El Gobierno promulgó hace unos días la ley que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, normativa que sustituye a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y la reemplaza por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que reconoce e incorpora todos los avances y desarrollos que se han logrado en función de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en esta última década por el actual sistema nacional de protección civil.

El servicio, que asumirá las obligaciones y derechos de la Onemi, además de nuevas funciones, será descentralizado territorialmente, para coordinar, organizar, planificar y supervisar las actividades relacionadas a la gestión del riesgo de desastres.

La historia de Chile está marcada por terremotos, inundaciones y megaincendios forestales, lo que entrega valiosas lecciones para que el país esté preparado en casos futuros. Se ha aprendido de los errores del pasado. Qué hacer en caso de terremoto, adónde ir y qué implementos tener en el hogar, son preguntas que la mayoría de las personas conoce y que pueden salvar la vida ante una emergencia. Esta convivencia con las catástrofes requiere estrategias de prevención de largo aliento, que hoy convierten a Chile en uno de los mejor preparados para afrontar estas emergencias, como lo ha resaltado la ONU.

Ha de recordarse que el 27 de febrero de 2010 quedaron al desnudo las falencias de coordinación entre organismos y la falta de información fidedigna a la ciudadanía respecto de la catástrofe. Pocos años después, en abril de 2015, Puerto Montt, Puerto Varas y la zona aledaña al volcán Calbuco sufrieron los efectos de una violenta erupción que no arrojó ninguna de las señales previas. De ambas y otras catástrofes se han obtenido importantes lecciones que han ido conformando el corpus de conocimiento que habrá de incorporar el nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el cual estará llamado a enfatizar las políticas de cuidado del país ante este tipo de emergencias que con toda certeza seguirán ocurriendo.

Existe un proyecto de ley de indulto a los presos de la revuelta desde hace más de un año patrocinado por algunos senadores, "perdonando delitos" cometidos en un contexto de graves vulneraciones a los derechos humanos, con una respuesta estatal desproporcionada, detenciones masivas y vulneración de garantías procesales. Ellos señalan que los actos delictivos que se imputan a los eventuales beneficiarios del proyecto, si bien son punibles, parecieran no requerir una respuesta penal, además de que afectan en su mayoría a jóvenes que han vivido en la pobreza o marginalidad social "que han sido históricamente vulnerados en sus derechos humanos".

La Corte Suprema advierte la improcedencia de promover una iniciativa legislativa como ella, ya que no puede ser abordada por un órgano distinto de los tribunales de justicia, atendida la prohibición que pesa sobre aquellas entidades abocadas a causas que se encuentren pendientes.

La iniciativa legal tampoco muestra claridad respecto de qué es lo que se debe acreditar para demostrar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del indulto, circunstancia que resulta especialmente problemática respecto de las personas imputadas. Por otro lado, el proyecto excluye de este indulto expresamente a "las fuerzas de orden y seguridad y a los funcionarios de cualquiera de los organismos y poderes del Estado a la época de la comisión de los hechos".

Si bien la razón es evitar la impunidad de conductas que puedan tacharse de violaciones graves a los derechos humanos, es excesivamente generalizadora, pudiendo tal vez excluir a aquellos que están siendo investigados o hayan sido condenados, ya que la iniciativa tiene la convicción de que una ley de indulto general ayudará a "reconciliar a la sociedad" y contribuirá a la recuperación de la normalidad institucional y el correcto funcionamiento del régimen democrático, situación que a mi parecer no produce ningún cambio sistemático de la sociedad.

Este proyecto es tan ambiguo que no considera la reparación de los daños a los emprendedores, particulares, incendios, saqueos, robos y hasta en algunos casos homicidios. ¿Quién le paga? ¿Quién repara la paz y la tranquilidad, quién repara a las familias afectadas? ¿Ya lo veremos el precio de la revuelta es demasiado caro.

Carlos Bustos, presidente Multigremial