Los municipios se hicieron cargo de las escuelas y liceos públicos de sus jurisdicciones en 1986, como parte de un proceso de descentralización de la administración educacional. Sin embargo, décadas más tarde se instaló el debate sobre devolver los establecimientos al Estado.

En el intertanto, colegios y liceos municipales comenzaron a perder alumnos, que se traspasaron entonces a la educación privada subvencionada. Fue un fenómeno nacional, en el que por una parte influyó el descenso en las tasas de natalidad, pero a la vez, que las familias decidieron emigrar con sus hijos desde la enseñanza municipal a la privada buscando una mejor calidad de la educación, y también para alejarse de la incidencia que tuvieron las paralizaciones, tanto de alumnos como de profesores. Este fenómeno tuvo una fuerte incidencia en el financiamiento del sistema, ya que al existir una menor cantidad de matriculados, los municipios dejaban de recibir recursos. Por ello, financiar este sistema se hizo cada vez más difícil.

Pero lo cierto es que hubo un cambio fundamental en el concepto de quiénes deben administrar la educación, por lo que se inició el proceso de desmunicipalización. Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, señalaba que la transición para que los establecimientos municipalizados volvieran a manos del Estado podía tardar más de cuatro años y que desde que se iniciara este proceso hasta que terminara, tomaría fácilmente dos períodos.

El proceso de desmunicipalización continúa en marcha. Habrá una instalación gradual de los nuevos servicios, que entrarán en funcionamiento en 2023.

En los últimos tres años, se ha realizado el traspaso del 11% de los establecimientos de todo el país, aunque con dificultades. Un informe entregado en marzo por el comité asesor indicó que "hay un periodo de aprendizaje tremendo y llegamos a la conclusión de que los servicios locales necesitan al menos dieciocho meses de trabajo previo antes del traspaso educacional". En consecuencia, se trata de un proceso lento y cuidadoso de desmunicipalización de la educación.

La desigualdad en Chile tiene definición territorial en un modelo de desarrollo que presenta altos niveles de concentración y centralismo, tema a abordar en la discusión de una nueva Constitución. Cuando el desarrollo está afectado por la desigualdad exacerbada y creciente, relacionada fuertemente con la producción económica y la organización del territorio, afecta la vida cotidiana de las personas, agravándose con variables como ruralidad, género y pueblos originarios. Lo evidencian estudios sobre el Índice de Calidad de Vida Urbana, que realiza la Cámara Chilena de la Construcción que establece con parámetros comparativos, que en regiones se presentan menores opciones de acceso a educación, servicios, comercios, condiciones laborales y de conectividad.

La desigualdad territorial se profundiza cuando los servicios públicos funcionan como buzón de demandas que son resueltas en la capital, sin considerar el contexto territorial. Ello se valida por políticas públicas o simplemente por la pasividad del Estado al no dar respuesta oportuna a problemáticas locales, dificultando el desarrollo regional y en definitiva el crecimiento armónico del país. El concepto de cohesión social hace sentido y se materializa en políticas públicas territoriales que favorecen un acceso equitativo de servicios y equipamiento público y privado, y debiera transformarse en la nueva constitución, en un principio de las políticas públicas y una estrategia del país que favorezca el crecimiento y dé solución a los desequilibrios territoriales.

La centralización de los recursos financieros, de infraestructura y capital humano, produce desigualdades difíciles de contrapesar con la capital del país que concentra el 40% de la población, según el Censo de 2017. Las asimetrías territoriales ponen tensiones en el rol universitario, ya que pese a que las universidades regionales nacieron con una misión ligada al desarrollo territorial, lo cierto es que estos fines se ven frustrados por el financiamiento que limita su accionar.

Un desarrollo armónico y equitativo entre regiones requiere de un marco legal que favorezca políticas territoriales descentralizadas, transformando la discusión de una nueva constitución en una oportunidad de colocar en el centro del debate la regionalización, la descentralización política, administrativa y fiscal.

Óscar Garrido, rector Universidad de Los Lagos