar prioridad al desarrollo del país.

Las consecuencias han sido, una baja inversión en Ciencia y Tecnología, la hegemonía del conocimiento en revistas indexadas, dificultades para la formación de nuevos investigadores, falta de focalización en prioridades estratégicas y una baja cooperación con el medio social y productivo.

Así como es impensable concebir una universidad pública sin considerar su contribución al desarrollo del territorio que las acoge, nuestro país requiere de manera urgente incrementar el gasto en el área, compromiso que ha asumido el nuevo gobierno, planteando aumentar el presupuesto para alcanzar el 1% de PIB, desde una mirada descentralizada de las políticas públicas destinadas a fomentar y fortalecer un desarrollo armónico del país, potenciando las capacidades territoriales en conjunto con las universidades públicas, las que deben ser el sustento del sistema nacional de ciencia y tecnología.

Oscar Garrido, rector Universidad de Los Lagos