Redacción

El Gobierno insistió en que los niños empiecen a volver a clases presenciales, de manera que pueda hacerse efectivo al mismo tiempo el regreso de los padres al trabajo luego del anunciado plan de subsidios al empleo que se lanzó el domingo y que espera recuperar un millón de puestos.

Luego de indicar "la necesidad es abrir los jardines (infantiles), pero con resguardos", ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo en radio Agricultura que "la vuelta al trabajo para un hogar no se retoma si usted a los chicos los tiene en la casa y no tiene con quién dejarlos. Eso es válido para un infante y también para uno que está en educación primaria".

Briones recalcó "la necesidad de que vayamos viendo cómo abrimos los jardines infantiles y escuelas, porque eso es condición necesaria para ir retomando una cierta normalidad (...) Hemos olvidado, y es importante que esté arriba de la mesa, pensar en el daño permanente que les estamos haciendo a esos niños", debido al eventual impacto de no tener clases presenciales en las posibilidades de movilidad social.

Voluntariedad

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se sumó al llamado de Briones para retomar las clases. "Tenemos que avanzar en ir buscando los mecanismos para que los colegios, con toda la seguridad, con toda la protección, sin exponer a los niños ni a las comunidades educativas, puedan volver, porque efectivamente mientras haya menores (en las casas), es muy difícil que puedan tener una reincorporación", planteó la secretaria de Estado.

También el ministro vocero, Jaime Bellolio, abordó el tema. "La clase en sí misma, el trabajo de aula, es insustituible, especialmente para aquellos que tienen alguna dificultad más grande y, por tanto, pretender intentar que ni siquiera podamos volver a clases presenciales manteniendo la seguridad sanitaria, que sea voluntario tanto para el colegio como para los apoderados, me parece que es un error, porque se le hace daño a los estudiantes más vulnerables", afirmó.

Magisterio y defensoría

"Los ministros de Hacienda y del Trabajo reconocieron que el motivo verdadero por el que quieren forzar un retorno a clases es económico. Pero la gente, por sentido común, se da cuenta de que hoy no están las condiciones para un retorno a clases presenciales", criticó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

La Defensoría de la Niñez, en tanto, dijo que "otorga su apoyo" al plan del Ministerio de Educación que contiene orientaciones para la reapertura de establecimientos educacionales en los pasos 3 y 4, "siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones".

Abogados de la Defensoría Penal Pública, a nombre del secretario general del Senado, Raúl Guzmán, presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la formalización que solicitó el Ministerio Público por una presunta infracción sanitaria, motivada por el almuerzo que compartió en junio con otras dos personas en San Miguel, entonces en cuarentena.

La entidad apunta a una inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en contra del artículo 318 del Código Penal, el "exige algo más que la mera infracción a las reglas sanitarias", según argumentaron. Asimismo, se pide que se suspenda la audiencia fijada para el 19 de noviembre hasta que no se resuelva la petición hecha ayer.

Se sostiene que la eventual sanción por "infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad", no hace más que "reconducir el núcleo esencial de la norma penal a cuerpos normativos de rango inferior, en el caso concreto, meras resoluciones exentas dictadas por el Ministerio de Salud". Se agrega que "la doctrina nacional ya ha comenzado a cuestionar la constitucionalidad de la norma impugnada" y que "la sola profusión de prohibiciones y obligaciones de tan distinta naturaleza demuestra que no se trata de un complemento de una conducta básica contenida en la ley".

Plantearon que "el artículo 318 es absolutamente incompatible con el principio de legalidad" y que al aplicarlo y complementarlo con resoluciones del Minsal, se entrega a la autoridad administrativa "la facultad de crear un abanico infinito de conductas que pueden constituir delito" y establecer estos "por zonas", "abriendo la posibilidad de que conductas que fueron delito en un momento dejen de serlo por unos días y luego vuelvan a convertirse en delito". Esto, argumentaron, provoca "incerteza absoluta para el ciudadano".

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, llamó a alcanzar un acuerdo a la brevedad en torno a la reforma del sistema previsional.

Ayer, la discusión de este proyecto fue retomada por la comisión de Trabajo del Senado. En la antesala, la secretaria de Estado se refirió al tema en entrevista con radio Pauta.

"Más allá de las distintas posturas que están sobre la mesa, tenemos que entender que el sistema de pensiones de nuestro país necesita urgentemente un cambio y necesita urgentemente que nos pongamos de acuerdo. No podemos seguir con el sistema previsional tal como está. Porque es un hecho que el 10% (de cotización) no alcanza para financiar una pensión, es un hecho que estamos viviendo cada vez más y ha aumentado nuestra expectativa de vida, es un hecho que cada vez más tenemos historias laborales que son menos continuas y con una mayor cantidad de 'lagunas', es un hecho que estamos viviendo una crisis" que impactará en las remuneraciones y, por ende, en las pensiones, dijo Zaldívar.

"El sistema previsional necesita modificarse, por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo todos para que, a pesar de estas diferencias, nos pongamos de acuerdo", recalcó.

Cuenta individual

Zaldívar apuntó, asimismo, que la discusión debe también estar inspirada por "otros elementos", como los que -indicó- muestra la encuesta Cadem: "Una enorme mayoría quiere que (la cotización) vaya a su cuenta individual y cada vez son menos los chilenos que quieren que todo (lo que se adicione en la reforma) vaya a un fondo común".

El último sondeo de Cadem sobre el destino del 6% extra de cotizaciones al trabajador y que será pagado por el empleador si prospera la reforma, arrojó que el 51% cree que deberían ir totalmente a la cuenta personal, el 12% estima que deberían ir a un fondo común solidario y el 33% prefiere dividirlo entre la cuenta personal y un fondo común solidario.

Hoy comenzó la tercera versión de Expo Chile Agrícola del Ministerio de Agricultura, el mayor punto de encuentro y capacitación del sector silvoagropecuario. La actividad, inaugurada por el ministro Antonio Walker, se realizará hoy y mañana de forma gratuita en www.expochileagricola.cl.

El evento reúne a los 12 servicios que dependen de la cartera e instituciones ligadas al agro, como organismos públicos, universidades y empresas del sector. Habrá 130 actividades entre seminarios, talleres y charlas de capacitación técnica en cinco temas: agua, agricultura sustentable, tecnología e innovación, desarrollo rural y asociatividad. Incluye una red de apoyo y financiamiento para emprendedores agrícolas y la participación de seis países.

En condiciones de ser votada por la Sala del Senado quedó la propuesta -hecha por el presidente Sebastián Piñera- de Adelita Ravanales, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, como nueva integrante de la Corte Suprema en lugar de Hugo Dolmestch.

Ayer, la comisión de Constitución de la Cámara Alta escuchó a la magistrada en audiencia telemática, tras lo cual respaldó unánimemente la proposición. Ahora la Sala debe pronunciarse: se necesitan los votos de 2/3 de los senadores en ejercicio, es decir, 29 sufragios.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, destacó la trayectoria de Ravanales en regiones y en Santiago, y que, si el Senado vota favorablemente la propuesta, ella será la octava mujer en llegar al máximo tribunal.