Desprotección de emprendedores
Encuesta del INE y el Ministerio de Economía reveló el alto nivel de informalidad y falta de capacitación en el microemprendimiento. El estudio fue aplicado en 2019, por lo tanto no considera el actual escenario de pandemia. Eso hace suponer un aumento de la informalidad.
Un alto nivel de informalidad y una significativa falta de capacitación reveló la sexta versión de la Encuesta de Microemprendimiento (EME) 2019, instrumento desarrollado por el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para caracterizar el contexto en que se desempeña este tipo de labores en el país. Los resultados, sin duda, resultan preocupantes y deberían estar en el foco de la preocupación especialmente en el periodo de reactivación que deberíamos enfrentar en los próximos meses.
La encuesta muestra un complejo escenario local, ya que la mayoría de personas dedicadas a estas actividades no cotiza en salud ni ahorra para futuras pensiones. Estos datos revelan la precariedad de no contar con un sistema de salud adecuado en el presente y -por supuesto- pone una importante interrogante de cómo se solventará la mantención de esas personas cuando sean adultos mayores.
Otro de los aspectos que expuso la encuesta es el bajo nivel de capacitación para llevar adelante los microemprendimientos, algo que evidentemente puede explicar malos resultados en el desempeño económico de las iniciativas. En efecto, según señala el informe, sólo el 27,5% de los encuestados dijo haberse capacitado en algún momento para la actividad económica que desarrolla. Las razones, apuntaron, tienen que ver fundamentalmente con la falta de interés y el no saber dónde acudir.
Se debe recalcar que la encuesta fue aplicada durante 2019 y, por consiguiente, no considera los efectos que han tenido la crisis de octubre y la posterior llegada de la pandemia, fenómenos que hacen suponer un aumento de la informalidad, debido a las urgencias económicas.
Frente a este escenario es indudable que hay una tarea pendiente en materia de impulso de políticas públicas que permitan el desarrollo de microemprendimientos con un mayor nivel de protección social en nuestro país.