El Tribunal de Garantía de Puerto Montt, programó para el lunes 25 de octubre, a las 10 horas, en el Juzgado de Garantía, la audiencia virtual en la cual serán formalizados por el delito de abuso sexual los dos jóvenes que habrían cometido este ilícito, en 2019, contra una compañera de curso mientras cursaban primero medio en el Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt.

Esta causa -de un total de tres- es la que está más avanzada en la investigación que lleva adelante la fiscal Ana María Agüero, en la que incluso se interpuso una querella criminal.

Pese al avance que ha experimentado la indagatoria penal, la madre de una de las adolescentes afectadas detalló a este medio los problemas que han tenido, especialmente en materia del protocolo que no habría aplicado el recinto educacional particular.

C.O., durante la última semana interpuso una nueva denuncia en la Superintendencia de Educación por desacato.

Indica que su hija A. reveló lo que le ocurrió en época de cuarentena, similar al caso develado en el Instituto Alemán de Puerto Montt, cuya indagatoria es llevada adelante por el Tribunal de Familia.

Los hechos en el San Francisco Javier habrían ocurrido en 2019, cuando la niña tenía 15 años y estaba en primero medio. Ahora tiene 17 y está en tercero medio en el mismo recinto puertomontino.

"La duda es saber cuántos casos más habrían, pero que no se conocen. Nosotros nos atrevimos a denunciar porque no queremos que quede así. Llegamos al colegio porque es una buena opción humana y cristiana", revela C.O.

Humanista

De acuerdo a C.O., tras ser conocido el caso de su hija se aplicaron los protocolos y se hicieron reuniones. "Pero sólo en parte y por ello recurrimos a la Superintendencia de Educación denunciando el abuso sexual".

La madre de A. ha vivido esta etapa informándose sobre los diversos aspectos legales que le han ayudado para argumentar en la defensa de su hija, haciéndose asesorar además por la abogada Geissy Oliva.

"La ley, en este sentido, habla de la aplicación de una cartilla e indica que en el caso de un abuso sexual, si ocurre en el interior del colegio, se debe alejar a la víctima de sus agresores, lo que es de sentido común y no porque simplemente se tenga que aplicar, sino porque entendemos que está en la ley", revela.

Agrega que "esperaba un trato humanista, pero el colegio no sólo no la protegió, sino que además la revictimizó, porque ella comparte todos los días con sus agresores. Lo que hizo el colegio fue entregar una solución a medias. Por ejemplo, que no compartan los mismos lectivos y se pusieron cámaras en la sala; pero no es suficiente si se habla legalmente de alejarlos de la víctima".

Insiste C.O., que en el reglamento del colegio están estas medidas "y lo sanciona, en el sentido que estos jóvenes deben estar alejados de la víctima, que es mi hija".

Comparten

El encierro, producto de las medidas de confinamiento por la pandemia, fue el punto clave para que la adolescente diera a conocer lo ocurrido. "Mi hija es bien expresiva y comunicativa y cuando nos fuimos a cuarentena nos contó. Ella es la menor de dos hermanos y estaba con un comportamiento extraño que lo asociamos a la adolescencia; pero un día explotó y me contó lo que había pasado y lo que sus compañeros le hicieron".

Agrega que "el colegio aplicó el procedimiento y ellos denunciaron a la Fiscalía. Mi hija la única vez que habló sobre el tema fue con la fiscal (Ana María Agüero). Eso llevó a que el colegio implementara un plan con jornadas para saber qué se debe hacer y proteger".

Anota que siempre pidieron que se separara a los presuntos agresores de la víctima, "porque en lo único que no comparten son en los grupos de trabajo y los lectivos; pero nunca se aplicó la separación. Incluso como lo indica el mismo reglamento", replica.

La adolescente participa en el movimiento Scouts desde niña "y lo hace en forma presencial y online. Es muy activa y es fuerte mentalmente", detalla la madre.

Cautelar

Según C.O. después que pidieran en el colegio que separaran a su hija, "nos dieron una negativa en forma sistemática y por ello decidimos hacernos asesorar por la abogada Geissy Oliva".

De esta forma, el 21 de agosto la abogada ingresó al Juzgado de Garantía de Puerto Montt una medida cautelar lo que fue acogido por el tribunal; pero los dos jóvenes siguieron en clases hasta el jueves 26.

El colegio fue notificado de la cautelar e incluso la abogada tuvo que solicitar el jueves 26 la presencia de Carabineros en el establecimiento porque había un desacato.

"La Superintendencia de Educación acogió la denuncia, fiscalizó y encontró un presunto incumplimiento, por lo que el proceso está en la etapa de revisión jurídica", indica C.O.

Sin embargo, la madre de la víctima comenta que ocurrió una situación que la dejó preocupada.

"Desde el colegio me llamaron el lunes (30 de agosto), en la mañana, a las 8.30 horas, para decirme que habían apelado en la Corte de Apelaciones el sábado 28 de agosto y que esta había revocado la medida por lo que los compañeros de mi hija podían volver al colegio. El establecimiento permitió el desacato y me llaman y me avisan esto... Cosas como esas generan una inestabilidad en el colegio", remarca.

Pese a las consultas realizadas por este medio al Colegio San Francisco Javier y las preguntas enviadas de manera oportuna, la respuesta fue breve.

"Hemos decidido entregar información en relación a este tema sólo a instancias judiciales y administrativas, procurando respetar nuestro proyecto educativo y resguardando la integridad, así como la intimidad y privacidad de nuestros estudiantes", exponen.

Medidas

Geissy Oliva, abogada de la adolescente afectada, explica que las medidas solicitadas al Juzgado de Garantía de Puerto Montt tienen por objeto mantenerla alejada de sus compañeros por hechos que se dieron en las salas y en los pasillos del colegio.

Relata que "existe un fundado tema respecto que la víctima se ve amenazada, entre otro tipo de cosas por ser menor y mujer".

Acusa también que existe una presión en el colegio "y se puede ejercer a la víctima para que se retracte; pero la idea es que no se llegue a ello y por eso la necesidad de las medidas cautelares".

Puntualiza que la Corte de Apelaciones resolvió que la medida de protección se dictaminó sin una audiencia previa y con ello se revocó tal determinación.

Pese a ello la Fiscalía va a formalizar a los dos jóvenes imputados por el delito de abuso sexual, en una audiencia en el Tribunal de Garantía el 25 de octubre. Ambos imputados, en la actualidad, tienen 17 años.

"Nosotros vamos a insistir con las medidas de protección en el colegio y para ello solicitaremos ante el Tribunal de Garantía una audiencia para debatir las cautelares y proteger a nuestra cliente", adelantó.

La adolescente sigue estudiando y cumpliendo con sus actividades académicas en el Colegio San Francisco Javier.

"También estamos preparando un recurso de protección contra el establecimiento educacional, que esperamos llevar adelante prontamente", revela Geissy Olivia abogada de la estudiante.

Tres denuncias

Paulina Rettig, directora regional de la Superintendencia de Educación, confirmó que el ente supervisor del sistema educacional recibió tres denuncias de apoderados del San Javier y que se encuentran relacionadas con presuntos hechos sexuales.

"Con respecto a la situación ocurrida en el Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt, por una presunta agresión sexual, podemos señalar que recibimos tres denuncias por parte de apoderados, las que están en proceso de investigación. Incluida una fiscalización al establecimiento, por tanto no podemos entregar mayores detalles al respecto".

Rettig mencionó que todas estas instituciones del país tienen la obligación de incorporar en el reglamento interno estrategias de prevención y protocolos frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes.

"La normativa señala también que si un director, inspector o profesor del establecimiento educacional está en conocimiento de un posible abuso sexual, debe denunciar ante el Ministerio Público o Carabineros en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento del hecho", explica.

La directora hizo un llamado a las comunidades educativas a revisar sus reglamentos internos y protocolos de actuación. "Hay que saber exactamente cómo y ante quién procederá realizar esta denuncia e incorporar estrategias de información y capacitación para prevenir hechos de connotación sexual y agresiones sexuales dentro del contexto educativo", manifiesta Rettig.