Administración regional
Según establece la Ley 21.073, será el gobernador regional el que tendrá a su cargo la formulación de políticas de desarrollo de la Región. Faltan poco menos de cuatro de meses para que se elija popularmente a la máxima autoridad regional.
A cuatro meses de la primera elección democrática directa de las máximas autoridades regionales por parte de la ciudadanía chilena -postergada para abril de 2021- es indudable que se está frente a un avance muy significativo en un proceso cuyo éxito dependerá en buena parte de la calidad de quien sea elegido en el marco del proceso de expresión ciudadana. Por lo pronto, se sabe que se tratará de una autoridad que tendrá una mayor validación regional, que ya no dependerá solo de la nominación y confianza de la autoridad central, sino que deberá responder directamente a la apuesta que realicen los electores de cada región.
Según lo establece la Ley 21.073, será el gobernador regional el que -entre otras funciones- tendrá a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo de la región, así como los instrumentos que las aterrizan, además del presupuesto regional. Junto con ello, le corresponderá también la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependen o se relacionan con el Gobierno Regional.
La figura del gobernador regional será clave en la alineación del camino que se trace la propia Región en materia de su desarrollo, con las prioridades que se soliciten establecer con miras a que toda la inversión pública sea coherente con esos principios específicos establecidos en cada territorio.
De esta forma, la figura del gobernador regional deberá apelar de forma muy intensa a una buena coordinación multinivel -desde los municipios hasta el Gobierno central y, por supuesto pasando por el propio Gobierno Regional- así como a una creciente capacidad de fomentar la articulación público-privada en la definición de un verdadero "proyecto regional", que represente, convoque e interprete los intereses y aspiraciones locales.
Tan importante como propender a un mayor poder de decisión regional, es necesario considerar la preparación que se requiere para contar con un sistema de administración regional cada vez más robusto, que sea capaz de detectar y frenar tempranamente aquellos vicios que pueden asociarse a procesos de desconcentración del poder y de los recursos del Estado nacional.