El Presidente Sebastián Piñera firmó ayer el proyecto de ley contra el crimen organizado, que cambia el concepto de asociación ilícita por el de asociación delictiva y asociación criminal, estableciendo penas diferentes para cada uno, sumado a la delación compensada por parte de los detenidos.

La iniciativa presentada ayer "modifica el delito de asociación ilícita que está en nuestro Código Penal desde el año 1874, y lo reemplaza por dos nuevas figuras: la asociación delictiva y la asociación criminal", detalló el Mandatario.

Luego Piñera explicó que "la asociación delictiva va a sancionar a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer simples delitos, con penas de privación de libertad que van hasta los 5 años" de cárcel, y "la asociación criminal va a sancionar a quienes formen parte de una asociación delictiva para cometer crímenes, con penas de privación de libertad que llegan hasta los 10 años".

"Para determinar la existencia de estos delitos, el tribunal tendrá que considerar la cantidad de miembros que tiene una organización, la magnitud de sus recursos y medios, la capacidad de planificación, la acción sostenida en el tiempo", detalló el Presidente.

Para llegar estas conclusiones, la iniciativa "incorpora un conjunto de técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, infiltración de bandas, e interferencia de comunicaciones telefónicas", dijo Piñera, destacando que "siempre para esto se requiere la autorización previa de un juez de garantía, para cautelar los derechos fundamentales de las personas".

La iniciativa, asimismo, "establece incentivos para que los miembros de una organización criminal la denuncien ante las autoridades, facilitando la investigación y obteniendo así una reducción y atenuante de su pena. De esta forma vamos a tener mayor capacidad para identificar y desbaratar estas bandas", señaló el Presidente junto a los ministros de Interior, Rodrigo Delgado, y de Justicia, Hernán Larraín, acompañados por los subsecretarios de Interior, Juan Francisco Galli, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

"punto de inflexión"

Piñera afirmó durante la presentación que "estamos un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora, con decisión y urgencia, porque mañana puede ser demasiado tarde", porque "la delincuencia ha evolucionado en nuestro país, desde delincuentes normalmente individuales y con poca organización, hacia bandas delictuales con altos niveles de organización y planificación, con abundancia de recursos financieros y tecnológicos, con armamento de grueso calibre y alto poder de fuego, y con capacidad para causar un grave daño a nuestra sociedad".

La legislación vigente sobre "asociación ilícita data del año 1874, y está totalmente obsoleta y ha demostrado ser muy ineficaz. Y desgraciadamente, la combinación entre las drogas, las armas, la corrupción y la violencia, en cuya raíz se encuentra el crimen organizado, también está amenazando con penetrar a nuestras policías, instituciones y poderes del Estado", concluyó el Mandatario.

"Incorpora agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, infiltración de bandas, e interferencia de comunicaciones. La iniciativa establece incentivos para que los miembros de una organización criminal la denuncien ante las autoridades.

El diputado DC y presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara Baja, Matías Walker, criticó ayer "la dispersión legislativa del Gobierno" tras la presentación del proyecto legislativo que busca una nueva tipificación del crimen organizado, junto con elevar las sanciones e incorporar nuevos métodos de investigación.

"Nosotros llevamos meses votando en la Comisión de Constitución el proyecto que establece nuevas herramientas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Hemos aprobado importantes normas como aquellas que permiten el decomiso de bienes, de venta temprana, de bienes muebles e inmuebles decomisados al narcotráfico", dijo Walker a radio Cooperativa.

En este contexto, "sí nos gustaría una presencia mucho más activa del ministro del Interior y de Seguridad Pública (Rodrigo Delgado) en el trámite de este proyecto", solicitó el legislador una vez conocida la iniciativa del Ejecutivo frente al crimen organizado.

En paralelo, el titular de Interior declaró que "las bandas han ido aumentando sus recursos en el tiempo, obteniendo recursos financieros y humanos en gran escala en el último tiempo, mejorando sus comunicaciones, sus redes, y muchas veces tienen equipos jurídicos que les van diciendo cómo poder actuar de una manera mucho más impune".

"Por lo tanto, es hora de que el Estado también se ponga a la altura de poder generar herramientas que estén a la altura de los nuevos tiempos, para perseguir a esas bandas criminales o delictuales. Por eso la importancia de este proyecto, porque va a dotar al Estado de más y mejores herramientas para poder perseguirlos. Entonces, valorar este proyecto y pedir que transversalmente podamos apoyarlo y se pueda discutir con altura de miras para tener en el corto plazo una herramienta más de gestión", sostuvo Delgado.

Armas a policías

En la misma línea, el diputado UDI Álvaro Carter está impulsando una "agenda antinarco" junto a otros legisladores oficialistas y ayer anunció que presentará un proyecto para permitir el uso de subametralladoras UZI a las policías.

"No puede ser que cuando deben entrar a diversas poblaciones de Chile para enfrentarse con los delincuentes y narcos, (los uniformados) estén en una completa desventaja en materia de armas", señaló el legislador.

"Muchas veces personal de Carabineros y la PDI porta unas simples pistolas versus armamento de guerra que utilizan los narcotraficantes. Por ello, buscaremos que a lo menos puedan utilizar subametralladoras UZI, que es un arma de combate urbano para que se puedan defender de los ataques", agregó el diputado, junto con pedir a la oposición que "se pongan en el lugar de la gente que sufre con este tipo de situaciones".

Carter, además, solicitó máxima urgencia para el proyecto de ley que sanciona la comercialización y uso de fuegos artificiales, tras los escándalos navideños y otros atribuidos al narcotráfico.