Correo
Linchamiento
Linchamiento se define como una ejecución o ajusticiamiento sin proceso. Según nuestra legislación, nadie está por sobre la ley, según puntos de vista, como se aprecia en la práctica. Los hechos violentos que terminaron con la muerte de un presunto delincuente a causa de un verdadero linchamiento en Puente Alto en días recientes, es un acto ilegal, qué duda cabe, pero hoy en nuestro país claramente corresponde a un retrato con síntomas y consecuencias de una sociedad cansada de la violencia, ingobernabilidad, irrespeto, erróneo y nefasto empoderamiento, abusos, eslóganes y otros tantos calificativos que podrían señalarse, pero en suma y fondo, una democracia y regímenes político-administrativos que fracasan.
También se dice que el Estado se querellará contra los presuntos responsables de estos desafortunados hechos: vergüenza, por cierto, en el fondo, el ladrón (el Estado) detrás del juez (la sociedad). Hoy más que nunca muchos se hacen la pregunta fundamental de ¿por qué nuestro Estado no actúa con la máxima responsabilidad frente a su sociedad (no a organismos foráneos o de cualquier índole que la debilite), protegiendo a sus miembros?, ¿cuál es su mea culpa?. Ahora cabe también que los acusados demanden al Estado por notable abandono de funciones, es decir, garantizar a cada individuo su derecho a la seguridad consagrado en la Constitución, el cual dudosamente se cumple; y si lo ocurrido fue por el robo de un celular o un auto, da igual, pues es el sistema que elegimos o como lo operamos y sus conductores los verdaderos responsables de este fracaso.
José Manuel Caerols Silva
Maltrato a personas mayores
Recientemente se conmemoró el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y uno de los fenómenos complejos en este escenario es la violencia sufrida por personas mayores, situación que se ha visibilizado aún más en tiempos de pandemia. Según estudios, las víctimas de este flagelo son primordialmente mujeres, con dependencia y socialmente aisladas.
El rápido y creciente aumento de personas mayores, en especial de 65 años o más, ha despertado atención y preocupación por el maltrato del que son objeto, mayoritariamente de su núcleo familiar. Esto se traduce en maltrato físico, sicológico, abuso sexual, abuso patrimonial (referido al mal uso, explotación o apropiación de los bienes por parte de terceros, sin consentimiento o con consentimiento viciado, fraude o estafa, engaño o robo de su dinero o patrimonio), negligencia y abandono, pero también existe el maltrato estructural o societario, aquel que ocurre desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, culturales y económicas que actúan como trasfondo de todas las otras formas de maltrato existente.
Uno de los tantos aspectos que contribuyen a estas conductas de maltrato son las actitudes y estereotipos negativos hacia las personas mayores que permiten, en cierta forma, que se les deshumanice. Algunas de las ideas sobre este grupo etario mencionan que con la edad pierden poder y control sobre sus vidas, así como la percepción de que se vuelven frágiles, débiles y dependientes.
Nuestro país, en el año 2017, ratifica y promulga la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde adquiere las obligaciones establecidas en este documento y asume como Estado, en sus políticas, planes y programas, el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, identificando y dando mayor visibilidad a los problemas que los afectan.
En este sentido, como sociedad debemos hacer nuestras estas obligaciones y, tal como se señala en ella, contribuir a cambiar la vida de las personas mayores, porque eso permite que puedan vivir una vida digna; ayudar a cambiar la imagen, para que sean vistas como personas con conocimiento, poder y experiencia, no sólo destinatarias de la beneficencia; proporcionarles la protección necesaria y jurídicamente vinculante de los derechos de las personas de edad, en el ámbito nacional e internacional; establecer sus derechos, así como las normas mínimas y acciones necesarias para protegerlos; y hacer visibles las responsabilidades de los Estados y otros actores para con ellos.
Sandra Acuña, académica Escuela Trabajo Social, U. de Las Américas
Brigada medioambiental
La creación de una brigada vecinal para fiscalizar el cuidado del medio ambiente en Osorno es una iniciativa digna de destacar e imitar. Es un avance grande en la conciencia ciudadana acerca de la protección y resguardo de nuestro entorno natural, tan privilegiado en Osorno, con dos ríos que cruzan la ciudad. Son hechos que reconfortan y inspiran a seguir su ejemplo. Felicitaciones.
Miguel Bernales