Polémica por los certificados
Adultos mayores del país han denunciado como discriminatoria la medida que les obliga a garantizar que están lúcidos. Una acción que en su origen pudo verse como una forma de protección ante abuso económico; ahora resulta discriminatoria y requiere revisión.
Más de 2 millones de personas tienen más de 65 años de edad en Chile. La mayoría en ese grupo etario son autovalentes, jefes de hogar y en pleno uso de sus facultades físicas y mentales; sin embargo, con frecuencia, se les discrimina por "edadismo" como si tuvieran menores capacidades que los demás.
Un ejemplo de ello es lo que pasa con los trámites legales que les obligan a presentar un "certificado de lucidez" para disponer de los propios bienes; algo que ha saltado a la agenda pública en estos días luego de una carta publicada en El Mercurio y firmada por Fernán Ibáñez, de 85 años, a quien se le solicitó este documento en una notaría. Por su caso, se activaron reacciones que cuestionan la práctica, pero agregan una explicación: con frecuencia, los familiares -señalan desde la Asociación de Notarios- impugnan los contratos o documentos que implican patrimonio, aduciendo que el adulto mayor que los suscribió "no está lúcido". Para evitar esa situación -explican- piden una acreditación de salud mental entregada por un médico.
Esa práctica es extendida, pero no se encuentra contemplada en la ley. Al contrario. El Código Civil reconoce la capacidad de todas las personas mayores de 18 años, sin límite. Por otra parte sí existe la interdicción, que dictamina un tribunal cuando alguien no logra disponer de sus bienes o los dilapida; pero no está vinculada a una la edad. Entonces ¿por qué se vincula a la vejez con la incapacidad?
Un estudio realizado en la Universidad Austral (Miguel Ángel Carrasco, Luis Cárcamo) sobre la mirada que la sociedad tiene respecto de los mayores, observa el rol de los medios en reforzar imágenes de ciudadanos frágiles y enfrentados a la "tragedia" de envejecer.
El análisis respecto de la influencia de los medios es compartido. Pero no se debe olvidar que ellos reflejan lo que sucede alrededor ; entonces la tarea de actuar con más igualdad es comunitaria.
En el caso de los trámites, claramente, se requiere una evaluación del accionar de notarías y otras instancias, pues una acción que en su origen pudo verse como una forma de protección ante abuso económico; ahora resulta discriminatoria.