Las grandes empresas de Estados Unidos empiezan a exigir a sus trabajadores la vacuna contra covid-19, en algunos casos pasando del incentivo a la obligatoriedad en vista del repunte de casos que amenaza con obstaculizar la reapertura.

Agobiadas por el incremento de contagios en el país, donde de nuevo se registran unas 100.000 infecciones diarias, muchas compañías están aplicando normas de vacunación para sus empleados tras el ejemplo de la administración federal junto a otras estatales y locales.

Los empleados públicos y trabajadores sanitarios del estado de Nueva York fueron los primeros en enfrentar requisitos de vacunación contra covid-19 o testeos semanales, y ahora esos mandatos llegan al sector privado, que había evitado durante meses imponer medidas de este tipo.

Con la mitad de la población estadounidense completamente vacunada, sigue habiendo más de 90 millones de personas elegibles que no han recibido ningún pinchazo y el tiempo corre en contra con la propagación de la variante delta, más transmisible.

Más y menos estrictas

Entre las empresas más estrictas está la aerolínea United Airlines, que esta semana dio la orden a su planta de 67.000 trabajadores en EE.UU. de aportar pruebas de inmunización completa a más tardar a fines de octubre, con excepciones por salud o religión.

De forma similar, la procesadora cárnica Tyson Foods, con 120.000 empleados y menos del 50% inmunizados después de meses de esfuerzo, también dijo a sus trabajadores que deben estar vacunados antes del 1 de noviembre como "condición de empleo".

La mayoría de las empresas hasta ahora han sido más flexibles y solo están exigiendo la vacuna a una parte de su plantilla, generalmente los que van a la oficina, optando por los incentivos, desde bonos o días libres.

Por ejemplo, Walmart, que es el mayor empleador de EE.UU. con 1,5 millones de contratados, la exige solo para quienes acuden a sus oficinas corporativas, pero no para los trabajadores de sus locales.

Algunos grandes bancos, entre ellos JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley, exigen la vacuna contra covid-19 como requisito para ir a la oficina, pero tienen diferentes enfoques para quien no lo haga o no quiera divulgar su estatus, desde permitir que entren con mascarilla hasta relegarlos al trabajo remoto.

Riesgo de despido

El riesgo de ser despedido por no vacunarse plantea un debate que ya se trasladó al ámbito legal en algunos casos, el más destacable es la denuncia interpuesta por más de un centenar de trabajadores contra el Houston Methodist Hospital.

El tribunal dio razón al hospital por exigir la vacuna a sus trabajadores, que argumentaban que los antídotos disponibles no cuentan todavía con las autorización completa de los reguladores, sino una de emergencia, y dudaban de su seguridad.

Esa luz verde final podría llegar a principios de septiembre para Pfizer-BioNTech y después para Moderna, las fabricantes de las vacunas más distribuidas, por lo que a partir de entonces más empresas probablemente impongan órdenes a sus trabajadores.

También se están empezando a ver primeras consecuencias de estas políticas de "tolerancia cero", con el despido de tres empleados de la cadena estadounidense CNN, que fueron a la oficina sin tener la vacuna contra covid-19.

Soldados vacunados

En ese contexto, el Pentágono ordenará a sus soldados activos vacunarse contra covid-19 en septiembre, anunció el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, que detalló que el 73% de las fuerzas tiene al menos una dosis de antídoto.

Adelantó que buscará la autorización del presidente, Joe Biden para hacer obligatorias las vacunas en ese plazo, "o de forma inmediata con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), lo que ocurra primero".

351,40 millones de dosis de vacunas contra covid-19 se han aplicado en todo Estados Unidos.

36,6 millones de contagios por covid-19 suma Estados Unidos, con 633.323 fallecidos por el virus.

La policía italiana identificó una red de venta de certificados de covid-19 falsos, con cuatro personas investigadas, dos de ellas menores, por administrar 32 canales de Telegram donde se vendían online los documentos, necesarios para ir a restaurantes, cines o gimnasios. "Miles de usuarios se suscribieron a los canales con absoluta garantía de anonimato", para recibir el certificado falso en tres días laborales, tras pagar 150 a 500 euros (117 a 586 dólares) en criptomonedas o vales de compra en plataformas digitales. Los administradores aseguraban contar con doctores que rellenaban los certificados.

El incendio Dixie, que se propagó rápidamente y se convirtió en el segundo más grande en la historia del estado de California, arrasó con el pequeño pueblo de Greenville, en el condado de Plumas. El lugar, de poco más de 800 habitantes y alrededor de 350 edificaciones, presenta un panorama desolador, similar a lo que ocurrió en Santa Olga, Chile, en 2017.

Dixie, que comenzó el 14 de julio, se ensañó entre el miércoles por la noche y el jueves con Greenville, localidad cuyo origen se remonta a la fiebre del oro de mediados del siglo XIX, llena de historia y placas memorativas, que ahora lucen en algunas estructuras de piedra que lograron sobrevivir a las voraces llamas, que devoraron el poblado, construido principalmente en madera.

La historia de este pequeño pueblo fue consumida entre las 187.000 hectáreas con las que arrasó Dixie en cuatro condados de California: Plumas, Butte, Tehama y Lassen.

Greenville fue el más afectado en toda la zona. Pese a que han pasado varios días desde que el fuego recorrió el pueblo, la visibilidad no supera los 100 metros y en toda la zona llueven cenizas que se han esparcido a zonas a kilómetros de distancia.

Un hotel, una cafetería, la biblioteca pública, la estación de bomberos y de policía, todo reducido a cenizas y escombros, mientras una bandera estadounidense flamea en medio de la ruma de chatarra.

La catástrofe recuerda a lo ocurrido en Chile, en el pueblo de Santa Olga (Región del Maule), donde un voraz incendio consumió 160.000 hectáreas y arrasó con todas las casas.

Pese a que la investigación sobre la causa del incendio Dixie todavía sigue abierta, la principal hipótesis es un fallo en la red eléctrica.

The Washington Post reveló que un juez federal ordenó a PG&E (como se conoce a Pacific Gas & Electric) que explique el papel de la empresa en el inicio del incendio.

Según la documentación entregada a la Comisión Pública de Suministros de California, un operario de PG&E reparaba un incidente en una línea eléctrica en la región cuando vio que los fusibles en mal estado iniciaron un fuego en el bosque.

187.000 hectáreas en el estado de California ha consumido el incendio bautizado como Dixie.