Denuncian irregularidades en la construcción de módulos turísticos
LA COSTA. El informe de la investigación realizada por la Contraloría mantiene algunas observaciones a ciertas acusaciones hechas por dirigentes y comunidades indígenas. Alcalde Candia indicó que dicho proyecto "desde el punto de vista administrativo y legal, no tiene nada de irregular".
Una serie de irregularidades en la construcción de módulos turísticos en la playa central de Maicolpué, por parte de la Municipalidad de San Juan de la Costa, fueron las que denunciaron vecinos, dirigentes y comunidades indígenas de la comuna; acusaciones que terminaron siendo investigadas por la Contraloría Regional de Los Lagos.
Las principales incriminaciones radican en la supuesta ocupación ilegal del terreno donde se construyeron los siete módulos turísticos, los cuales fueron financiados por el Gobierno Regional de Los Lagos, con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).
Asimismo, se requirió la verificación de una denuncia realizada por dos comunidades indígenas del sector, por una supuesta falsificación de documentos relacionados a la solicitud de concesión de los mencionados terrenos, por parte de la municipalidad costeña.
"Nunca fue firmado por los presidentes de las comunidades -a pesar de contemplar firmas iguales a las que aparecen en el acta que los dirigentes aprobaron-, esas rúbricas fueron agregadas de manera fraudulenta", acusaron las comunidades.
Adjudicación terrenos
Respecto a estas denuncias, Luis Adué, presidente del Comité de Turismo y dirigente de los Pescadores de San Juan de la Costa, comentó que el Gobierno Regional (Gore) habría entregado el dinero para el proyecto, sin que el municipio tenga el derecho adquirido de poder construir en dicho espacio.
"El Gore adjudicó el dinero sin poder cerciorarse que no se podía construir. La municipalidad tenía un permiso de concesión por parte de los marinos de ese espacio sólo por un año, por lo tanto, no se podía construir en forma definitiva como se hizo. Esto es una irregularidad por ambas partes", señaló Adué.
Por su parte el concejal Marcelo Cheuquián, manifestó que ha solicitado los documentos de adjudicación del terreno donde se construyó el proyecto y el reglamento de uso de este espacio en el sector costero, pero no ha tenido respuesta.
"Lo he solicitado en más de dos ocasiones y no se me ha entregado la documentación necesaria para transparentar la información a la comunidad. Tanto los otros concejales como yo requerimos transparencia, no estamos pidiendo otra cosa fuera de lo común", sentenció.
Cheuquián agregó que "hoy día mi cargo representa a varios cientos de voces de nuestra gente, principalmente de los dirigentes, y estamos llamando a fiscalizar y transparentar toda la información, principalmente cuando estamos hablando de recursos de todos".
Resultados
Los resultados de esta investigación determinaron que el permiso de concesión o 'de escasa importancia', concedido por la Capitanía de Puerto de Maullín en diciembre de 2019, que avalaba la instalación de los stands, se extendía hasta el 30 de noviembre de 2020, por lo que se encontraba caducado a la fecha de la revisión efectuada por la Contraloría.
Mientras que la denuncia respecto a la falsificación de firmas por parte del municipio, donde, según informó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), las comunidades involucradas denunciaron una desafectación que corresponde al sector de playa centro de Maicolpué y que nunca aceptaron, está siendo investigada por el Ministerio Público, puesto que hay una querella interpuesta por el alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, por injurias y calumnias.
"nada de irregular"
Ante esta situación, el alcalde Candia indicó que estas incriminaciones están relacionadas a hechos políticos y que el municipio contaba con todos los documentos para poder edificar los módulos turísticos, "para poder hacer la inversión de dicha construcción, nosotros ya habíamos solicitado los permisos provisorios del terreno, los cuales entrega la marina, porque está dentro de los 80 metros que están bajo su tuición, por lo tant, para construir algo tenemos que pedir permiso a ellos y ahí extienden el certificado que autoriza la construcción", expresó.
El alcalde agregó que, además, para poder construir con dinero del Gobierno Regional, la entidad debe chequear todos los antecedentes para poder financiar el proyecto, por lo tanto, "los módulos pasaron todos los filtros necesarios para poder construirse. Desde el punto de vista administrativo y legal, no tiene nada de irregular".
"Nosotros ya habíamos hecho cuatro proyectos antes en ese espacio, que es el anfiteatro, el puente que une el bulevar y la plaza, se hizo los paraguas y una escalera de acceso a la playa, o sea, todo eso tiene que tener permiso de la Armada y permiso de edificar, eso me da la razón", enfatizó.
En cuanto a la falsificación de firmas, Candia explicó que la Ley Lafquenche faculta a las comunidades indígenas solicitar determinadas áreas de manejo administrativo y en la comuna hubo dos comunidades que pidieron espacios territoriales, que van desde Pulamemo hasta Río Sur y eso incluye el muelle de Bahía Mansa, más el bulevar y la plaza de la playa central de Maicolpué.
"Tuvimos que hacer que las comunidades renunciaran a la solicitud y las dos comunidades firmaron la renuncia, se hizo un acta y se mandaron todos los antecedentes correspondientes, por lo tanto ahí no hay nada irregular. El permiso por parte de la Armada también existe", finalizó el edil.
El Austral Osorno se comunicó hace unos días con uno de los representantes de las comunidades indígenas denunciantes, Raúl Ancapán, sin embargo, no entregó declaraciones debido a la investigación en curso ya que está a la espera de una reunión con el alcalde Bernardo Candia.