Adiez meses de la llegada de los primeros casos de la pandemia del covid-19 al país, el cansancio y frustración de los equipos de salud en hospitales y clínicas es cada vez más evidente. Convivir a diario con la peor cara del coronavirus en las salas de urgencia y, por añadidura, el temor permanente a contagiarse tanto ellos como su entorno familiar, ha ido provocando una mella en su salud y tranquilidad que debe ser considerada en toda su magnitud por la ciudadanía, en particular por quienes increíblemente, a estas alturas, hacen caso omiso a las reiteradas prevenciones de las autoridades y los expertos para evitar aquellas conductas de riesgo que casi con toda certeza les significará, tarde o temprano, convertirse en un paciente o un caso asintomático.

Tan relevante como el agotamiento físico lo está siendo también la frustración que experimentan médicos, enfermeras y técnicos al comprobar que más allá de los muros de cada centro asistencial, hay personas que no usan mascarilla y no mantienen el distanciamiento social. El contraste debe ser chocante.

Permanecen en turnos agotadores tratando de salvar la vida de los pacientes más graves, con el peligro latente de adquirir el virus y llevárselo, además, a sus familiares, pero cuando salen de los hospitales camino a sus domicilios, se encuentran con vivas postales de familias en plazas o filas sin ningún cuidado por el distanciamiento social.

No obstante, más impactante para ellos debe ser comprobar que hay personas, profesionales reputados, incluso, que dudan de la veracidad de la pandemia. Apelan a rocambolescos planes de dominio mundial de los cuales no hay más evidencia que la propia imaginación y sitios de internet de dudosa procedencia, haciendo caso omiso de los antecedentes duros y serios que entregan médicos y científicos en los medios de comunicación de trayectoria. Este es un peligro real al cual hay que ponerle atención, pues tal como se ha observado a nivel mundial, las mentiras tienen una velocidad de propagación inquietantemente veloz.

El proceso constituyente nos entrega como país una oportunidad de reflexionar la sociedad que queremos y cómo deseamos proyectarla en el tiempo. Evidentemente cada grupo de interés tendrá sus propias aspiraciones, pero no está en discusión que la nueva carta magna debe consagrar derechos básicos desde una mirada social y no económica. El derecho a la educación es irrefutable, el cómo ejercerlo y cómo se involucra el Estado es lo que se debe reflexionar y debatir, siendo la educación pública garantía de este derecho en todos sus niveles.

Desde ese rol público, la educación superior y las universidades estatales deben tener un reconocimiento claro en su papel y misión en favor del desarrollo de las regiones y el país, así como también señalar los compromisos que deben asumir.

El derecho a la educación es reconocido como fundamental de todos los seres humanos y se debe garantizar y proteger; y el derecho a la libertad de enseñanza, que conlleva la elección de los padres de elegir la educación de sus hijos, sólo será posible cuando nuestro sistema educativo cuente con los mismos estándares de calidad. En particular, la educación superior estatal ha permitido la formación de profesionales y el desarrollo de territorios alejados de grandes urbes, es por ello que se debe garantizar su progreso y modernización; y que no se vea afectado por el financiamiento de leyes de presupuesto, sin una mirada de largo plazo que pueda proyectar el desarrollo armónico del país con el apoyo de sus universidades.

Una nueva constitución nos permite poner en el debate la visión de país que queremos y el derecho a la educación, que juega un papel trascendental en esa discusión. La calidad, la equidad y la inclusión en todo el sistema educativo es lo que permitirá a todas las personas un desarrollo en igualdad de oportunidades. El debate previo que ha estado en discusión por una nueva constitución, la recta final de la elección de constituyentes y todo el trabajo de la convención, también es una oportunidad para las universidades estatales de seguir aportando a las transformaciones que requiere el país, con espacios de intercambio de ideas que permitan generar compromisos y consensos sin desconocer la responsabilidad que tienen los ciudadanos de elegir a quienes mejor representen los intereses de toda la sociedad chilena.

Óscar Garrido Álvarez, rector de la Universidad de Los Lagos y vicepresidente de Universidades Estatales