Las estimaciones de los expertos indican que la próxima temporada de incendios forestales una vez más podría ser complicada, considerando que ha habido pocas lluvias, el país enfrenta una prolongada sequía de más de doce años y que se prevé una primavera y verano con altas temperaturas y viento cálido.

Por ello, con anticipación, el Gobierno ha presentado el plan nacional 2021-22 de protección contra los incendios forestales, destinando a la vez los recursos con que contarán las instituciones públicas encargadas del control del fuego. Para el período de mayor ocurrencia de los siniestros, el Gobierno aprobó un presupuesto de 68.801 millones de pesos, unos 88 millones de dólares. Asimismo, las empresas forestales han destinado para este período 97 millones de dólares para la prevención y combate de incendios.

En Chile operan dos sistemas de protección contra esos incendios, aunque el trabajo es complementario. La acción del Estado, a través de Conaf, resguarda a pequeños propietarios y las áreas protegidas, como parques nacionales, reservas y monumentos naturales. El otro sistema de protección corresponde al de las grandes empresas que resguardan con sus propios recursos más de un millón y medio de hectáreas de plantaciones forestales, desde la Región del Maule hasta La Araucanía.

Los recursos de Conaf permitirán contar con 62 aeronaves y casi 3.500 brigadistas en 270 brigadas.

En Chile, el 99,2% de los incendios forestales es causado por factores humanos, ya sea por accidente o intencionalidad. En el territorio nacional existen más de 2,4 millones de hectáreas de plantaciones y un tercio de ellas pertenece a pequeños propietarios. Los megaincendios del verano de 2017 dejaron once víctimas fatales, pérdida de flora y fauna, destrucción de viviendas y un récord histórico de 467 mil hectáreas quemadas, incluyendo 220 mil hectáreas de plantaciones, de las cuales más de la mitad pertenecía a pequeños y medianos propietarios, y muchos de ellos no solo perdieron sus bosques, sino también sus viviendas e instalaciones, único sustento y fuente laboral de las familias.

Hace algunos días, el Observatorio del Narcotráfico, entidad dependiente del Ministerio Público, dio a conocer su sexto informe anual, el que pese a su gravedad, ha pasado casi inadvertido por la opinión público. Lo que sucede, es que en él se da cuenta de un recrudecimiento de la violencia en las cárceles por disputas territoriales de bandas narcotraficantes, es decir, de no mediar solución, serán estos grupos que acceden a dinero y armas pese a estar privados de libertad, quienes disputarán el dominio de los recintos penitenciarios.

Luego, el informe da por finalizado el eslogan de "Chile, país de tránsito de la droga", toda vez que la evidencia demuestra que nos transformamos en un país productor de droga, tanto natural como sintética, y que exportamos vía portuaria un volumen tal que nos hace el tercer proveedor de Europa.

En efecto, plantaciones de marihuana en el desierto de Atacama o industrias "pantalla" que sintetizan estupefacientes han descolocado a las autoridades respectivas.

Por último, este informe de 229 páginas, entrega evidencia de lo que era secreto a voces, a saber: el crimen organizado mediante cárteles internacionales de drogas, están operando en nuestro territorio nacional.

Estos grupos organizados no sólo se caracterizan por ser sanguinarios, sino por su potencial bélico que riñe con el de los Estados, toda vez que acceden a armamento de guerra de última generación, y por parasitar de la corrupción institucional, porque para que un cártel internacional opere necesita de aliados en el país.

El que no tengamos claridad de quiénes son esos aliados o dónde están, son reflejo de la ineficiencia de las autoridades, así como de los cuerpos de inteligencia, que son otras condiciones requeridas por estos grupos delictivos.

Aterrizan en el país porque saben que las investigaciones criminales suelen tener magros resultados, pues encarcelan al peón, pero no a los cabecillas.

Otra condición que Chile cumple para estos grupos es la existencia de un mercado de la droga, lo que quiere decir que hay tanto consumidores como oferentes.

En este asunto, no sólo hay que poner atención a los serios problemas institucionales sino también a la desigualdad que sirve de caldo de cultivo para perversas personas. Esto debería ser de primera necesidad para la Convención Constitucional, la que hasta ahora ha sido invisible al respecto.

José Manuel Baquedano, presidente Colegio de Abogados de Osorno