Interponen querella contra el alcalde por clausura de "casinos populares"
ACCIÓN JUDICIAL. Fue presentada en el Juzgado de Garantía por 25 dueños de salas de juego en contra del jefe comunal por los eventuales delitos que habría cometido al decretar el cierre, eliminación del giro de patentes de juegos electrónicos y prohibido su funcionamiento.
Veinticinco dueños de salas de juego o también conocidos como "casinos populares" presentaron el miércoles 14 de enero una querella criminal contra el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, a raíz del decreto de cierre, eliminación del giro de patentes municipal de juegos electrónicos y prohibición de su funcionamiento, que significó la clausura de 48 locales de este tipo que operaban en la ciudad.
La acción legal presentada el miércoles 13 de enero en el Juzgado de Garantía de Osorno se interpone por tres delitos tipificados en los artículos 177 del Código Procesal Penal, 228 y 212 del Código Penal, que establecen omisión de efectuar denuncia, prevaricación administrativa y falso testimonio o perjurio respectivamente, los que eventualmente habría cometido el jefe comunal, por lo cual los denunciantes solicitan al tribunal local derive los antecedentes al Ministerio Público para que realice la investigación, determine la participación y aplique las sanciones correspondientes.
Así lo explicó el abogado Ernesto Núñez, representante de los empresarios de las salas de juego clausuradas en la comuna, quien sostuvo que "creemos que lo que hubo por parte del alcalde (Jaime Bertín) es un ejercicio doloso, es decir, cuando tú reaccionas de forma prepotente y sin tener las herramientas necesarias y con el sólo objeto de perjudicar a las personas y sus fuentes de empleo".
La Municipalidad de Osorno inició el martes 12 de enero la clausura de las 48 salas de juego o "casinos populares" emplazados en la comuna, por no tener las autorizaciones correspondientes para operar. Esta medida fue tomada por la casa edilicia liderada por el alcalde Bertín para cumplir a lo instruido por la Contraloría General de la República de solicitar, al momento de renovar la patente municipal de este tipo de recintos, un informe de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), en el que conste que las máquinas no son de azar sino de destreza y habilidad.
Este documento no fue presentado por ninguno de los dueños de las salas de juego populares, quienes -según explicaron desde la municipalidad- habían sido informados individualmente el primer semestre del 2020 mediante oficios escritos para que presentaran el respectivo informe de la SCJ y poder renovar así su patente.
Querella
El abogado demandante precisó que la acción busca actuar legalmente contra la resolución tomada por la Municipalidad de Osorno de eliminar el giro de patente municipal de juegos electrónicos, cerrar y prohibir el funcionamiento de las salas de juego.
"Creemos que es muy dolosa, ya que en el fondo busca reaccionar de algo que efectivamente la municipalidad tiene plena claridad que no hay, como es el juego ilegal, porque de otra forma hace años que hubieran presentado una querella como en el resto del país ha ocurrido. Pero finalmente, el alcalde se deja llevar por una actuación prejuiciosa pensando que existe un delito, pero ignora o pretende ignorar como una especie de patrón de fundo que existen tribunales, temas administrativos que se deben agotar y que en el fondo son legítimos en este país para zanjar cualquier discusión", dijo el profesional que representa a los empresarios.
Municipio
El asesor jurídico municipal, Hardy Vásquez, precisó que "hasta el día de hoy (jueves) el municipio no ha tomado conocimiento de manera oficial que exista alguna acción judicial en contra del municipio o en contra del alcalde Jaime Bertín, llámese querella criminal, acción por ilegalidad, recurso de protección u otro tipo de acción. Por lo tanto, hoy día lo único que existe son los decretos de clausura que han sido aplicados a este tipo de locales que ejercen esta actividad y sin tener otra información al respecto no vamos a opinar eventualmente sobre supuestas acciones que desconocemos y lo haremos cuando lleguen a nuestro conocimiento por la vía formal y oficial".
Agregó que ante las resoluciones municipales que afectan a terceros, éstos se encuentran en absoluta libertad de ejercer las acciones que estimen pertinentes, ya que estamos en un Estado de derecho y quienes se sienten afectados pueden recurrir a las instancias que la Constitución y las leyes otorgan.
"Tenemos la seguridad y certeza absoluta que como municipalidad, y principalmente el alcalde Bertín, quien toma la decisión final, no se ha cometido ningún tipo de acto ilegal y menos aún algún ilícito que pudiera originar algún tipo de responsabilidad penal. Reiteramos que esto tiene su origen en sendos dictámenes de la Contraloría (2016 y 2019), el cual resumiendo establece que para la renovación de patentes municipales de juegos electrónicos se requiere un certificado de la SCJ que indique que las máquinas de estos locales son de destreza y no de azar (…) al no existir ni haberse presentado la certificación correspondiente, se ha puesto término a este tipo de patentes en toda la ciudad", explicó Vásquez.
Los dictámenes que se refieren fueron en el 2016 cuando la Contraloría instruyó a todas las municipalidades del país la obligación de solicitar a quienes quisieran explotar máquinas de juegos electrónicas, un informe de la SCJ en el que conste que no son de azar sino de habilidad y destreza. Esto fue ratificado en 2019 cuando un nuevo dictamen de la Contraloría ratificó a todos los municipios que la renovación de patentes comerciales para locales que se dedican a la explotación de máquinas electrónicas de juego sólo estaba permitida para máquinas de entretenimiento que no sean susceptibles de ser calificadas como juegos de azar".
La razón de estos pronunciamientos radica en que actualmente, según la Ley 19.995 (que regula el funcionamiento de casinos y juegos), la explotación de máquinas de azar fuera de los casinos regulados no está permitida.
El alcalde Bertín declinó referirse al tema, ya que no tiene conocimiento de la querella.