Desde el 17 de febrero se encuentra desaparecido, en Lebu, el niño de 3 años de edad Tomás Eduardo Bravo Gutiérrez. Su búsqueda ha centrado la atención mediática nacional deseosa de acompañar y respaldar los esfuerzos de la familia del menor.

Lo sucedido obliga a mirar una realidad bastante dura en Chile. Se calcula que en el país se pierden dos personas diariamente como promedio; el 93% es hallada a las pocas horas, pero el 7% de restante, desaparece. Actualmente hay 16 mil denuncias por presunta desgracia catastradas oficialmente a nivel nacional, de acuerdo a registros de la PDI (pdichile.cl).

La búsqueda de todas las personas en esta condición se extiende mientras existan pistas posibles de seguir. Este proceso es muy duro para las familias, pues al cesar las acciones formales se tiene la sensación de "olvido oficial" respecto de sus casos, aunque la mayoría queda a la espera del surgimiento de nuevos antecedentes.

Para ayudar en estos procesos de largo aliento también hay organizaciones civiles, como la Fundación Kurt Martinson García (en memoria del joven perdido en 2014 en San Pedro de Atacama) y que es una de las principales impulsoras de crear bases unificadas de datos y una fiscalía especializada.

Desde 2019 se encuentra en trámite en el Congreso un proyecto de Ley para generar un Sistema Interconectado de Búsqueda, que permita dar agilidad a las pericias. Además, la norma persigue garantizar igualdad, diligencia, colaboración institucional y uso de tecnologías para cada procedimiento. Junto con ello, prohibirá la divulgación de antecedentes privados sexuales, médicos "o cualquier otra circunstancia que sea irrelevante para el objeto de la búsqueda".

El caso de Tomás Bravo y otras desapariciones evidencian que estas iniciativas necesitan acelerarse, así como también difundir más y mejor las formas de denuncia, que -sobre todo- deben ser rápidas así como generar mecanismos de alerta que existen en otros países desde hace mucho tiempo y que necesitan de tecnología hoy disponible.

Como tantas veces, volvemos una vez más a la situación de terrorismo y violencia que azota la Araucanía, pero ahora, con el mayor sentido de urgencia. ¿Cómo se sentiría usted si a las siete de la mañana, lo despiertan 11 encapuchados armados, y lo obligan a abandonar su hogar, incendiando por completo el esfuerzo de generaciones, con el objetivo de generar terror? Esto pasó, y sin duda, le puede pasar a cualquiera en la llamada zona roja de Chile.

Según la Fiscalía Regional de la Araucanía, los atentados en esa región subieron un 69% en 2020 con respecto al año 2019 pese a la pandemia, sumando 122 casos, y en lo que va del año 2021, se indagan 16 incendios asociados a violencia rural, el doble que el año pasado a esta fecha. Asesinatos, predios usurpados, camiones incendiados, armas de grueso calibre, narcotráfico, robos, barricadas y saqueos, y en medio de todo esto, chilenos tratando de producir alimentos en el marco de una crisis sanitaria sin precedentes.

Lo único que solicitamos y por lo cual trabajamos, es que se cumpla el Estado de Derecho en el sur de Chile, para poder producir y vivir en paz. Sin embargo, vemos que la situación en la Araucanía se encuentra en la actualidad absolutamente fuera de control. El incendio que afectó a la casa familiar de Carolina García, fue una de las últimas gotas que cae en este vaso rebalsado, y ha obligado nuevamente al Gobierno a dar declaraciones, con "supuestos" compromisos concretos.

Así, el presidente Sebastián Piñera, convocará a un gran acuerdo por la Araucanía, junto con buscar que la Ley Antiterrorista sea "más eficaz y más útil que la que hoy tenemos"; una ley que permita combatir "con mayor eficacia el narcotráfico; una ley "para proteger mejor nuestra infraestructura crítica"; sacar adelante la ley Juan Barrios, que endurece las penas de quema de camiones y buses; y una ley de usurpación de predios "para que las sanciones sean acordes a la gravedad de ese delito".

Desde nuestro gremio, demandamos que estas iniciativas no se queden solamente en meras declaraciones o buenas intenciones, sino que se cumplan a la brevedad; y conminamos al Congreso y a nuestros representantes, a responder con la altura que requieren las circunstancias, aprobando urgentemente estas importantes leyes para nuestro país.

Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno