Es cierto que el país ha avanzado bastante en identificar el acoso/bullying como un problema, con propuestas y acciones a nivel personal, grupal e institucional, aunque no siempre se ha logrado responder adecuadamente a su resolución. Prueba de ello es que según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras se ha visto un aumento en los casos de acoso/bullying en el período 2020/2021, que ha pasado de 3.760 a 5.934 casos, mostrando además que las regiones con mayor población reportan más casos.

Para el sicólogo educacional y docente de la Universidad Andrés Bello, Carlos Ossa, este incremento es inquietante debido a que existen consecuencias negativas y graves derivadas del acoso/bullying, como aislamiento social, problemas emocionales, disminución de rendimiento académico, pérdida de confianza social, problemas de relaciones interpersonales, y dentro de lo más extremo, intentos y consumación de suicidio infantil y juvenil. Es por ello que se le ha considerado un grave problema de salud mental, e incluso de indicador de negativa salud organizacional en los centros educativos.

"Desde la psicología, y especialmente desde la psicología educacional, debemos aportar en varias direcciones. En primer lugar, debemos investigar más decididamente el fenómeno, considerando sus diferentes facetas (individuos, grupos, organización, cultura), además, debemos generar y promover más programas y acciones para identificar y mejorar las situaciones de acoso/bullying, y de violencia relacional que se dan en los centros educativos, donde la intervención para el cambio es fundamental, ya que no basta sólo con la prevención", plantea Ossa.

Otro elemento a considerar es que hay que enseñar la importancia del cambio, elemento que es fundamental para evitar el bullying, pues se ha visto que en muchas situaciones es justamente esta dificultad lo que promueve situaciones de acoso y de rechazo, y son justamente las instituciones más rígidas y evitativas del cambio las que mantienen contextos donde proliferan el acoso y la violencia.

Compatibilizar la desigualdad de contextos sociales y territoriales con los avances que requiere el país para su desarrollo es el gran desafío de la educación pública. Esta ha sido una respuesta compleja con un Estado que no ha estado a la altura de los desafíos, sin colocar el foco en la calidad de la educación y en lograr que cada niño, niña y adolescente cuente con la educación que se requiere para desarrollar al máximo sus capacidades.

La educación pública es la alternativa de garantía que el Estado debe dar soporte y poner foco, sin desconocer la provisión mixta de nuestro sistema de educación. Pero, ¿qué tan pública es la educación en Chile?, datos del Ministerio de Educación indican que del total de establecimientos educacionales, el 45% tienen el carácter público y representan solo el 35% de la matrícula total del sistema, y en educación superior, sólo el 18% de la matrícula es de instituciones estatales.

Las principales propuestas son: en educación preescolar y parvularia aumentar el financiamiento, cobertura, y pasar las salas cunas y jardines infantiles a ser parte de la educación pública; el desarrollo de una nueva carrera directiva, fortaleciendo la labor de directivos, educadores y técnicos; adecuar los Servicios Locales para aumentar su eficiencia; potenciar la educación técnico-profesional en la relación con el mundo del trabajo, y; en educación superior, una educación inclusiva, gratuita, de calidad y vinculada con las necesidades del país y de las regiones.

El propósito en que se fundamentan estas propuestas es un enfoque que favorezca la creatividad, el pensamiento crítico, prepare para vivir en comunidad, que permita el bienestar e instalar el desarrollo humano en el centro del proceso educativo. Las propuestas apuntan a una nueva educación pública con un compromiso explícito en su fortalecimiento, recuperando la cobertura y matrícula, como un derecho que no se base en la competencia y no dependa de la capacidad de pago de las familias, lo que ha favorecido el crecimiento de instituciones privadas y la segregación escolar.

No será una tarea fácil y las definiciones de la nueva constitución también tendrán que definir la relación estado y educación para las próximas décadas. En este contexto el Consorcio de Universidades del Estado se pone a disposición del Ministerio de Educación para avanzar en las transformaciones que Chile necesita.

Óscar Garrido, rector Universidad de Los Lagos