Más allá de los resultados de la jornada dominical, el proceso vivido merece ser destacado, porque marca el inicio de una nueva etapa en la historia del país y reafirma una alta valoración de la democracia.

Con claridad, los electores fueron los protagonistas. Pero el desarrollo del día en cada uno de los 2.700 locales de votación repartidos en todo Chile, no habría sido posible sin el esfuerzo coordinado de efectivos de seguridad, funcionarios públicos y los equipos del Servicio Electoral y su personal de enlace (PESE).

Mención aparte merecen los ciudadanos que asumen roles especiales. En primer lugar los vocales, que sumaron 46.639 personas; y en segundo término, es necesario destacar a los más de 15 mil facilitadores desplegados a lo largo del país.

Este último grupo es de reciente aparición en el escenario electoral nacional. Trabajó por primera vez durante el Plebiscito de 2020 y, desde entonces, se ha convertido en una pieza importante considerando la situación de pandemia en que se ha desarrollado la intensa actividad electoral de los últimos dos años.

Se trata de particulares que reciben un promedio de 70 mil pesos como retribución por su labor del día y que deben cumplir requisitos (mayor de 18 años, sin militancia política, ni antecedentes penales), además de capacitarse. Las primeras postulaciones para ejercer estas funciones se hicieron en septiembre del año pasado y el Servel recibió entonces más de 150 mil solicitudes; diez veces más de los cupos disponibles.

En promedio ha habido cinco facilitadores por cada local a nivel país, principalmente jóvenes, quienes han cumplido con la prevención, informar, colaborar con personas que lo requieran y hacer más expedito el ejercicio de concurrir a sufragar, sobre todo ordenando filas en los momentos de mayor aglomeración.

Su presencia ha sido positiva en esos aspectos prácticos inmediatos; pero también desde la perspectiva de sumar sociedad civil en la actividad básica del ejercicio democrático. Mirado así, quizás resultaría favorable que este esquema se mantuviera en el tiempo, como herencia positiva de la dura crisis sanitaria.

En mayo del 2018, el Presidente Sebastián Piñera anunciaba un acuerdo nacional por la infancia donde el lema principal fue "los niños primero". Con tres ejes de acción, se buscaba resguardar universalmente la niñez, protegerla ante el riesgo de vulneración y restituir los derechos vulnerados.

Con el estallido social de octubre de 2019 reaparecen las tomas de terreno y la instalación de campamentos, situación que agudizada por los efectos de la pandemia covid, evidenció lo irrefutable: en Chile existe una crisis de acceso a la vivienda.

Actualmente, 81.643 familias habitan en campamentos, 58.000 son niñas y niños menores de 14 años. En la región, 2.500 menores viven en condiciones altamente vulnerables, con dificultades de acceso a servicios básicos de agua potable, luz y alcantarillado, con problemas de conectividad para participar de clases online, disminuidos en el acceso a espacios recreativos y enfrentados a condiciones climáticas adversas de lluvia, frío y humedad durante prácticamente todo el año.

Advirtiendo la ausencia de las instituciones del Estado en los campamentos, los pobladores han optado por desarrollar sus propios programas de protección de la infancia. En la ciudad de Osorno, por ejemplo, han acordado colectivamente velar por la existencia de campamentos libres de formas de violencia intrafamiliar, han evitado la venta y el consumo de drogas, se han propiciado instancias de educación ciudadana y destinado espacios dentro de los campamentos para recreación y esparcimiento.

Considerando lo anterior, la responsabilidad sobre la protección de la infancia es un deber del Estado. La elección recién pasada abre una oportunidad para el nuevo Presidente. Ampliar la mirada y comprender el problema de acceso a la vivienda como una vulneración de derecho que incide en la desprotección de la niñez es fundamental.

Los acuerdos nacionales deben materializarse en políticas públicas que, reconociendo las capacidades que han desarrollado los pobladores, avancen en soluciones territoriales integrales y diferenciadas para la producción social de ciudades donde niñas y niños sean primero.

Daniel Silva , dr. (c) en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, Ceder ULagos