Según los datos dados a conocer hace pocos días por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa nacional de ocupación informal en el trimestre abril-junio fue de 26,0%, con un alza de 3,6 puntos porcentuales (pp.) en relación al mismo período de 2020.

Estas cifras corresponden a personas que realizan labores remuneradas desempeñándose por cuenta propia, pero también hay otros que tienen vínculos informales con sus empleadores, quedando al margen de la legislación por trabajar sin contratos, ni cobertura de seguridad social (salud y previsión); como tampoco protección formal de sus derechos a descanso, remuneración justa o prevención de accidentes.

Todo lo anterior se traduce en vulnerabilidad y, lamentablemente, también presenta un sesgo de género. Según el análisis, hay una tendencia a la concentración de la informalidad en la actividad femenina. A nivel país la tasa fue de 26,6% (la masculina llegó a 25,5%) y en la región en doce meses, los ocupados informales aumentaron 43,6%, incididos tanto por los hombres (33,8%) como por las mujeres (61,7%).

Otro dato que llama la atención es que en todo Chile la tendencia a desarrollar trabajo informales crece entre los "tramos etarios extremos": entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad hubo un alza de 39,6%; mientras que entre los adultos mayores de 65 años llegó a 48,6 por ciento.

Estos datos pueden estar relacionados con la crisis económica, pues muchas personas han buscado diversos caminos para generar ingresos ante la pérdida o el cambio en sus fuentes tradicionales de trabajo; pero tampoco se debe olvidar que esta tendencia de empleo precario ha estado constantemente presente en la región. De hecho, no hay que olvidar que Ñuble se sitúa entra las regiones más pobres del país, por lo que las cifras siempre mostrarán un alto porcentaje.

Claramente,se trata de un tema que debe preocupar, debido a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran quienes viven en estas condiciones.

La convención internacional de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por Chile, reconoce como uno de los derechos principales el de la educación y establece que los Estados tienen el compromiso de aportar al desarrollo de sus aptitudes y capacidades al máximo de sus posibilidades. Nuestro país ha asumido como obligatoria la educación primaria y secundaria para todos, y en pandemia este derecho se ha refutado de manera no intencionada.

Chile se encuentra en las mejores cifras de la pandemia en cuanto a número de contagios, vacunación y disponibilidad de camas críticas. La ansiada normalidad se vuelve una realidad, pero mantiene temores en la población y el llamado constante a mantenerse alertas frente a nuevos brotes. En este escenario el regreso a clases en establecimientos educacionales y jardines infantiles se ha trasformado en una situación confusa, en declaraciones cruzadas entre el Magisterio y el Ministerio de Educación, los temores de los padres y las esperanzas de volver a clases de cientos de escolares.

La UNICEF hace un año, frente al confinamiento mundial, calculaba que al menos el 91% de los estudiantes de todo el mundo no estaba asistiendo a clases presenciales y planteaba efectos adversos en el aprendizaje y su bienestar; así también, que no se trata simplemente de reabrir las escuelas, sino de reabrir mejores escuelas integrando a la vida escolar medidas de higiene como el lavado de mano frecuente, el distanciamiento físico, uso de mascarilla y la toma de temperatura.

Poco se ha estudiado cómo se ha transformado la forma de educar, cómo se debió innovar y flexibilizar en los procesos de aprendizaje, además de todas las dificultades que han conllevado formas de enseñar a las que no estábamos habituados; y, más aún, en un sistema escolar donde las brechas son enormes. Este regreso a clases paso a paso que se ha venido realizando, adolece de una visión local y/o regional en la toma de decisiones, e intenta dar una solución de política nacional a realidades tan disímiles, con un discutible proceso de participación de donde se definen estrategias, pero que no reduce las razonables preocupaciones.

El derecho a educarse se mantiene en entredicho en recintos que requieren apoyo al no contar con la infraestructura adecuada o para instalar las medidas sanitarias mínimas para un retorno seguro.

Óscar Garrido, rector Universidad de Los Lagos