La tónica de las últimas semanas ha sido la constante y creciente demanda de exámenes para detectar el covid-19, tanto el denominado PCR como el test de antígenos. En el primer caso se trata de un análisis bastante preciso y cuyo resultado, hasta ahora, era entregado en un máximo de 48 horas por parte de los equipos de salud ministeriales.

Su uso comenzó a implementarse a las pocas semanas del inicio de la pandemia en el país, junto con la estrategia de Búsqueda Activa de Casos, una de las formas en que el Ministerio de Salud decidió acercar la detección temprana de casos de covid-19 a la población, siempre reiterando que se trata de la realización de un test voluntario y gratuito, especialmente dirigido a las personas que, ante la sospecha de haber contraído el virus, pudieran estar desarrollando la enfermedad de manera asintomática.

Si bien en un principio se trató de una opción poco utilizada por la población, el paulatino regreso a las actividades presenciales durante el año pasado y la percepción de mayor exposición al riesgo de contraer la enfermedad terminó generando un hábito de chequeo en parte de la población. Se podría decir que hubo una buena reacción al llamado a la prevención, especialmente después de un invierno que fue difícil y en que la cantidad de fallecidos por complicaciones provocadas por la enfermedad impactó a muchas familias.

Sin embargo, en los últimos días el aumento de la demanda por diagnósticos superó toda expectativa. Los puntos de toma de PCR por Búsqueda Activa de Casos en el país se repletaron con largas filas y resaltó la impaciencia de quienes acudían a realizarse el examen.

Pese a la complicación generada por la falta de exámenes, desde los laboratorios clínicos también manifestaron un retraso en el procesamiento. Aunque hay algunos que han planteado la existencia de una sobrerreacción por parte de las personas. El Ministerio de Salud sostuvo que las regiones con mayores indicadores tienen mayor necesidad de testearse y así saber si están contagiados, por lo que medidas ajustadas a la realidad local y una estrategia más focalizada son más necesarias que nunca, sobre todo cuando falta tan poco para el regreso a las clases presenciales en los colegios.

Siete años lleva en el Congreso el proyecto de ley que busca bajar el alto valor de los medicamentos en Chile, conocida como fármacos II. Durante los dos últimos he presidido la comisión mixta que intenta zanjar las discrepancias en torno a esta iniciativa.

Varios de los parlamentarios que integramos esta comisión intentamos correr esa muralla invisible que ha impedido que la ciudadanía acceda a valores más bajos.

Lo que está claro es que la venta de medicamentos se ha vuelto un gran "negocio" para varios sectores y por ello ha sido tan difícil lograr un acuerdo para modificar la actual situación.

Este proyecto lleva muchos años "durmiendo" en Congreso y hoy existe una oportunidad para avanzar, que debemos rescatar para contribuir a cambiar las cosas, como lo demandan los chilenos.

Si bien no pudimos lograr apoyos a nuestra idea de fijar precios de los medicamentos, alcanzamos un acuerdo con casi todos los sectores para que exista una regulación. En lo personal no era mi objetivo, pero, al menos, una regulación podrá paralizar el alto precio de los remedios.

Necesitamos un nuevo marco regulatorio y esta nueva normativa establecerá la obligación de prescribir medicamentos de acuerdo con la denominación común internacional y no de algún tipo de marca, lo que sin duda ya será un alivio para el bolsillo de los chilenos.

Además, la nueva regulación afectará a toda la cadena; es decir laboratorios y farmacias se someterán a la regulación de precios.

Con este acuerdo podremos terminar con los abusos que vimos en el pasado, ya que pudimos avanzar en cuatros grandes ejes: estructurar el precio de los medicamentos en farmacias y otros establecimientos de venta; fortalecer el rol de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) para que los usuarios accedan a los medicamentos; fijar el precio máximo de venta a laboratorios y crear un Observatorio de Medicamentos.

Tengo confianza en que, al término del receso estival del Congreso, quienes integramos la comisión mixta de Fármacos II apoyaremos este cambio, no es una medida revolucionaria, pero sin duda correrá el cerco para que el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric siga esa línea y por fin en Chile se ponga fin al lucro en el mercado de los medicamentos. Con la salud de los chilenos no se juega.

Rabindranath Quinteros, senador por Los Lagos