Doble cara de Manuela Royo
Hace algunos días, en una entrevista en CNN, la convencional constituyente y coordinadora de la comisión de Derechos Humanos, Manuela Royo, se defendió de las críticas por haber frenado la alocución de Ruth Hurtado (RN) en la que recordó el eventual nexo entre la machi Francisca Linconao y el brutal asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.
"Acusar a una persona y vincularla a un delito que no cometió es una vulneración a sus derechos humanos y al derecho que todos tenemos de que se nos trate con dignidad", afirmó Royo.
Llama la atención entonces que la misma Royo no aplique ese mismo criterio con el ex almirante Arancibia, quien también es parte de la comisión de Derechos Humanos y es hostigado constantemente por ella y otros constituyentes de izquierda por haber sido edecán de Pinochet. Arancibia no ha sido condenado por ningún delito y no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. Entonces, en palabras de Royo, fustigarlo por acciones o delitos que no cometió sería "vulnerar sus derechos humanos".
Para que los ciudadanos sigamos confiando en el trabajo de la convención, lo que menos necesitamos ver son estas muestras descomunales de doble estándar.
Mateo Aldunate, abogado
Autodefensa armada
Extensamente se ha debatido sobre la posibilidad de que los chilenos puedan portar legalmente armas. Uno de los argumentos más esgrimidos a favor, es que el Estado no es eficaz en cuanto a evitar actos delictivos. La problemática de dicho argumento es que incurre en doble contradicción.
Primero, los defensores del porte legal de armas lo que buscan es una reforma legal que permita la autodefensa armada dada la inoperancia del Estado. ¿No resulta ilógico que se busque en las mismas instituciones ineficaces e inoperantes regulación y descanso en dicha materia?
Segundo, la legítima defensa ya existe consagrada en nuestro marco legal, lo que da para pensar que el porte de armas para la autodefensa es una venganza camuflada de autocuidado ¿No nos advirtió ya Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre?
El mensaje que debemos dar es de respeto y trabajo conjunto al fortalecimiento a las instituciones que permiten nuestra democracia y evitar querer debilitarlas más con eslóganes que nos conducen directo a un estado de naturaleza primitivo.
Pilar Lorenzoni
Los niños primero...
Son pocos los espacios que se han dado para un tema realmente importante: los niños y adolescentes que viven en condiciones paupérrimas en nuestro país. Es inaceptable que en la mayoría de las propuestas se hable sobre una infinidad de cosas y los niños pasen de ser inadvertidos.
Luego de la ley que crea un reemplazante del Servicio Nacional de Menores, se entregó un discurso casi poético; no obstante, se desconocen las verdaderas atribuciones que esta institución tendrá con los infantes. ¿Vamos a tener que esperar que suban los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños para avanzar en este proyecto? Los niños deben y tienen que estar primero.
Daniel Soto
Respetar el Estado de Derecho
La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho y del sano funcionamiento del régimen democrático. Sin tribunales de justicia independientes, los ciudadanos no contarían con mecanismos para hacer valer sus derechos, ni para evitar la arbitrariedad del Estado. Sin embargo, esta independencia no puede depender únicamente de la buena voluntad de la autoridad política o de una actitud heroica de los jueces. Aunque resulta indispensable la conciencia compartida sobre los valores republicanos mínimos, es necesario establecer un entramado institucional que imposibilite, o al menos dificulte, que se produzcan presiones indebidas a los jueces. Estas pueden ser externas como internas al Poder Judicial y afectan a todos los aspectos de la vida profesional de los jueces, como su nombramiento, régimen de responsabilidad y o sus remuneraciones, entre muchas otras. De esta manera, es importante que la nueva Constitución consagre todos los resguardos institucionales necesarios para que los jueces puedan ejercer sus funciones con tranquilidad y con la conciencia de que no recibirán presiones ni represalias cuando fallan conforme al derecho, con el fin de proteger las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a cualquier intención antidemocrática que quiera dilapidar el Estado de Derecho.
Martín Durán
