Desde febrero de 2022 estarán prohibidos en Chile los plásticos de un solo uso. Esto significa que elementos como cubiertos, revolvedores, vasos, tapas, platos desechables, contenedores de plumavit y otros similares ya no podrán entregarse, por ejemplo, con las compras a domicilio, ni el comercio establecido y otras instancias similares.

Así lo dispone la nueva Ley 21.368, aprobada en mayo de este año y generada a partir de mociones parlamentarias de varios senadores. La norma, que fue publicada el 13 de agosto pasado en el Diario Oficial, comenzará a ser aplicada en forma progresiva a los seis meses de publicación (por eso febrero) y entrará en vigencia plena en un plazo de tres años, con la meta de reducir la circulación de plástico que no se recicla.

En Chile se generan anualmente 33 mil toneladas de este tipo de residuos (el equivalente a 51 millones de pelotas de fútbol, para tener una referencia), pero solamente el 8% recibe algún tipo de tratamiento. En los meses recientes y luego de promulgada la ley, se ha visto una progresiva reacción pública ante estas regulaciones (cero bombillas en los restaurantes, envases de cartón en los delivery, cubiertos de material compostable, etc), pero eso no basta. Para que ellas realmente tengan impacto es preciso que la misma comunidad se convierta en protagonista de los cambios que se busca promover. Y una forma de hacerlo es disminuir la demanda de elementos innecesarios, preferir productos a granel, llevar los propios contenedores al comprar, reutilizar lo que más se pueda; además de buscar información y aprender, por ejemplo, sobre procesos de compostaje domiciliario. Todas las acciones, por pequeñas que parezcan, suman para que esta forma de enfrentar el consumo se vuelva un hábito y que las buenas prácticas no sean excepción.

Para una región como Los Lagos, con amplio uso del plástico en el sector agrícola y acuícola, esta regulación aparece como fundamental para mejorar sus índices de sostenibilidad.

La Ley 21.091 sobre educación superior establece la regulación de aranceles para instituciones adscritas a la gratuidad. Desde el Consejo de Rectores y el Consorcio de Universidades Estatales se ha criticado el proceso y se ha manifestado no estar disponibles para una aprobación en los términos en que el Comité de Expertos y el Ministerio de Educación lo sugieren.

Desde un inicio se ha manifestado la preocupación por no contar con una participación activa de las instituciones, no contar con información clara de los antecedentes y supuestos para definirlos y se ha expresado la inquietud del impacto de su implementación.

La Contraloría General de La República con fecha 15 de octubre ha solicitado a la Subsecretaría de Educación Superior adoptar las medidas para ajustarse a los criterios que señala la ley en la fijación de aranceles que se quiere implementar, y esto ratifica un proceso carente de participación, con deficiencias metodológicas y de transparencia.

También hace complejo un mecanismo de regulación de aranceles en el país cuando estamos expuestos a un escenario complejo en lo económico, político y social, con presupuestos fiscales muy determinados por el contexto particular actual.

Reconocemos lo complejo de la fijación de aranceles y ello no debe transformarse en un nuevo impedimento al desarrollo de las universidades públicas. El cálculo se realiza sobre la base de antecedentes históricos y que puede generar un desajuste y una heterogeneidad de definición de aranceles para todo el sistema, sin considerar que existen universidades que hacen postgrado, investigación y se vinculan con el medio, aspectos relevantes para el desarrollo del país y sus regiones, y que el cálculo solo sobre la base de la docencia directa no se ajusta a la realidad del desarrollo de las universidades.

Nuestro país no puede seguir sosteniendo una lógica de mercado en la educación superior y que quede al arbitrio de la demanda y de un sistema de regulación, que complejiza, y no valora los distintos desarrollos de las universidades, tratando de regular en un contexto anormal, sin pensar en los desafíos y necesidades de corto y largo plazo para el sistema.

Óscar Garrido, rector rector de la Universidad de Los Lagos