Un año de Estado de Catástrofe
Quizás la lección más importante siga siendo que antes que la fiscalización en Los Lagos, se requiere de compromiso ciudadano para mantener el autocuidado. Los 12 meses de Estado de Excepción en la región han dejado como saldo 32.950 detenciones y 11 millones de fiscalizaciones.
Hace poco más de un año, el 18 de marzo de 2020, el país comenzó el largo transitar de restricciones sanitarias impuestas para controlar la propagación del covid-19. Desde esa fecha, en el marco de la entrada en vigencia del Estado de Catástrofe, se ha reducido drásticamente el derecho a desplazamiento y el de reunión de las personas, producto de que la movilidad y la aglomeración de personas constituyen una de los principales causas de transmisión de un virus altamente contagioso que ha causado estragos en los cinco continentes.
A un año del Estado de Excepción Constitucional, los números son una fuerte evidencia de lo que ha significado el covid-19 en el territorio de la Región de Los Lagos. En estos 12 meses, las fuerzas de la Defensa Nacional, en atribución de sus cargos, han detenido a 32.950 personas por infringir el toque de queda o bien poner en riesgo la salud pública (fiestas clandestinas, circular sin permiso, etc.). De ellas, 6.178 fueron presentadas a los tribunales en sus respectivas audiencias de control de detención; 3.949 fueron formalizadas por la Fiscalía y 4.821 fueron requeridas para procedimientos simplificados. Además, se han realizado 11 millones de fiscalizaciones en la vía pública y se han tramitado 2.939 sumarios en las distintas aduanas sanitarias dispuestas en Los Lagos.
A estos números, el jefe de la Defensa en la región, general Cristian Eguía (de la Fuerza Aérea de Chile), ha aportado otra perspectiva, al reconocer que la tarea de control en las calles ha sido difícil por la escasez de recursos para un control territorial tan extenso; mientras que desde el Departamento de Acción Sanitaria se ha admitido que mantener las aduanas sanitarias durante las 24 horas del día era prácticamente insostenible por el desgaste de los funcionarios requeridos.
Ambos reconocimientos vuelven a colocar en el tapete el insustituible compromiso ciudadano que se necesita para reducir la movilidad y mantener las medias de autocuidado. No se debiera necesitar ni un uniformado ni un fiscalizador en cada cuadra para que las personas sepan que este virus aún es mortal y que de cada uno depende evitar el contagio.