Redistribución del poder
Ha comenzado a discutirse el papel que el Banco Central tendrá en el nuevo ordenamiento jurídico. La discusión de este tema, entre muchos otros, es una muy buena ocasión para que los convencionales muestren una virtud fundamental del buen político y así preparen también la senda para que los futuros servidores públicos la practiquen: se trata de la desconfianza que el político debe tener hacia la concentración de poder en sus propias manos y, su otra cara, que es la confianza en los ciudadanos, sus comunidades y sus instituciones para tomar decisiones.
El programa de gobierno del Presidente electo señala expresamente: "El centralismo es un problema para Chile y hoy tenemos una oportunidad para impulsar una descentralización cuyo horizonte sea la redistribución de poder y un desarrollo territorial equitativo que tenga en cuenta la diversidad territorial del país". Coherentemente con esta idea, los puntos sobre "Descentralización y Gobiernos Regionales" y "Poder local y Municipios" parecen apuntar, aunque tímidamente, en la dirección correcta. En general, las opiniones sobre el Banco Central también parecen bien encaminadas.
Sin embargo, la Convención y el programa de gobierno, en muchas otras materias, van en la dirección opuesta, pues imponen un solo modelo de vida a toda la sociedad. El buen político desconfía de la acumulación excesiva de poder en sus manos, porque conoce sus propias limitaciones para determinar aspectos particulares de la vida de los ciudadanos y porque reconoce que deben tener las libertades y poderes necesarios para hacer andar sus propios proyectos y comunidades.
José Luis Widow
Recuperación en pandemia
Esta crisis sanitaria ha dejado de manifiesto una situación muy asfixiante para los enfermos de covid-19 y sus familias: se trata de la soledad de la persona hospitalizada y la incertidumbre en que queda toda su familia.
La pandemia evidenció con mayor fuerza el carácter restrictivo predominante que clínicas y hospitales en Chile tienen sobre la inclusión familiar y la flexibilidad de los horarios de visitas, lo que está totalmente justificado para una pandemia mundial, dado el alto nivel de contagio del virus y las medidas sanitarias que se decretan para evitar la propagación de la enfermedad.
Sin embargo, la invitación ahora es a analizar cuál es la mejor forma en que podemos superar esta arraigada práctica que en nuestro país se promueve desde hace muchas décadas y donde países desarrollados, ya antes de la pandemia, han migrado hacia a inclusión familiar y la flexibilidad de los horarios de visitas como una fortaleza, que ha demostrado científicamente que no aumenta las infecciones siempre que se cumplan las medidas de protección adecuadas, y que por el contrario, disminuye los días de estadía en UCI, las complicaciones cardiovasculares, la agitación y confusión del paciente, y además, está descrita como una de las intervenciones no farmacológicas más efectivas para prevenir el delirium.
La familia, en sus distintas formas, es un eslabón indispensable en la vida de un ser humano, brinda soporte emocional y sensación de seguridad irremplazable. Entonces, el desafío ahora debería ser una progresiva tendencia a la liberalización de las políticas restrictivas en la recuperación de los enfermos. Este cambio es un proceso que requiere tiempo, asesoría y apoyo, tanto por la propia pandemia del covid-19 que aún vivimos, como también para la reflexión, el consenso y la adopción de acuerdos de colaboración en las instituciones de salud.
Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico de Nivel Superior en Enfermería, U. de Las Américas
El derecho digital
La digitalización creció exponencialmente los últimos años y llegó para quedarse. Este proceso nos ha permitido ver que la desigualdad digital está estrechamente vinculada y perpetúa otras desigualdades estructurales, por lo que es clave avanzar en la transformación de la digitalización como un derecho.
Si nos enfocamos en infraestructura, vale decir la conectividad y los dispositivos necesarios para conectarnos, la brecha es altísima. Según la OCDE, el 18% de los hogares de Chile, que implica 900 mil personas, no tienen ningún tipo de conectividad, un tercio tienen mala conectividad y solo un tercio de la población tiene conectividad de calidad. Además, somos el segundo país de la OCDE con mayor desigualdad digital.
Las políticas de conectividad actuales se deben seguir profundizando, así como también los proyectos de carreteras digitales (Fibra Óptica Nacional, Fibra Óptica Austral y Fibra Óptica de Tarapacá) y los proyectos de Última Milla, que duplican los kilómetros de fibra óptica disponible en el país. Así también en redes móviles de última generación como el 5G y, donde no haya esta red, implementar más 4G. Es clave avanzar en políticas de inclusión digital integrales, que aborden el desarrollo de conocimientos y confianzas necesarias
Francisca Egaña
