Redacción

Una nueva arista en la discusión sobre las pensiones se abrió luego que el gobierno anunciara un proyecto de ley para crear una Pensión Garantizada Universal (PGU), la que se entregaría a todos las personas desde los 65 años, pertenecientes al 90% de menores ingresos.

De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, dicha pensión alcanzaría los $ 185 mil mensuales para quienes formen parte del 80% más vulnerable, mientras que quienes se sitúen entre el 81 y el 90% de menos recursos recibirían montos decrecientes dependiendo de su nivel de ingresos.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, explicó este jueves los costos estimados que tendría la medida y las alternativas que baraja el gobierno para financiarla.

"Esto requiere de recursos importantes, estamos hablando de algo más de US$ 3 mil millones en régimen, algo más de un punto del PIB, entonces obviamente eso también tenemos que financiarlo", afirmó el secretario de Estado en radio Cooperativa.

Aún con ese nivel de gasto, el jefe de las finanzas públicas destacó que se trata de recursos muy inferiores a lo que significaría mantener, por ejemplo, el IFE Universal. Dicho beneficio implicó un desembolso de US$ 25 mil millones este año.

Según Cerda, una parte de esos dineros ya está disponible, puesto que en la ley de Presupuestos 2022 ya se incluyeron recursos pensados originalmente para los proyectos de la reforma de pensiones que siguen estancados.

"Hemos tratado de avanzar en algunas leyes de pensiones, lo que nosotros llamamos la ley larga y la ley corta, que por distintas razones no pudieron avanzar, pero que ya las teníamos consideradas en nuestros presupuestos para los años siguientes y eso son cerca de 0,4 puntos del PIB", sostuvo.

Pero dichos fondos no alcanzarían a cubrir la mitad de los US$ 3 mil millones que costaría la PGU. "El resto vamos a tener que buscarle, efectivamente, algo más de financiamiento que va a tener que ver con el tema de las exenciones", aseguró el ministro.

Alcance

Rodrigo Cerda explicó que los $ 185 mil llegarían íntegramente a todos quienes integren el 80% de menores ingresos, corte que se calcula actualmente en $ 620 mil mensuales. "Si usted por lo tanto es mayor de 65 años y tiene un ingreso per cápita menor a $ 620 mil, va a tener esta pensión de $ 185 mil de inmediato", dijo.

El titular de Hacienda también destacó que, a diferencia de la ley corta, que ampliaba el Pilar Solidario hasta el 80% de la población de menos recursos, la PGU no solo apunta a los pensionados. "Incluso podría darse el caso de que una persona no se ha retirado, sigue trabajando a los 67 o 68 años, esa persona hoy día obviamente no tendría acceso al Pilar Solidario, pero sí va a tener su salario si es que sigue trabajando de forma voluntaria y además va a tener los $ 185 mil", detalló.

Coyuntura política

El ministro Cerda también respondió por la oportunidad en que se propone esta idea, a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial. Admitió que el gobierno pudo avanzar antes, pero aseguró que los retiros previsionales complicaron el escenario.

Por otra parte, destacó que ambas candidaturas en competencia contemplan iniciativas similares. "Si tenemos consenso, si nosotros estamos preocupados hace mucho tiempo de subir las pensiones, aprovechemos el momento y tratemos de legislar lo antes posible", expuso.

En el marco de las audiencias que realiza la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, este jueves expuso en dicha instancia el ministro secretario general de la presidencia (Segpres), Juan José Ossa.

El ministro explicó la postura del Ejecutivo en torno a temas como régimen de gobierno y el tipo de Parlamento que se establecerá en la futura carta magna.

Ossa se manifestó partidario de mantener el presidencialismo. A su juicio, el sistema parlamentario que algunos constituyentes promueven no se condice con la cultura política chilena.

"A los chilenos nos gusta decidir quién es nuestro presidente, con nombre y apellido. Y cuando usted opta por un régimen parlamentario en general, usted vota por los representantes que van a elegir a su vez al presidente", dijo.

Según el ministro, el país no está preparado para un cambio que implique darles más poder a los parlamentarios para que sean ellos quienes elijan al primer mandatario. "Tampoco me parece que estemos preparados y acostumbrados a los acuerdos entre cuatro paredes que han sido tan criticados", manifestó.

Por esto, propuso mantener el régimen actual pero con cambios sustantivos: "Mayores grados de poder del parlamento son necesarios. Hay iniciativas que deberían ser exclusivas del parlamento y no del Ejecutivo, pero hay algo en lo que no podemos retroceder: iniciativa exclusiva del gasto del presidente".

En este sentido, Ossa indicó que esta es la única forma de ser "sanos económicamente". De lo contrario, explicó, cada parlamentario "velará por su región, por su distrito, por su comuna, entonces ni siquiera entre ellos van a estar de acuerdo en cómo se incrementa el gasto. Cada uno va a querer reelegirse y para eso van a utilizar la caja fiscal".

En cuanto al tipo de Congreso, el titular de la Segpres se inclinó por mantener la bicameralidad: "Conozco dos países que giraron hace poco de la bicameralidad a la unicameralidad, que son Perú con Fujimori y Venezuela con Chávez. Yo creo que ambos fueron un fracaso".

Frente a las críticas que atribuyen el lento avance de algunas leyes a la bicameralidad, Ossa argumentó que "los proyectos de ley se demoran porque se presentan muchos".

Y aunque planteó darle más poder al Parlamento, afirmó que es necesario "atenuar" la facultad fiscalizadora de la Cámara para evitar las horas "perdidas" por la sobreutilización de las comisiones investigadoras.

Una positiva evaluación sobre el sistema financiero chileno hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe Financial System Stability Assessment, documento que forma parte del Programa de Evaluación del Sector Financiero que realiza la entidad.

La revisión, a la cual Chile se sometió voluntariamente, fue solicitada por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Es la tercera vez que el FMI se pronuncia sobre nuestro país en el marco del programa: las anteriores fueron en 2011 y 2004.

De acuerdo a lo informado por el instituto emisor, el informe "da cuenta de un sistema financiero profundo, con marcos regulatorios y de supervisión sólidos, y bancos suficientemente capitalizados".

Las autoridades del FMI "reconocen que la respuesta de las autoridades económicas frente a los eventos ocurridos a fines de 2019 y durante 2020, fue contundente y bien coordinada. La complementariedad de las políticas fiscal, financiera y monetaria, incluyendo el resguardo de la estabilidad financiera a través de un apoyo a la liquidez sin precedente por parte de Banco Central, dan cuenta de la capacidad de adaptación del sistema financiero chileno".

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó el buen resultado: "Confirma que Chile tiene un sistema financiero sólido y que la coordinación entre autoridades financieras, así como la política fiscal implementada, fueron adecuadas para mantener la estabilidad del sistema".

El FMI también formuló algunas recomendaciones tendientes a "cerrar brechas considerando mejores prácticas internacionales". Planteó, por ejemplo, reforzar el gobierno corporativo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y fortalecer el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF).

Además, el organismo internacional abordó la necesidad de retirar gradualmente las medidas de apoyo económico implementadas durante la pandemia y recomendó monitorear focos emergentes de riesgo como los retiros previsionales, por el impacto que estos han tenido en la sustentabilidad del sistema de pensiones y en el mercado financiero.