Combate contra el crimen organizado
Enfrentar las nuevas modalidades delictivas en el país requiere de una rápida adecuación legal. Un proyecto de ley presentado por el Gobierno busca precisamente dotar de mayores herramientas al cuadro normativo que hay en Chile.
Los sucesivos casos de violencia, atentados incendiarios e incluso crímenes que se han registrado en el país, y que en algunos casos se han vinculado a otros delitos como el tráfico de drogas, hacen que sea absolutamente necesario mejorar la estrategia para enfrentar fenómenos de alta complejidad, especialmente por el deterioro que provocan en la calidad de vida de las personas. La operación de grupos de personas que usan armas y se organizan de forma cada vez más sofisticada, causando temor en las comunas más afectadas, es algo que se debe intentar frenar con mayor intensidad. Esto, dado que estas agrupaciones se articulan y generan cadenas de poder, miedo y recursos que no solamente amenazan los territorios donde se ubican, sino las estructuras y organizaciones sociales.
A esto se le denomina "crimen organizado" y no se verifica sólo en asuntos de drogas, sino en influencias, negocios ilícitos, impunidad para operar más allá de la ley, tráfico de personas y comercio de armas, entre otros que corroen las bases de la democracia. Ante la evidencia de estos hechos en Chile, se ha presentado un proyecto de ley que busca dar más herramientas para combatirlos y propone modificar la actual denominación de asociación ilícita, reemplazándolo por dos nuevas figuras: la asociación delictiva y la asociación criminal.
Respecto de la asociación ilícita, incorpora incentivos para facilitar la cooperación con la policía y establece nuevas figuras para la investigación criminal.
"Estamos en un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora con decisión y urgencia", dijo el Presidente Sebastián Piñera al presentar la iniciativa y enfatizar que es preciso dotar de más atribuciones a las entidades que hoy enfrentan el tema. Es de esperar que esta propuesta legislativa tenga acogida y rápido trámite en el Congreso, especialmente, porque hay comunidades que requieren mayores niveles de protección.
Pero es evidente que un abordaje integral de estas problemáticas no resultará por sí solo suficiente para enfrentar estos delitos. Se debe trabajar también en materia preventiva y fortalecer los programas sociales que permitan una intervención temprana y eficiente en los entornos familiares y comunidades.